De acuerdo con dicha investigación, el monto de la operación ilícita realizada por Duarte asciende a más de 253 millones de pesos, misma que se realizó mediante la Inmobiliaria Brades. Mientras que en el caso de los Moreira, Reforma señaló que funcionarios y ex funcionarios estatales pertenecen a una red de lavado, misma que protege a Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono” o “El Inge”, identificado como el principal operador financiero del cártel de Los Zetas en Coahuila.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) acusó al Gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte, y a otras ocho personas de presunto lavado de dinero a través de la compraventa de varios terrenos ejidales. Esto de acuerdo a una investigación del diario Reforma.
De acuerdo con dicha investigación, el monto de dicha operación ilícita asciende a más de 253 millones de pesos, misma que se realizó mediante la Inmobiliaria Brades.
Reforma detalló que la compra de los terrenos, los cuales forman parte del ejido en donde se construyó el Campeche Country Club, en el cual Carlos Mouriño Antanes, padre del fallecido Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, forma parte de los inversionistas, se realizó entre 2011 y 2016 con la colaboración de varios prestanombres del Gobernador con licencia.
Asimismo señalo que la acusación, por la que ya se libró una orden de aprehensión en contra del mandatario, se basó en una investigación que la PGR integró en 12 días, así como el testimonio del ex abogado de Duarte, Alfonso Ortega López, quien, de acuerdo con el diario, no participo en la adquisición, específicamente, de estas propiedades.
Por otra parte el mismo diario publicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acusó a funcionarios y ex funcionarios del Gabinete del Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, de pertenecer a una red de lavado, misma que protege a Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono” o “El Inge”, identificado como el principal operador financiero del cártel de Los Zetas en esa entidad.
Reforma refirió que fue una investigación de la SEIDO la cual destapó una serie de relaciones de poder entre Armando Luna Canales, ex Secretario de Gobierno y actual diputado federal del PRI, y a Gerardo Garza Melo, ex titular de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, así como al actual director de Servicios Estatales Aeroportuarios de Coahuila, Luis Gerardo García Martínez, y a Enrique Escamilla Cantú, coordinador administrativo y “El Inge”.
El diario señaló que de acuerdo con testigos “El Mono”, le entregó una maleta con fajos de billetes de 500 pesos al comandante estatal, Héctor Flores, quien se la hizo llegar a Luna “como pago por seguridad”.
Ahí mismo se aseguró que la investigación reveló la manera en que Muñoz Luévano lavaba dinero para Los Zetas a través de la operación de negocios, principalmente de gasolineras ubicadas en Saltillo y Torreón.
Reforma destacó que incluso se permitió que un avión, propiedad de “El Mono”, fuera albergado en el hangar del Gobierno de Coahuila.
“El Mono” fue detenido el pasado 18 de marzo en España por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, por el delito de presunto lavado de dinero e intento de asesinato.
