Por Rubén Pacheco, especial para SinEmbargo

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo/Pulso).– La arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta una denuncia penal por encubrimiento en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), pero se encuentra congelada, al igual que la acusación por abuso sexual contra el ex sacerdote Eduardo Córdova, dijo Alberto Athié en representación de los denunciantes.

Athié Gallo, ex sacerdote de la Arquidiócesis de México y activista contra la pederastia clerical, criticó la lentitud de las autoridades estatales y federales para investigar el caso del ex cura y apoderado legal de la Arquidiócesis potosina.

Lamentó también la ausencia de una ficha roja en el portal de internet de Interpol, pese a lo anunciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE), lo que dijo denota el manejo mediático de la dependencia para aminorar las críticas.

Agregó que los otros casos de presunto abuso sexual, pederastia y estupro relacionados con sacerdotes en la Capital potosina también se encuentran detenidos.

Explicó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR, no ha sido capaz de consignar la averiguación previa al juez correspondiente, a fin de validar si la información entregada procede, y con ello, imputar al ex sacerdote potosino.

Dijo que según la Fiscalía especializada de la PGR, la iglesia católica potosina ha otorgado toda la información requerida, pese a ello la autoridad investigadora no ha notificado ningún avance y tampoco ha consignado la averiguación previa.

Sobre esa misma denuncia, un grupo de personas colocó el jueves pasado un espectacular donde aparece la imagen del arzobispo, Jesús Carlos Cabrero Romero y el señalado ex apoderado legal, que incluía el mensaje en letras negras “el encubrimiento también es delito”.

Al respecto, el Arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero afirmó que existe “tolerancia cero” contra delitos sexuales cometidos por curas, reiteró que no hay encubrimiento de la Iglesia católica.

En el referido espectacular instalado por un particular, se observaba la imagen del arzobispo Cabrero Romero y la del ex clérigo Eduardo Córdova Bautista, aunado al mensaje antes referido.

Después de oficiar la misa dominical de mediodía, en rueda de prensa con reserva hacia la prensa para no realizar cuestionamientos de alguna índole, el prelado recalcó que la Diócesis de San Luis Potosí hizo lo concerniente para efectuar el proceso canónico contra Eduardo Córdova Bautista, quien terminó con la expulsión del estado clerical.

Señaló que si bien ha colaborado con las autoridades para entregar toda la información requerida, continuarán en la disposición de seguir colaborando en lo necesario.

“La Arquidiócesis no encubrirá a ningún clérigo que se vea involucrado en la comisión de un delito”, aseveró el jerarca de la Iglesia Católica local.

LOS ABUSOS DE CÓRDOVA

Los potosinos no son ajenos a los escándalos de la pederastia clerical, en los últimos diez años se han registrado al menos tres casos semejantes en la zona metropolitana de la capital y en Soledad de Graciano Sánchez, un municipio que colinda con San Luis Potosí y con Villa Hidalgo. Incluso hubo uno en el que la víctima, una joven alumna de un colegio dirigido por la orden salesiana, fue violada y asesinada.

Sin embargo, con toda la gravedad que pudieran revestir los otros casos, el del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de la menos 100 casos de pederastía, tiene una clara diferencia: que aquellos, en menor o mayor medida, generaron confrontación en la sociedad potosina. Hubo sectores que defendieron la inocencia de los religiosos involucrados y se unieron a la Arquidiócesis, aún cuando la evidencia llevó a dos sacerdotes a prisión.

El caso de Córdova Bautista saltó al escrutinio público cuando el ex párroco Alberto Athié Gallo reveló que cientos de familias habían acudido a él para pedirle ayuda, ante la inoperancia y protección por parte de los arzobispos de San Luis y de autoridades estatales.

Athié ha dicho que en el caso de Córdoba Bautista hay una complicidad sistemática de la Iglesia Católica que salpica hasta la Santa Sede, la cual reconoció, “a través de un estudio secreto, la culpabilidad de sacerdote”. Pero lejos de pedirle que se entregue a las autoridades por los delitos cometidos, sólo lo han protegido.

La falta de actuación de la Arquidiócesis de San Luis Potosí generó que el número de víctimas se fuera incrementando.

De acuerdo con varios testimonios, en innumerables ocasiones se le pidió al Arzobispado actuar en el caso. Ninguna petición tuvo un verdadero proceso.

Entre los documentos que recolectan los abogados se encuentran cartas de familiares de las víctimas que exigieron apoyo. Destaca la enviada por una mujer que trabajó a las órdenes de Córdova Bautista de julio de 1999 al 16 de diciembre de 2003. La mujer relata que cuando se dio cuenta que el ex cura abusó de su hermano de 16 años, renunció.

Después escribió una carta al Arzobispado, pero no fue escuchada. Debido a esto, Córdova Bautista siguió cometiendo delitos y violó a un joven de 15 años, el 17 de agosto de 2011. Los hechos constan en el documento emitido por la propia Arquidiócesis y firmado por el Vicario Episcopal Para la Vida Consagrada, Gilberto Amaya Martínez, con fecha del 7 de junio de 2012 bajo el número 26/12.

El arzobispado recibió varias denuncias más de menores violados, como el de una madre de un chico que fungía como sacristán: “El padre Córdova abusó de mi hijo físicamente, moralmente y espiritualmente al grado que cayó en una depresión tan grande que dejó la escuela y su autoestima estaba aniquilada, su personalidad se quebrantó y su fe desapareció”, expuso.

El documento está firmado de recibido por Antonio Torres Herrera, Vicario General de la Arquidiócesis con fecha del 19 de agosto de 2004, quien fue nombrado por el arzobispo Morales Reyes el encargo del caso. Es el mismo sacerdote, que ahora siendo encargado de la catedral de San Luis Potosí ha dicho que desconocía las denuncias contra Córdova Bautista. El pasado 23 de mayo dijo: “para acusar hay que probar”.

Como apoderado legal de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, el ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, ha concentrado poder político con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una ascendente influencia eclesiástica en los altos círculos sociales.

El pasado 19 de mayo, el ex sacerdote Alberto Athié Gallo denunció que Eduardo Córdoba era protegido por la diócesis de San Luis Potosí, así como por el y su esposa Maria Luisa Ramos Segura.

“Es un caso gravísimo de más de 30 años de abusos (se calculan por lo menos 100 víctimas) y que ha sido protegido sistemáticamente por los arzobispos de la diócesis con cargos y nombramientos importantes y también por las autoridades civiles, incluyendo a este Gobernador [Fernando Toranzo Fernández] y a su esposa”, escribió Athié Gallo en su perfil de Facebook.

Ante la presión de víctimas y activistas el mismo mes de mayo El Vaticano anunció la expulsión del cura e incluso el caso llegó hasta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que ofreció asesoría legal y jurídica a las presuntas víctimas, y se pronunció porque se ejerza una investigación a fondo no sólo al sacerdote sino a las instituciones religiosas y civiles que, pese a las denuncias en su contra, permanecieron mudas durante tres décadas.