Por David Martínez y Laura Cordero
Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron hoy la ausencia de Estado de derecho en Puebla y demandaron la separación del Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, para que no interfiera en las investigaciones del asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en el enfrentamiento entre policías metropolitanos y habitantes de la localidad de San Bernardino Chalchihuapan, el pasado 9 de junio.
Los activistas y las organizaciones coincidieron en que se han fabricado mentiras para inculpar a los pobladores afectados. Misraim Hernández Fernández, activista del Contingente Puebla, denunció que en uno de los videos que se trata de inculpar a los pobladores salen las declaraciones de un oficial de la policía identificado como Mario Tomás González Ricaño.
Sin embargo, no es la primera vez que este uniformado sale ante los medios esta persona: el 9 de noviembre de 2011, el policía fue presentado por el propio Procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá Bourguet, como miembro de una banda dedicada a la prostitución de menores y la trata de personas.
Rosas Rosas, vinculado al ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ha sido señalado en el pasado de realizar montajes y falsificar pruebas.
La nota apareció en El Sol de Puebla, Lado B, Diario Cambio, Crónica, Cinco Radio, La Voz de la Sierra y Noticias Tepexi, entre otros. Los medios detallan que tras un par de operativos en donde fueron rescatadas en total 11 víctimas de explotación sexual y trata de personas. En el segundo de ellos, realizado en Huauchinango y en el que se detuvo a Mario Tomás González Ricaño, policía estatal asignado a la comandancia de Tepexi de Rodríguez, fueron rescatados tres menores de 14, 16 y 17 años en condición de explotación sexual.
El video en el que habla el policía ha sido ampliamente difundido por diversos medios locales y de la Ciudad de México.
Dijeron que ya se han realizado denuncias en contra el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y su Secretario de Seguridad, pues tratan de “construir una verdad y tratan de desviar la responsabilidad en la que han incurrido como responsables directos del operativo”.
Simón Hernández León, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, hizo un recuento del uso de balas de goma en el estado de Puebla. Antes de Moreno Valle, con el Gobernador Mario Marín Torres, se hizo uso de la fuerza para despejar manifestaciones, dijo. Y también se dispararon estos proyectiles.
Uno de esos casos fue en junio de 2009, una manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el centro de Puebla. Los desalojaron con balas de goma y gas lacrimógeno. Dio origen a una queja de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.
En 2011, cuando el responsable de Seguridad Pública era Ardelio Vargas Fosado, hubo diversos operativos, uno de esos casos fue el de Chignahuapan. En julio de 2012, en el marco del proceso electoral, se utilizaron balas de goma y gas, dijo. Y en febrero de este año, en el desalojo del centro de Puebla contra un bloqueo de transportistas, también.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto del programa legal de la organización Artículo 19, dijo que la Ley Bala pudo ser impugnada por distintos medios de defensas, sin embargo, a la mano de diversas instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR), el propio Congreso, el 33 por ciento de los legisladores, que pudieron interponer la acción de inconstitucionalidad, ocurrió todo lo contrario: la dependencia cuyo titular es Raúl Plascenia Villanueva, dio el aval de la ley tanto al Congreso y Ejecutivo estatal y luego lo hizo público.
Estas acciones “ponen en entredicho su autonomía y su imparcialidad y su naturaleza como órganos garantes de los derechos fundamentales. La ciudadanía está inerme ante este tipo de legislaciones, no hay medios de defensa jurídica que podamos ejercer para defendernos de estas disposiciones”, dijo.
Misraim Hernández Fernández también denunció que tras el autoritarismo de Moreno Valle, “se han visto amenazadas muchas personas, muchos compañeros, compañeras que han intentado hacer críticas, que disienten del gobierno de Puebla, los han estado hostigando. A las personas que hacen periodismo con libertad, que son de medios independientes, por eso es importante que los medios estén cerca de nosotros y se solidaricen”.
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CEDH Puebla) publicó un comunicado el pasado viernes titulado “La CDH Puebla, solicita se difunda con precisión su recomendación 60/2011” sobre la recomendación de los hechos de Chignaguapan en 2011, que la semana pasada salió a la luz en los medios y donde se establece el uso de balas de goma por parte del gobierno de Moreno Valle. Sin embargo, el comunicado no tiene sellos, no tiene firmas, ni hoja membretada, sólo un documento en Word.
“No hay ninguna formalidad, pero el Gobernador de Puebla ha estado obligando a sus medios de comunicación para que den una información, para que editen, para que envíen mensajes de redes sociales donde quieren responsabilizar a la madre de José Luis Alberto. Están obligando a los medios de comunicación a que den otra información. En redes sociales se están inflando las tendencias tratando de malinformar, están pagando anuncios en YouTube. ¿Quién está pagando esos anuncios?, ¿quién pagó para que se inflaran los hashtag en Twitter?, ¿quién está pagando para hacer páginas en Facebook para culpar a los pobladores y decir que realmente fue un cohetón y no una bala de goma?
FUERA FACUNDO: PRI
“Exigimos la inmediata separación del cargo del secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Facundo Rosas Rosas, para que las investigaciones se realicen con la mayor transparencia; y la comparecencia del secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ante el Congreso local, para enfrentar los cuestionamientos de los representantes populares ante los lamentables acontecimientos”, declaró el Coordinador de los diputados priistas por Puebla, Carlos Sánchez Romero.
Los priistas exigieron públicamente una investigación a fondo que determine la responsabilidad de los elementos policiacos, de los mandos medios y superiores que ordenaron la ofensiva contra los pobladores.
Por lo que promoverán ante la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial que se encargue de investigar los hechos, así como la responsabilidad de las autoridades en los irracionales hechos ocurridos en Chalchihuapan, que derivaron en el asesinato del niño de 13 años.
“Ante la falta de una versión seria y creíble, alejada de la manipulación del Poder, solicitaremos la creación de una Comisión especial en la Cámara de Diputados para la investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio”, detalló el Diputado federal José Enrique Doger Guerrero.
El líder de los diputados priistas poblanos condenó enérgicamente el mensaje de represión que envía el Gobierno de Rafael Moreno Valle, contra la libre manifestación de las ideas y el reclamo de las demandas de los pueblos.
“Los poblanos exigimos al Gobernador Rafael Moreno Valle respetar a los ciudadanos y su libertad de manifestar cualquier inconformidad. Y que sea la vía del diálogo y del acuerdo, la que garantice la gobernabilidad y la paz social que tanto merece nuestro estado y no el temor de un gobierno represor”, sostuvo el Diputado federal, Carlos Sánchez Romero.
