Por Beatriz Olivera*

El Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, anteriormente conocido como “Fondo Minero” entró en vigor en 2014, su objetivo era elevar la calidad de vida de las y los habitantes en las zonas de extracción minera. Sin embargo, desde su creación, no ha logrado cumplir con su misión a cabalidad, además de haber presentado serias deficiencias en cuanto a la gestión de los ingresos, la aplicación de sus recursos, y los mecanismos de participación y toma de decisiones en sus comités de funcionamiento. Estos vacíos se han caracterizado por falta de transparencia y de rendición de cuentas a lo largo de sus cuatro años de funcionamiento.

En general, son cinco las entidades que han captado el 80 por ciento de los recursos del Fondo desde su creación: Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas, pues la asignación de los recursos se hace en función del valor de la producción minera anual. Dichos estados y sus respectivos municipios han reportado, en promedio, el ejercicio del 66 por ciento de los recursos recibidos, pero aún queda pendiente conocer el destino del 34 por ciento restante de los recursos del Fondo; esto es, alrededor de $3,017 millones de pesos otorgados durante los cuatro años de su ejercicio, sin contar los intereses que este capital ha generado. Sobre este dinero, no hay rendición de cuentas clara, pues, tal y como está señalado en informes de SEDATU, sólo se muestra que los recursos fueron entregados a municipios y entidades federativas, pero éstos no lo reportan en su totalidad.

Además, es necesario señalar que el hecho de que los estados y municipios reporten haber realizado obra de inversión física, no refleja necesariamente que ésta se haya hecho, pues la SEDATU realizaba un ejercicio de fe al no contar con los comprobantes necesarios que demostraran efectivamente el ejercicio de los recursos. Al respecto, cabe señalar los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, en su informe de 2016 a través de una muestra de 17 proyectos, encontró que la SEDATU carecía de información de sustento en todos ellos: 17 no tenían avance físico financiero, 11 no tenían programa de ejecución, 9 no contaban con Acta de Entrega-Recepción y 1 no contaba con finiquito de obra. En este caso, la SEDATU no exigió una rendición de cuentas exhaustiva a los municipios y estados sobre el dinero que se les asignó vía el Fondo Minero, por lo que aún persiste una importante cantidad de recursos de los cuales se desconoce su destino.

También es importante señalar que, de los proyectos de inversión aprobados a lo largo de los años de aplicación del Fondo, poco más del 70 por ciento de la obra de inversión reportada por entidades federativas y sus respectivos municipios fue destinada a obra de construcción e infraestructura; esto es, obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos. Llama la atención que los proyectos destinados a protección ambiental o preservación de áreas naturales son prácticamente inexistentes. Sin duda, habría que valorar en qué medida la predominante construcción de caminos aporta al fin último del Fondo, que es elevar la calidad de vida en las zonas mineras.

También es importante señalar la forma en que se tomaron las decisiones sobre los proyectos a realizar con dinero del Fondo. La SEDATU no publicó las actas donde constara la forma en la cual se tomaron las decisiones sobre estos recursos, por lo cual no es posible constatar si en realidad los Comités funcionaron como verdaderos órganos de representación de comunidades, pueblos y núcleos agrarios y si éstos definieron que dichos recursos se emplearan en su mayoría en pavimentación de caminos, tal como se hizo. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado reiteradamente que las propias comunidades desconocen la existencia del Fondo.

Además, estos comités están integrados también por las empresas. Al permitir que ellas participen en proponer proyectos de inversión, la SEDATU creó un conflicto de interés, al ser las mismas empresas mineras quienes realizan las contribuciones al Fondo y quienes pueden definir en parte, el destino de tales recursos. Incluirlas en estas decisiones es muestra de un gobierno cooptado por el capital y poder de las mineras.

Finalmente, con el cambio de gobierno, la administración obradorista realizó cambios sustantivos al Fondo Minero y a la forma en que éste venía operando a través de la Ley Federal de Ingresos. En la nueva posición del gobierno federal, el Fondo está siendo operado por la Secretaría de Economía y, además, se pretende que los recursos se ejerzan de manera directa por los habitantes de las zonas mineras, sin intermediarios.

Ante estas disposiciones, la disputa por los recursos del Fondo Minero no se ha hecho esperar y el pasado 13 de febrero, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al igual que varios alcaldes de Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí presentaron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidiendo que se declare inconstitucional la fracción 9, del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación.

La pugna por los recursos del Fondo Minero también ha tenido lugar en el Congreso, varios legisladores de diferentes grupos parlamentarios han presentado una buena cantidad de puntos de acuerdo, e incluso el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para derogar también la fracción IX del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos, el cual establece todos los cambios al Fondo Minero (nombre, rubros de aplicación, entidad que opera, asignación de recursos, entre otros).

Pero más allá de las pugnas por los recursos del Fondo Minero, es un hecho que la aplicación de este dinero de la manera en que se venía realizando años atrás ha estado llena de vacíos, opacidad, falta de rendición de cuentas y de transparencia; que los beneficios en buena medida no han llegado a las comunidades y que, por si fuera poco, sigue pendiente conocer aún el destino de varios millones de pesos, sin contar los intereses que pudieran haberse generado a lo largo de cuatro años. Sin duda, este Fondo ha resultado todo un reto para el gobierno federal y los próximos pasos definirán en buena medida el futuro de estos recursos.

*Beatriz Olivera es investigadora del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar.

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