“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.  El párrafo inicial del artículo 16 constitucional es absolutamente claro, no deja resquicio alguno para interpretaciones tramposas. Sin embargo, en el Metro de Ciudad de México la flamante Guardia Nacional, construida ella misma de manera violatoria de la Constitución, atenta ahora contra esta garantía individual expresa, que forma parte del orden liberal frente al cual el actual Gobierno muestra cotidianamente su desprecio.

Mucho se ha dicho ya sobre la manera en la que se está armando el nuevo cuerpo de seguridad del Estado surgido del capricho presidencial en contubernio con las fuerzas armadas. A pesar de que el Constituyente permanente estableció que se tratara de un cuerpo civil, con mando, entrenamiento y disciplina civil, el Presidente de la República se empeñó en que se echara a andar de acuerdo con el diseño original de su iniciativa, el cual fue rechazado en el debate legislativo. Según el texto finalmente reformado del artículo 21 constitucional, la manera en la que se ha integrado el nuevo cuerpo es absolutamente ilegal, pues no se ha hecho otra cosa que cambiar los uniformes y las insignias de los militares ahora encuadrados en la Guardia. Se desmanteló, además, a la Policía Federal, sin que hasta ahora sea público, si es que existe, el diagnóstico con base en el cual el Presidente decidió que se trataba de un cuerpo horriblemente corrupto e ineficaz que merecía desaparecer, sin consideración alguna por los derechos laborales de sus integrantes.

También decidió el Presidente violar la Constitución al nombrar a un militar en activo, con el subterfugio de que se encuentra en proceso de retiro, como comandante del cuerpo. El Secretario de Seguridad Ciudadana quedó como un simple pelele a la zaga de los jerarcas militares que en realidad encabezan la estrategia de seguridad gubernamental, por más que en el papel la Guardia Nacional dependa de su Secretaría, creada con grandes alardes para finalmente quedar como mera fachada del edificio de la militarización en curso desde hace trece años y que la pretendida transformación de López Obrador no ha hecho sino reafirmar.

El triste sino de la Guardia Nacional se estrenó violando los derechos de las personas migrantes que buscan salvar la vida y tener un futuro lejos de los campos de miseria y muerte en los que se han convertido los países centroamericanos, ancestralmente gobernados por oligarquías depredadoras e incapaces. Estrenada como extensión foránea de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la nueva policía militarizada no parece tener más futuro que el de ser un cuerpo represor, sin capacidad real de frenar la crisis de violencia que azota al país, pues sus métodos evidentes no son otros que los ya mostrados durante años por las fuerzas que la nutren: arbitrariedad, improvisación, ausencia de estrategias de prevención, inteligencia precaria, absoluta incapacidad de investigación científica de los delitos y desprecio cotidiano por las normas legales y los derechos de la ciudadanía.

Desde hace muchos años, pero sobre todo a partir que comenzó la guerra de Calderón contra las drogas, en México nos hemos tenido que acostumbrar a la existencia de puestos de revisión inconstitucionales en las carreteras, todos en sentido norte, con el supuesto objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ahora, cuando el Presidente ha decretado que ya no hay guerra contra el narcotráfico, los retenes están dedicados a la triste tarea de frenar la migración, entonces y ahora haciendo el trabajo sucio pedido por el país vecino.

Si los retenes militares estuvieran al servicio de los intereses de México, estarían colocados en el carril contrario, en la ruta de norte a sur, para tratar de frenar el tráfico de armas que desangra al país, pero ni antes fue ni ahora esto es así. Mientras tanto, 2018 cerró con la friolera de casi 29 homicidios por cada cien mil habitantes, un nivel que México no padecía desde 1958. Los ángeles que según Steven Pinker llevamos dentro parece estar agazapados frente a la rebelión de nuestros demonios.

Aquí en Ciudad de México el Gobierno de Miguel Ángel Mancera quiso hacernos creer que vivíamos fuera del infierno nacional, con cifras maquilladas y ocultamientos informativos. La realidad que desde hace años se vive en otras ciudades del país, donde las fuerzas armadas han sido desplegadas en “operativos conjuntos”, parecía no habernos alcanzado. En estos días parte de la verdad se ha conocido y las ejecuciones mafiosas han hecho su aparición como parte de la cotidianeidad, para recordarnos que vivimos en un país en el que la violencia homicida salpica la vida cotidiana de sangre, mientras los delitos comunes se extienden por todos los ámbitos.

Como constatación de un fracaso del que no son ajenos quienes hoy gobiernan la ciudad –pues tanto la Jefa de Gobierno como varios de sus funcionarios y de los alcaldes de las antiguas delegaciones han ejercido cargos de responsabilidad urbana desde hace décadas, además de que el propio Presidente de la República y su canciller encabezaron el Gobierno capitalino y presumieron de reformas policiales que nunca se notaron– ahora la Guardia Nacional se despliega en varias demarcaciones y viaja en el Metro revisando pertenencias personales, en clara violación de la Constitución.

Desde hace 30 años al menos, diversos analistas de temas de seguridad, como Ernesto López Portillo, y organizaciones civiles, como INSYDE o México Unido contra la Delincuencia, han señalado que las autoridades nunca han presentado evidencia de que esas intervenciones en efecto reduzcan delitos y aminoren la violencia, pero ahora los soldados disfrazados se pasean en el Metro y, con base en intuiciones que reproducen estigmas sociales basados en percepciones racistas y clasistas, violan las garantías de la ciudadanía al son de una cuarta transformación que recuerda demasiado al antiguo régimen autoritario.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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