Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– La sentencia de 26 años de cárcel que se dictó la semana pasada en Chihuahua contra del líder religioso de la Iglesia Sendero de Luz de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Manuel Herrera Lerma, por pederastia, es el primer caso en México y un precedente para llevar tras las rejas a otros pederastas que se escudan tras una religión, dijo Irma Villanueva Nájera, coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

El proceso de Herrera Lerma, el pastor que violó sistemáticamente a dos hermanas durante casi 10 años, desde que eran niñas hasta la mayoría de edad en una congregación religiosa en Ciudad Delicias y que fue procesado bajo el nuevo sistema de justicia penal, debe alentar a la resolución de casos como el del ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista en San Luis Potosí, agregó.

“Es la primera sentencia penal para un caso de pederastia de un líder religioso en México y tiene una gran trascedencia. Primero, porque para las víctimas era inimaginable acceder a la justicia, ellas pensaban que era muy complicado, y segundo, es un mensaje a la sociedad y un llamado de que no se debe solapar y proteger a quien incurre en este tipo de delito”, dijo la abogada.

En el caso del pastor de Ciudad Delicias se tiene conocimiento de que violó al menos a 10 niñas de la congregación, aseguró, pero sólo dos se atrevieron a denunciar: un par de hermanas que fueron violadas desde los 11 y 12 años, hasta los 18 y 19 respectivamente.

“Este es un mensaje también para alentar a que las víctimas denuncien, porque en México no hay cifras exactas de cuántos casos de pederastia hay por parte de líderes religiosos, nosotros estuvimos investigando para el caso y no encontramos datos estadísticos, solo casos”, explicó.

La abogada indicó que la violación a un menor de edad se sigue de oficio y es un delito que no prescribe, por lo que fue posible llevar a la cárcel al pederasta de Chihuahua, a pesar de que las víctimas denunciaron al cumplir su mayoría de edad.

Las hermanas de Ciudad Delicias llegaron a la comunidad cuando tenían cinco y seis años edad. Desde ese momento su madre formó parte de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y las niñas iniciaron un proceso de adoctrinamiento religioso donde se les inculcó la sumisión de la mujer al hombre y la obediencia ciega al pastor.

Cuando las niñas tuvieron su primera menstruación, llegó el momento de pasar a la segunda etapa de la catequesis y de formar parte de un “grupo selecto” de niñas denominado las “Siervas del Señor”, en donde el pastor pederasta Herrera Lerma las violó hasta que tuvieron mayoría de edad y salieron de Ciudad Delicias a la capital del estado, Chihuahua.

Ahí ambas mujeres se dieron cuenta de que fueron víctimas de pederastia desde niñas, con la amenaza de que se “irían al infierno” si se quejaban.

“El tribunal sentenció a este pastor, porque se comprobó que manipuló durante años a las niñas y se comprobó que la mamá también es víctima. El líder religioso aprovechó su poder, su posición como pastor para abusar sexualmente de estas mujeres”, dijo Irma Villanueva.

Una de las dos mujeres fue la primera que se atrevió a denunciar después de año y medio de terapia para superar el trauma psicológico y poder interponer una denuncia.

“Ellas llegaron aquí, tuvieron varios intentos de suicidio, porque cuando se dan cuenta de que no estaba bien lo que les estaba pasando, la comunidad y el pastor les retenían diciéndoles que se iban a condenar. Herrera Lerma les decía que se irían al infierno y sufrirían ellas y su familia tormentos terribles. Entonces tardaron año y medio para poder sentirse mejor”, dijo.

Las abogadas prepararon el caso durante los últimos tres meses de 2011 y en enero de 2012 interpusieron las denuncias. Para febrero de ese año el pastor pederasta estaba preso.

“Nosotros trabajamos con mucho cuidado el caso, de tal manera de dar la sorpresa y así evitar que Herrera Lerma sospechara y se fugara. Cuando estuvimos listas todo fue rápido. El nuevo sistema de justicia penal dice que un detenido no puede estar más de dos años en prisión, sin ser sentenciado, así que en julio de este año llegó esa sentencia de 26 años de prisión y el pago de 167 mil pesos a cada una por reparación de daño psicológico”, dijo.

SLP DEBE SEGUIR EL EJEMPLO

La abogada que coordinó la denuncia de las dos jóvenes abusadas sexualmente en Chihuahua, aseguró que el caso debe ser un ejemplo para aplicar la ley al ex sacerdote prófugo Eduardo Córdova Bautista, acusado de abusar de un centenar de niños en San Luis Potosí durante sus 30 años de servicio y que cuenta con una orden de aprehensión.

“Debe ser procesado y sentenciado. El Estado Mexicano tiene la obligación de asegurar que no quede impune,  hay delitos que se persiguen de oficio, porque si no, esto nunca se va a detener”, dijo.

En el caso del pastor de Sendero de Luz, también fue protegido por sus superiores obispos dentro de la jerarquía de su iglesia, sin embargo, pudo llevársele tras las rejas.

“Hemos observado que la iglesia católica, al igual que otras iglesias, ha protegido a los pederastas. No se si sea más difícil llevarlos ante la justicia porque sea más grande, tiene más poder y no hay justicias ejemplares dentro de la iglesia católica hasta ahorita, pero ojalá que se detenga a esta persona y se le asigne una sentencia conforme a los delitos que cometió”, dijo.

El caso de Córdova Bautista saltó al escrutinio público cuando el ex párroco Alberto Athié Gallo reveló que cientos de familias habían acudido a él para pedirle ayuda, ante la inoperancia y protección por parte de los arzobispos de San Luis y de autoridades estatales.

“Lo protegieron dándole cargos. Primero, como apoderado de la Diócesis y, después, como representante de las relaciones Iglesia-Estado en la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Lo protegió este Obispo y también el Arzobispo Luis Morales”, dijo.

En un hecho inédito, un equipo de 15 abogados recaba testimonios de las víctimas para la integración de la denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí (PGJE) para sentar en el banquillo a todos los involucrados: el autor de los crímenes sexuales y quienes le permitieron continuar con su investidura sacerdotal.

En mayo el Vaticano anunció su expulsión y su caso llegó hasta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que ofreció asesoría legal y jurídica a las presuntas víctimas, y se pronunció porque se ejerza una investigación a fondo no sólo al sacerdote sino a las instituciones religiosas y civiles que, pese a las denuncias en su contra, permanecieron mudas durante tres décadas.

Las denuncias que tienen al cura más cerca de ser presentado ante la ley se hicieron más álgidas al conformarse un expediente enviado por los padres de un menor del que el cura abusó sexualmente en 2012. “Se hicieron las entrevistas a los testigos, se integró toda la investigación y se envió a Roma para que allí evaluaran [el caso]”, dijo Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México.

En abril pasado, el Arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero,  había denunciado en entrevista que sí hubo un proceso en El Vaticano por pederastia en contra del ex sacerdote, pero que la institución religiosa no instruyó removerlo. Por otra parte, la CEAV exigió una investigación puntal por las recientes denuncias de abuso sexual y advirtió que el encubrimiento es un delito. Lo último referente al Arzobispado, que durante más de tres décadas supo de las agresiones que Córdova Bautista cometía contra los menores y no hizo nada.

Tampoco el gobierno encabezado por el priista Fernando Toranzo Fernández ni el anterior hicieron nada para someter al presunto pederasta a investigación.

El ex sacerdote llegó a ocupar cargos de alto de rango en la administración clerical y tuvo funciones ciudadanas en el gobierno estatal, donde actualmente es Consejero Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública.

“Esto que sucedió en Chihuahua se dio gracias a que hemos diseñado una serie de estrategias con la finalidad de buscar que no queden en la impunidad. Herrera Lerma seguramente va a promover amparos, como ya lo hizo durante su proceso, pero confiamos en que la sentencia se mantenga. Seguramente van apelar por su edad [tiene 63 años], pero lo que le resta de vida no le alcanzaría para pagar las sentencias que le van a llegar, porque la sentencia que le llegó es por los abusos de junio de 2008 a diciembre de 2010, porque por los años antes de 2007, se está llevando una investigación con el sistema penal tradicional”, explicó Irma Villanueva.