Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un precedente negativo para los futuros desarrollos y obras que tienen que ver con el medio ambiente, al avalar el Acueducto Independencia, una obra que fue construida y opera de forma ilegal, dijo Andrea Ulisse Cerami, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

El miércoles, la SCJN resolvió sobre dos controversias que interpusieron los municipios de Cajeme y San Ignacio Río Muerto en Sonora, en torno a la operación de la obra más importante del gobierno del panista Guillermo Padrés Elías.

La Corte ordenó reponer el procedimiento de impacto ambiental y pasó por alto solicitar la cantidad de agua que se está extrayendo y la que se está quedando en la cuenca del río Yaqui.

“La decisión de la Corte es aberrante. No se puede dejar una obra sin Manifestación de Impacto Ambiental [MIA]. Nadie sabe cuánta agua se está extrayendo, nadie, no han hecho cuentas. La Corte no sólo da una mala impresión al sector ambiental, sino que envía una clara directiva jurídica de que se puede violar el Estado de Derecho en México”, dijo el activista.

De acuerdo con Ulisse Cerami, el acueducto obtiene agua de la cuenca del río Yaqui para llevarla a la cuenca del río Sonora desde marzo de 2013 aproximadamente.

La obra, que tiene un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.

Las autoridades no realizaron un estudio sobre el caudal ecológico que indique la cantidad de agua que se puede extraer dependiendo de los escurrimientos y la disponibilidad de agua.

No se realizó la MIA y tampoco se tomó en cuenta el derecho a la consulta de la Tribu Yaqui, tal como lo marca la Carta Magna.

Aún así, la Suprema Corte pasó por alto las controversias de los dos municipios más afectados por la extracción del agua.

“Con esto la Corte no resuelve la situación de los dos municipios y va a continuar la batalla y lucha jurídica. La Corte pudo redimir el conflicto jurídico y llegar al fondo del asunto, pero no lo hace y deja al gobierno federal el papel de decidir de fondo. El gobierno a su vez, toma como base lo que dice la Suprema Corte”, dijo.

Con la resolución emitida antier, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debe solicitar en un plazo de 30 días reponer el procedimiento de impacto ambiental al gobierno de Sonora.

“Nosotros quisiéramos que el acueducto se cierre, porque está ilegal, pero es claro que el Estado no tiene voluntad de hacerlo. El estudio sobre el conteo del agua que se está extrayendo fue solicitado infinidad de veces a la Semarnat, que es el responsable de pedir apoyo a instancias como la Conagua [Comisión Nacional del Agua]”, explicó.

Cerami agregó que aún está pendiente el proceso de consulta a la Tribu Yaqui que la misma SCJN ordenó el 8 de mayo de 2013 a la Semarnat.

Sin embargo, desde julio del año pasado la consulta se encuentra detenida, debido a que la dependencia no ha entregado la información solicitada dentro de la etapa informativa, por lo que la sentencia a casi dos años, no se cumplió.

El abogado indicó que entre los pendientes alrededor del tema del Acueducto Independencia, está también la libertad de los dos voceros yaquis encarcelados desde el año pasado: Mario Luna y Fernando Jiménez.

La detención de ambos líderes yaquis está plagada de irregularidades, una de ellas, en el caso de Mario Luna, estriba en que el vocero fue detenido sin que constara que estuvo en el lugar de los hechos de los que se le acusan, de acuerdo con su auto de formal prisión.

AGRICULTORES ACUSAN REPRESIÓN

En el conflicto por el agua en Sonora no sólo los yaquis son perseguidos y encarcelados, como el caso de los dos voceros de la tribu. La represión también afecta a los agricultores, ganaderos y a la población en general del sur de la entidad, acusó Humberto Borbón Valencia, director del Instituto de Riego Obregón.

Borbón Valencia indicó que desde 2010 se suspendió el Registro Público de la Propiedad para los usuarios de riego.

“Desde ese año no pueden registrar nada los productores del sur de Sonora, porque no te tenemos ese servicio”, aseguró.

El directivo afirmó que en materia de seguridad, los municipios sureños también están abandonados.

“La policía estatal tiene suspendidas todas las acciones en la región, no atienden casos de inseguridad”, afirmó.
En julio del año pasado, cuando aún estaba libre, el líder yaqui Mario Luna aseguró que el gobierno de Padrés Elías es el autor de una campaña de odio en contra de la tribu yaqui y de los opositores al Acueducto Independencia, que confronta a la población de Hermosillo con los indígenas del sur del estado.

“Es una campaña que los operadores políticos del gobierno del PAN [Partido Acción Nacional] lleva a cabo con la gente. Han dicho que los que nos oponemos al Acueducto, somos mentes criminales y perversas. Los yaquis ya no podemos transitar seguros por el estado, la gente en los medios de comunicación escribe cosas racistas, que nos van a matar”, dijo.

De acuerdo con Mario Luna la persecución del gobierno de Guillermo Padrés es tal, que retiró becas de estudio a niños y adolescentes de la tribu y los yaquis deben padecer trabas gubernamentales para cualquier trámite.

“Nos tiene totalmente marcados, para todo si eres yaqui, ellos tienen que dar el visto bueno, nos está haciendo la vida muy difícil en Sonora. Está así Padrés, rabioso con nosotros, porque sabe que el yaqui no se vende y que vamos a luchar hasta parar el Acueducto”, reveló.

El activista Alberto Solís Castro, coordinador de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos de Serapaz, confirmó en esa ocasión que había una campaña de odio alentada desde autoridades estatales y municipales en contra de los yaquis y además una violación doble de derechos humanos, contra la tribu, y contra los habitantes de Hermosillo.

“Es lo que nosotros ubicamos como tal, a partir de la declaraciones y manejo que han hecho de sus redes sociales de autoridades del sistema de aguas, del Gobierno del Estado, entendemos que hay alguna participación del gobierno municipal, señalamos abiertamente y ubicamos como una campaña de odio y discriminación que atenta en ese sentido a los derechos humanos y de la tribu, porque lo que hacen es culpabilizar a la tribu y señalarlos como los culpables de las cosas que el gobierno no ha hecho bien: que no cumplió con la consulta, que no hizo bien el acueducto, que no se cumplió con el procedimiento y ha alentado una situación muy grave, es irregular por todos lados”, detalló.

Humberto Borbón indicó que la resolución de la Corte no concluye con el proceso, pues aún esperan resuelvan controversias alrededor de los títulos de asignación.

El director del Instituto de Riego de Obregón explicó que aún se desconoce el efecto a largo plazo que traerá consigo el Acueducto Independencia en la cuenca del río Yaqui.

“Hace 10 años las presas estaban secas en 2004. En Sonora tenemos graves problemas de sequías y el hecho de estar extrayendo esa agua, no sabemos cómo va afectar”, expuso.