Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– En México no existe un diagnóstico oficial de los albergues que resguardan a niñas y niños sin cuidados parentales, lo que impide conocer las condiciones y la situación jurídica en que se encuentran los infantes que viven en ellos, señalaron la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo; la Diputada federal Verónica Juárez Piña, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, y las organizaciones Ririki, Intervención Social y Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia.

Lo que es más: ni siquiera hay certeza sobre la cantidad de albergues que hay en el país, tanto públicos como privados, de acuerdo con la directora de Ririki, Intervención Social, Nashieli Ramírez.

En 2011, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó, por primera vez, un censo de albergues públicos y privados. Según dicho conteo, para entonces había en el país 633 centros asistenciales resguardando a 18 mil 218 niñas y niños.

Del total de albergues registrados entonces, 540 eran privados y 93, públicos; es decir que por cada albergue público que atendía a niñas y niños sin cuidados parentales, había seis albergues privados.

De acuerdo con datos estadísticos de ese censo, proporcionados por el DIF en respuesta a una solicitud de información pública hecha por SinEmbargo (folio 1236000030713), en seis estados sólo existían albergues manejados por particulares. Se trata de Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León y Michoacán. Además, en Jalisco había 103 centros de asistencia privados, lo que superaba diez veces la cantidad de centros públicos, que sumaban diez.

Conforme a los datos entregados por el DIF, en Michoacán operaban 14 albergues privados, en los cuales vivían 275 niños. El pasado 15 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que en un operativo realizado al albergue La Gran Familia, fundado y dirigido por Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, había rescatado a 458 menores de edad, es decir casi el doble de los que hace tres años el DIF contó en los albergues de todo el estado.

A decir de Ramírez, no hay certeza sobre la cantidad de albergues ni de niños albergados que existen en el país. Ella ofrece otros datos: un diagnóstico elaborado en 2007 por el DIF, según el cual había entonces 703 albergues en el país y 29 mil 310 niñas y niños viviendo en ellos. La otra cifra es la que reportó el Instituto Nacional de  Estadística y Geografía (Inegi) en el Censo de Población y Vivienda 2010. La institución contó 657 albergues y 28 mil 107 niñas y niños albergados, refiere Ramírez.

“En ninguno de los casos hay certeza”, sostuvo la directora de Ririki, Intervención Social. Agregó que, según sus estimaciones, la cifra de infantes que viven en albergues actualmente podría ser tres veces superior a la que consignan los registros oficiales.

SinEmbargo buscó al DIF nacional, pero no obtuvo respuesta a la petición de entrevista para conocer las razones por las que no hay un diagnóstico que permita saber el panorama actual de los albergues, públicos y privados, que hay en México.

“Seguimos sin cubrir el artículo específico [artículo 56] de la Ley de Asistencia Social en México que plantea que tendríamos que tener un registro, que tendríamos no nada más que supervisar y avanzar en el seguimiento, sino también tener un registro de dónde están esos niños, qué está pasando con estas instituciones”, señaló Ramírez durante una conferencia de prensa sobre la defensa de menores de edad sin cuidado parental.

La ley a la que Ramírez se refiere plantea la creación de un Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. Asimismo refiere que la inscripción a dicho directorio, así como estar sometido a  supervisión, son requisitos para recibir recursos públicos.

A una década de que dicha ley fue creada, el Directorio (cuya última actualización fue hecha el 31 de marzo pasado), registra apenas 62 instituciones –la mayoría de ellas públicas–, todas del estado de Guerrero. De éstas, sólo siete atienden a niños o niños y adolescentes; una de ellas es el Centro de Rehabilitación para Enfermos Mentales, Cristo de Misericordia, AC, que según su registro atiende a niños y ancianos, pero que en la descripción de su servicio señala que brinda atención a farmacodependientes y alcohólicos.

La directora general de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Margarita Griesbach, enfatizó que un diagnóstico sobre los albergues es relevante para conocer no sólo las condiciones asistenciales en que se encuentran los niños, sino también su situación jurídica.

“Se tiene que saber qué se está haciendo pero no sólo en términos de salud adecuada, atención adecuada, sino en términos de certeza y seguridad jurídica”, dijo.

DF, SIN DIAGNÓSTICO PESE A CASO “CASITAS DEL SUR”

La titular de la CDHDF, quien también participó en la conferencia de prensa, abundó en la importancia de contar con un diagnóstico sobre los albergues que resguardan a menores.

“El Estado no puede estar ausente en la supervisión. Conocer con detalle qué pasa con los niños y las niñas en los albergues, cómo se atienden, cuántos son, cuál es su estado, en dónde se encuentran, con quién y cómo en este tipo de instituciones se está llevando a cabo este tipo de protección que se les da es una forma de iniciar un diagnóstico para revisar los elementos indispensables de una política integral de protección de la infancia”, expresó.

No obstante, reconoció que se desconoce cuántos albergues hay en el Distrito Federal.

Gómez Gallardo dijo que la CDHDF comenzaría a realizar revisiones aleatorias para generar diagnósticos sobre las condiciones de los albergues que hay en la capital del país. Según ella, conocer la cifra exacta de centros de asistencia social que atienden a menores dependería de hacer estos diagnósticos. Sin embargo, señaló que primero se requería implementar la local Ley de Cuidados Alternativos de Niñas, Niños y Adolescentes, norma que fue aprobada en junio pasado.

La presidenta de la CDHDF refirió que dicha ley fue impulsada a partir de la recomendación 4/2009, emitida por el organismo a su cargo, en relación al caso del albergue “Casitas del Sur”, en el que se reportó la desaparición de 15 menores de edad en 2008.

Uno de los puntos de esa recomendación, dirigido al DIF capitalino, fue diseñar una base de datos común que registrara a los menores que ingresaran a albergues o casas de asistencia social, públicos o privados, el seguimiento a su situación jurídica y el acompañamiento de cada caso. Dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación, que no debía exceder los tres meses, es responsabilidad de la CDHDF.

EL CASO “LA GRAN FAMILIA” Y LA NO REPETICIÓN

Hace nueve días salió a la luz el caso del albergue “La Gran Familia”, ubicado en Zamora, Michoacán, y en donde vivían 596 personas –la mayoría de ellos menores de edad– en condiciones deplorables y eran víctimas de maltratos y abusos, según declaró el pasado 16 de julio el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

La conferencia de prensa en la que participaron Ramírez, Griesbach, Gómez Gallardo y Juárez Piña se dio en ese contexto. Al hablar sobre la defensa de los derechos de los menores de edad sin cuidados parentales, las cuatro coincidieron en que el Estado no se ha hecho cargo de atender efectivamente a esta población; que se requiere de coordinación entre instancias públicas, así como recursos, para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los menores sin cuidados parentales.

Asimismo recordaron que las condiciones denunciadas del albergue “La Gran Familia” no son una problemática nueva ni aislada, pues en años recientes se han conocido otros casos similares, como los de “Casitas del Sur” y Villa Margarita, en el Distrito Federal, o el de Villa de las Niñas, en Chalco, Estado de México.

Además, todas consideraron que parte de la discusión respecto al caso de “la Gran Familia” debería ocuparse también de cómo restituir los derechos de los niños y evitar la repetición de estos eventos.

La Diputada Juárez Piña refirió que la Comisión que preside está impulsando la aprobación de una Ley General de Garantías de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, propuesta elaborada durante la actual legislatura.

La legisladora perredista también informó que solicitarán la comparecencia de la titular del DIF nacional, Laura Vargas Carrillo, para que informe sobre por qué los menores del albergue “La Gran Familia” están siendo trasladados y cómo se están tomando las decisiones para definir esos traslados. Al menos 167 menores que vivían en dicho centro han sido trasladados a albergues en otras entidades.