Ciudad de México, 23 de Octubre (SinEmbargo).- Los 15 homicidios registrados en el municipio de Tlatlaya y en el que aparecen como probables responsables elementos del Ejército, no son los únicos asesinatos atribuidos a las fuerzas armadas del Estado mexicano.
De acuerdo con la lista de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2008, integrantes de las diversas fuerzas del gobierno federal, aparecen como partícipes en los crímenes de al menos otras 39 personas asesinadas en los últimos cuatro años, así como en la desaparición de otras 16.
De estos casos, en la muerte de 23 víctimas habrían participado –según las acusaciones de las recomendaciones de la CNDH– elementos del Ejército Mexicano, en la muerte de otras ocho se presume participaron elementos de la Secretaría de la Marina y en otros nueve se atribuye responsabilidad a personal de la Policía Federal. Entre las desapariciones, nueve víctimas podrían haber sido secuestradas por los soldados y otras siete por parte de los marinos.
Entre los casos de homicidio atribuidos a elementos del Ejército mexicano se encuentran los de los alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, registrados el 22 de marzo de 2010, cuando murieron Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes a quien la Sedena presentó en un inicio como probables integrantes de la delincuencia organizada con los que sostuvo un enfrentamiento.
La investigación de la CNDH, sin embargo, encontró que los estudiantes “no portaban armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran miembros de la delincuencia organizada, como de manera inconducente sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional en el informe que rindió ante este Organismo Nacional”.
También, que Mercado Alonso presentó seis heridas producidas por proyectil de arma de fuego, dos de ellas realizadas a corta distancia, mientras que Arredondo Verdugo presentó siete heridas generadas por el mismo tipo de arma. Asimismo, la CNDH se estableció que la posición de los cuerpos de ambas víctimas fue modificada por los militares y que a los dos “se les depositaron armas con el propósito de alterar la escena de los hechos y representar que se trataba de miembros de la delincuencia organizada y no de estudiantes”.
Otro caso de homicidio que ameritó una recomendación de la CNDH fue el registrado el 20 de agosto de 2010 en el ejido Mesa T. Núñez, en el municipio de Madera, Chihuahua, donde tres militares iniciaron una balacera contra tres civiles desarmados que, al ver al personal castrense, salieron corriendo. El hecho dejó a uno de los ciudadanos muerto, mismo que, según la recomendación, fue enterrado de manera ilegal por los tres militares.
Un caso más es el registrado el 24 de septiembre de 2010 en Torreón, Coahuila, cuando, de acuerdo con la recomendación, elementos del Ejército Mexicano ingresaron en un domicilio de aquella localidad y, después de ordenar a los habitantes tirarse al suelo e interrogarlos, empezaron a golpear a un menor de edad con una tabla, con las culatas de las armas y con los puños, causándole la muerte. El reporte agrega que los gritos de las víctimas, los vecinos intentaron prestar auxilio, “pero les fue imposible ya que los elementos castrenses les apuntaron con sus armas y les ordenaron meterse a sus respetivas casas”.
Como estos casos, la CNDH ha documentado indicios de responsabilidad del personal castrense en al menos otros 20 hechos con al menos una víctima cada uno. Sumando las 15 víctimas encontradas en septiembre pasado en Tlatlaya, la cifra de mexicanos asesinados a manos de fuerzas del Estado asciende a 54 desde 2010, o más de una cada mes.
Sobre los hechos registrados el pasado 30 de junio en una bodega del municipio mexiquense de Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional informó ese día en un comunicado que habían sido delincuentes quienes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos.
Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dijo el 1 de julio que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
La versión, sin embargo, fue posteriormente contrastada por la revista Esquire, la cual publicó el testimonio de una mujer que presenció la masacre: “Ellos [los soldados] decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron [de la bodega]. Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. […] Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’.[…] Luego los paraban así en hilera y los mataban. […] Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.
el martes, después de que en un inicio la CNDH había asegurado saber que las víctimas habían caído en un enfrentamiento de casi dos horas –y un día antes de postularse para ser reelecto titula de la dependencia–, Raúl Plascencia, emitió una recomendación y reportó que de los 22 muertos, 12 habrían sido ejecutados por los militares una vez que ya se encontraban rendidas.
“(En Tlatlaya) 22 personas, incluyendo dos adolescentes de 17 años, fueron privados de la vida, siendo el caso que cuatro fueron heridos presumiblemente en medio del intercambio de disparos en un contexto de fuego cruzado”, explicó Plascencia al presentar la recomendación.
“Doce personas fueron presumiblemente privadas de la vida arbitrariamente por personal militar sin estar heridos, incluidos dos adolescentes y, respecto de otras tres víctimas, no se pudo determinar la condición en que fueron privadas de la vida en virtud de que los cuerpos fueron manipulados, lo que hace presumir también que fueron privadas arbitrariamente de la vida”, agregó el funcionario.
