Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– El problema de México es la corrupción, eso dicen analistas, estudios, encuestas y la realidad. Cuando hablamos de este mal lo ligamos casi siempre a empresarios y políticos pero, ¿será realmente así? ¿O hay un condicionamiento histórico que nos orille a todos los mexicanos sin remedio a entrar en el juego de la aceptación y la reproducción de este vicio?
Esta semana, tres instituciones –el Banco de México (Banxico), el Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO) y la firma PwC en México– presentaron estadísticas que coincidieron en que la corrupción es un lastre que ocasiona enormes costos económicos, políticos y sociales al país, situación sabida por todos los mexicanos desde hace varios años. La mala noticia: este vicio ya alcanzó a la ciudadanía.
Pero, ¿qué es la corrupción? La Real Academia Española la define como el abuso de una posición de poder diseñada para servir a los demás, en busca del provecho propio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los mexicanos nos sentimos honestos. La percepción en nuestros círculos cercanos es baja: el 80 por ciento negamos burlar las normas; sin embargo, el 41 por ciento de los mexicanos admitimos estar dispuestos a saltarnos las trabas porque nuestras leyes son trampas diseñadas para facilitar “mordidas”, y en 2013 se registraron más de 4 millones de actos de pequeña corrupción, ¿quién los cometió?
Los esfuerzos de México para combatir este mal han sido fallidos. Desde 2004 las inversiones y el gasto destinado a combatir estas prácticas han aumentado, sin embargo, las tasas de impunidad siguen siendo inadmisibles: sólo 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados; de 1998 a 2012, se recibieron 444 denuncias por corrupción en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las cuales sólo siete fueron consignadas, de acuerdo con el estudio “México: anatomía de la Corrupción” que presentó el IMCO y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el pasado 20 de mayo.
La investigación refleja la manera de cómo los mexicanos perciben las prácticas de corrupción en el ámbito político, empresarial y comunitario.
A 15 días de que se lleve a cabo la jornada electoral intermedia, en la que se elegirán a nueve gobernadores, así como legisladores y autoridades municipales, los resultados de la investigación son alarmantes: 91 por ciento de la población no confía en los partidos políticos, 83 por ciento no confía en sus legisladores y 80 por ciento tiene recelo en las instituciones del sistema judicial.
“Estos grados de desconfianza son preocupantes ya que están depositados en los organismos que, en teoría, son los pilares de la democracia representativa, sistema con el que sólo el 27 por ciento de la población se siente satisfecho”, planteó el estudio.
La corrupción nos afecta a todos los mexicanos sin excepción, somos producto de la negligencia, la impunidad, la simulación, la aceptación y la reproducción de este mal, dicen analistas.
Los costos: desconfianza, insatisfacción con la democracia, crisis de representación, violencia y pobreza.
El pasado 19 de mayo, la firma Price Waterhouse en México presentó la encuesta Chief Executive Officers (CEO, por sus siglas en inglés) de 2015, donde destacó que 83 por ciento de los empresarios en México sienten amenazados sus negocios por los sobornos, la corrupción y algunos incluso por la impunidad.
La encuesta, que se realiza cada año, reveló que los escándalos de las casas de Grupo Higa, donde se vendieron a tasas y condiciones preferenciales a la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, y al Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, así como la cancelación del tren México-Querétaro que había ganado esa misma firma, en asociación con China Railway Construction Corporation, fueron algunos de los eventos que más influyeron en la percepción de los CEOs.
El problema de la corrupción también alcanzó a la economía mexicana, esta semana Banxico presentó su reporte trimestral, donde informó que sus previsiones para el crecimiento de la economía en 2015 y 2016 se ajustaron a la baja. Para 2015, el intervalo de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) se revisó de uno de 2.5 a 3.5 por ciento a uno de 2.0 a 3.0 por ciento. Para 2016 se modificó el intervalo de uno de entre 2.9 y 3.9 por ciento a uno de entre 2.5 y 3.5 por ciento.
El informe del IMCO reveló que para los empresarios el tema de la corrupción en México “ya es común”. El 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno, esto nos ubica al país por debajo de Rusia. Además, los encuestados respondieron que 75 por ciento de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos. Finalmente, una tercera parte de estos pagos se entregaron a dependencias municipales.
Sin embargo, los CEO’s consideraron más grave la impunidad en la que quedan estos delitos, sólo 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados y siempre los cometidos por mandos inferiores.
Y en más datos. El Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, señaló que el 88 por ciento de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado “mucho” en los últimos dos años.
Casos ligados a la corrupción como las casas que Grupo Higa vendió a Angélica Rivera Hurtado y al Secretario de Hacienda, Videgaray Caso; los audios difundidos el pasado 7 de mayo donde se exhibían acuerdos y favores entre funcionarios de la empresa OHL México y el ex Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, o los alcaldes que admiten haber robado de las arcas del erario, son la prueba fehaciente de que el problema sigue imperando en México, ahora no sólo en políticos y empresarios, también en los ciudadanos.
Por ello, “acabar con la corrupción no es tema de ética pública, sino de sobrevivencia nacional, es más rentable acabar con la corrupción que seguir tolerándola”, subrayó la académica María Amparo Casar Pérez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) al presentar el informe “México: anatomía de la Corrupción”.
