Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– Familias de estudiantes que fueron asesinados en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, hace casi cinco años buscarán que el Gobierno federal les otorgue una indemnización a través de la Ley General de Víctimas.
Para lograrlo exigirán que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una demanda, informó el representante de los deudos, Gustavo de la Rosa Hickerson.
El abogado declaró que la próxima semana se presentarán ante un agente del Ministerio Público federal para realizar la diligencia y exigir justicia para los padres y viudas de algunos de los 15 masacrados el 30 de enero de 2010.
Además, la familias de estudiantes que fueron asesinados en Villas de Salvárcar emprenderán otra demanda en contra de ex funcionarios locales y estatales porque, permitieron que la delincuencia organizada se apoderara de las corporaciones policiacas, lo que propició la impunidad con la que el comando atacó al grupo de estudiantes que realizaba una fiesta para celebrar un cumpleaños.
“La justicia de los reclamos que se hacen es indiscutible, nadie puede negar que es justo que ellos reclamen que se investigue a todos los implicados y que se les indemnice tal como establece la Ley General de Víctimas, declaró De la Rosa Hickerson.
El litigante señaló que cada núcleo familiar, formado por los deudos de cada víctima, debe recibir como indemnización entre uno y dos millones de pesos.
Añadió que hasta la fecha al menos 10 familias van a firmar esa demanda, ya que otros cuatro no desean hacerlo por razones personales. También estarán incluidos los 10 sobrevivientes del ataque.
La demanda, explicó, es para denunciar primero que el delito que se cometió es de tipo federal porque se comprobó que fue perpetrado por un grupo de delincuencia organizada, hecho que debe ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Rosa Hickerson indicó que las indemnizaciones de 40 mil pesos, que jueces locales impusieron como reparación del daño a los cuatro sentenciados por ese caso, les parecen una burla y un insulto.
El siguiente reclamo es que se investigue a fondo a todos los implicados y que se les reconozca el carácter de ofendidos por un delito federal, y que en ese sentido se aplique en su beneficio la Ley General de Víctimas.
El abogado dijo que ya se solicitó el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la que ejecuta esta ley, para que los considere como víctimas porque hasta ahora no tienen ese estatus.
“Se lo solicitamos también al Consejo, integrado por quienes definen las políticas generales, y personalmente al presidente de la República durante su visita, hablé con él y le entregué la solicitud para que se les incorpore bajo el estatus de atención de víctimas, pero hasta ahorita no hemos tenido respuesta”, mencionó.
Otra situación que estaría planteando De la Rosa Hickerson ante las autoridades federales es que se investigue el fondo del ambiente que hubo entre 2008 y 2012, que fue de profunda corrupción, dijo.
“Sostenemos que lo que pasó en Villas de Salvárcar no hubiera sucedido si antes no se hubiera establecido un sistema de procuración de justicia controlado por la delincuencia; lo mismo pasó en el sistema de seguridad pública”, afirmó.
Agregó que es responsabilidad de todos los gobernadores y todos los presidentes municipales, “básicamente de Patricio Martínez García y José Reyes Baeza Terrazas, además de Gustavo Elizondo, Alfredo Delgado, Héctor Murguía y José Reyes Ferriz”.
“Durante la administración de ellos se logró consolidar ese proceso de corrupción tal, que fueron los delincuentes los que llegaron a controlar las estructuras policiacas”, aseguró. “No las infiltraron, las controlaron, hay que ser muy claros”.
Puso como ejemplo que el director de la Policía Municipal, Saulo Reyes, era narcotraficante, y el comandante del turno nocturno de la Policía Ministerial, Miguel Ángel Loya, quien era jefe de narcotraficantes. “La Policía servíaa al narcotráfico”, afirmó.
Otro elemento que se esgrime es que la autoridad federal tiene una alta responsabilidad debido a que permitió la entrada al país de una gran cantidad de armas, específicamente en el programa “Rápido y Furioso”.
Expresó que no puede entenderse que esa estrategia para meter armas al territorio nacional haya funcionado sin la complicidad de autoridades federales mexicanas.
