Miami (EE.UU.), 2 may (EFE).- La piratería genera cuantiosas pérdidas a los medios de comunicación audiovisual de Latinoamérica, un delito que en algunos países de la región se combate por la vía de la legislación y con iniciativas de la industria de la televisión por cable, dijeron hoy expertos del sector en Miami.
La situación de la propiedad intelectual en esa área se analizó en la III Cumbre de Medios de Comunicación, organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM).
“No hay ninguna duda de que es un flagelo que le genera grandes pérdidas a la industria. Es un problema muy serio. Hoy día algunas cifras, que no son oficiales, indican que los piratas son los principales suscriptores de la región”, dijo a Efe el vicepresidente de legales de VTR de Chile, Jorge Carey Carvallo, sin detallar cifras.
La televisión por cable es un negocio legal que está en crecimiento en la región y unas 200 millones de personas que la usan están “dentro de la legalidad”, según cifras del presidente ejecutivo de Inter de Venezuela, Eduardo Stigol.
El ejecutivo detalló que la piratería tiene muchas vertientes “desde suscriptores colgados a las redes que roban los servicios del cable, decos abiertos y hasta DVD y sitios en internet piratas”.
Pero todas las compañías, aseguró, están trabajando en la digitalización de las redes para solucionar parte del problema.
“Donde vemos que el problema es grande, crece y puede atacar nuestro negocio fuertemente es en el tema del quemado de películas en DVD, que crece no solo por la inacción de los mecanismos de seguridad de cada país, también porque el producto final es mejor que el que ofrecemos”, apuntó a Efe.
Precisó que las personas pueden comprar y ver una película que recién se estrena en EE.UU. o una serie de un canal de televisión de este país antes de que se transmitan en los canales de cable en la región.
Para combatir eso, considera que la industria debe trabajar con los estudios de cine de Hollywood y los canales de televisión para generar plataformas para acceder a ese contenido y ofrecerlo de manera simultánea.
Stigol en su disertación dijo que la piratería en Latinoamérica es un tema cultural que no está atacado y en el caso de Venezuela mencionó, que aún cuando ese país “tiene una bandera levantada”, existen establecimientos formales donde se venden productos piratas.
En cuanto a combatir el problema con las autoridades locales, sostuvo que no existen instancias judiciales especializadas en ese tipo de delito.
Los tribunales que tratan casos de secuestros, homicidios, violaciones y otros delitos son los mismos que reciben las denuncias de casos de piratería, lo que incide en que éstos queden relegados.
Carey Carvallo consideró que el panorama de la piratería en la región es “dispar” ya que en algunos países “hay consciencia sobre este flagelo, se está trabajando por la vía de la legislación, han firmado tratados de libre comercio con países de Europa y con EE.UU. en los que se protegen el derecho de la propiedad intelectual y se comprometen a llevar adelante políticas que lo hagan”.
“En otros países esta realidad tiene menos prioridad política, regulatoria y por lo tanto son naciones que generan un escenario más vulnerable, más negativo con respecto a la propiedad intelectual”, expresó a Efe.
Por su parte, Pablo Scotellaro, director general de Certal, dijo que tienen “serias preocupaciones con respecto a la televisión ilegal” a través de unos dispositivos que se venden “similar a lo que puede ser una televisión satelital y se está convirtiendo en el primer operador de televisión paga”.
“Por eso estamos trabajando mucho con los magistrados y fiscales en la región tratando de explicarles que es un delito muy serio. Es un flagelo que nos tiene preocupados”, declaró a Efe.
En algunos países no existen leyes que combatan ese delito y en otros no se aplican, agregó.
Scotellaro advirtió que la lucha contra la piratería debe ser una acción de todos los actores de la sociedad, incluyendo a los Gobiernos a quienes se les debe decir “están perdiendo recaudar impuestos porque la industria legal paga sus tributos y con ello algunos han desarrollado su producción cinematográfica, como es el caso de Argentina”.
El expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Argentina Ricardo Recondo dijo a Efe que es un tema complejo porque se requiere una regulación uniforme y “sobre todo la conciencia social de lo que significa la piratería”.
“En ese sentido hay muchos países donde no hay una conciencia social de no consumir productos de la piratería con lo cual se genera una crisis muy grave”, manifestó.
Recondo subrayó que para conseguir la disminución del delito es necesario lograr que las sanciones sean aplicadas. EFE
