Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de México “adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal” de Alejandro, uno de los sobrevivientes de la matanza perpetrada por fuerzas federales en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero, y que sería perseguido y amenazado “tanto por la Policía Federal como por miembros del Cártel de Los Caballeros Templarios”.

El organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) refiere en su medida cautelar 251-15, dada a conocer este jueves, que “cuando la Policía Federal tuvo conocimiento de que Alejandro había sobrevivido y se encontraba internado en el Hospital, habría informado que él quedaría en calidad de detenido. De acuerdo a la solicitud, uno de los policías habría intentado sobornar al médico encargado para que inyectara en Alejandro una sustancia que le ocasionara la muerte”.

La CIDH refiere que el médico se negó y, por el contrario, alertó a la familia de la situación.

La Comisión precisa que Alejandro fue acusado de portar armas del uso exclusivo del Ejército y haberlas accionado. “Sin embargo, un dictamen negativo por parte de un perito habría impedido que prosperarán las acusaciones en su contra”.

Junto a estas denuncias, la CIDH da cuenta de una serie de actos de intimidación en los que habrían incurrido las fuerzas federales. Ante ello la “Comisión considera que la información presentada demuestra primera facie que Alejandro y su familia se encuentra en una situación de gravedad y urgencia puesto que su vida e integridad personal se encontraría en una situación de riesgo inminente”.

El documento detalla que Alejandro “como supuesto sobreviviente” habría comenzado a ser perseguido y amenazado tanto por a Policía Federal como por miembros del Cártel de Los Caballeros Templarios.

Explica que de acuerdo con la información de los solicitantes, desde el 31 de enero pasado, un día después de salir de la clínica, Alejandro comenzó a recibir amenazas telefónicas.

Luego, el 19 de marzo, cuando salió a la luz una entrevista en medios de comunicación que Alejandro dio a una periodista, y pese a que la dio de manera anónima, desde la publicación del reportaje “Alejandro comenzó a notar que policías federales lo perseguían”.

Destacan que el 7 mayo, el hermano mayor de Alejandro habría sido secuestrado. Los plagiarios lo liberaron dos días después y le informaron que lo habían confundido con Alejandro.

Además le habrían enviado un mensaje para su hermano: “que se callara y que se cuidara porque ya lo traemos cortito”.

Mientras, el 11 de mayo pasado, Alejandro habría sido allanado por hombres armados que presuntamente pertenecían a la corte de Los Caballeros Templarios. Quienes entraron a su casa portando armas de fuego. Sin embargo, Alejandro habría logrado esconderse en un cerro y así logró escapar.

Debido a este suceso, dos días después Alejandro se habría desplazado a otra ciudad, con sus debidas precauciones para no ser encontrado. Pese a ello, entre el 25 y 29 de mayo, nuevamente recibió llamadas donde le advertían: “ya sabemos dónde estás”.

Nuevamente, el 6 de junio, el hermano mayor de Alejandro habría sido secuestrado y liberado al día siguiente con un nuevo mensaje para él, donde le advertían que tenía que “entregarse” para evitar que “hicieran pedazos a su familia”.

Ese mismo día, Alejandro presuntamente recibió cinco llamadas telefónicas para amenazarlo a fin de que no volviera a dar ninguna entrevista: “va la verga, la verga, cuidado, cuidado […] ya sabemos que andas con los viejos”, “estás bien pendejo”, “te va a llevar la verga”, le dijeron.

Días después, el 12 de junio, Alejandro habría recibido un ultimátum proveniente presuntamente de Los Caballeros Templarios, indicándole que “se callara” y que tenía que entregarse el domingo 14 d junio de 2015, o de lo contrario “se llevarán a toda su familia”. En el mismo mensaje, le mencionaron que “el jefe le había dado luz verde para tomar al primer familiar que se encontrara, puesto que allá las cosas se resolvían a lo chino”.

La CIDH explica que el 22 de junio pasado recibió la petición de medidas cautelares para Alejandro por parte de una Organización No Gubernamental (ONG) de derechos humanos que prefirió quedarse en el anonimato.