Un grupo de ahorradores de Ficrea llevará el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las implicaciones son de grandes magnitudes, ya que la denuncia se realizó con base en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y en caso de que la resolución fuera a favor de los defraudados, quedaría clara la responsabilidad directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está última pasaría a convertirse en el acreedor único de Ficrea. Los denunciantes recordaron que el próximo 7 de noviembre se cumplen dos años de omisión del Estado en el caso.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El caso Ficrea podría llegar a su etapa final, ya que luego de dos años de haberse destapado el fraude que hacía esta Sociedad Financiera Popular (Sofipo), un grupo de ahorradores llevará el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, las implicaciones son de grandes magnitudes, ya que la denuncia se realizó con base en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y en caso de que la resolución fuera a favor de los ahorradores, quedaría clara la responsabilidad directa en el fraude de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Está última pasaría a convertirse en el acreedor único de Ficrea.

En conferencia de prensa, el abogado de los ahorradores, Fauzi Hamdan Amad, explicó que en este caso que el próximo 7 de noviembre cumple dos años, la omisión del Estado ha sido y sigue siendo evidente.

“El comportamiento de la CNBV fue negligente e indolente, al grado de que desde dos años antes ya se sabía sobre las irregularidades de Ficrea y no se hizo nada, sólo se emitieron recomendaciones”, dijo.

Sobre la demanda, consideró que sentaría un precedente que ayudaría a fortalecer el Estado de derecho y el combate a la corrupción e impunidad.

Foto: Daniela Barragán, SinEmbargo

Para el abogado y los ahorradores, el caso es legal y constitucionalmente goza de certeza jurídica. Foto: Daniela Barragán, SinEmbargo

Cerca de mil 500 ahorradores sustentan la demanda. Lo que se exige es el retorno de todas las inversiones, los intereses y un pago por daño moral. En total, se estaría hablando de un pago de 7 mil millones de pesos, ya que además, se busca la acción colectiva, lo que beneficiaría al total de ahorradores, que son 6 mil.

“Para la SCJN es un paradigma y un reto para hacer justicia plena por la actuación indolente de la CNBV, que no cumplió con sus responsabilidades”, agregó Hamdan Amad.

En 2015, tres meses después de que el fraude se hiciera público, la SHCP contestó a ahorradores que no había motivos para los reclamos y regresó el caso a la CNBV. En mayo de ese año se presentó un amparo y la semana pasada se negó. A fines de este mes llegaría a la SCJN para que emita sentencia.

Para el abogado y los ahorradores, el caso es legal y constitucionalmente goza de certeza jurídica, por lo que en caso de resultar negativo para ellos, consideraron se enviaría el mensaje de que la corrupción continuará en el sector financiero mexicano.

“Aún cuando hay un cúmulo de actos de corrupción, el gobierno no hace nada por evitar los colapsos financieros. Hay un expediente de la CNBV de 2011 en la que ya se reconocen las irregularidades de Ficrea. Hay otro de 2013. Si la SCJN no se pronuncia significa que no quiere culpar al gobierno por lo que dejó de hacer”, dijo al respecto Ignacio Mercado, uno de los ahorradores afectados.

En caso de que esto último procediera, el equipo ya tiene todo listo para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya está enterada del tema, “no hay pierde. El Estado mexicano tiene que responder”, puntualizó Hamdan.

Sobre el proceso que se lleva en Estados Unidos contra el dueño de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, el licenciado Fernando González Santillana, recordó que fue la Procuraduría General de la República (PGR), la que se comprometió a detener a Olvera y a juzgarlo aquí en México.

En Estados Unidos se inició la demanda y fue localizado y notificado en un condominio de Miami, lugar donde tiene múltiples propiedades que ascienden a 63 millones de dólares.

Pero acá, agregó Santillana, no pueden ubicarlo.

“Si nos resuelven positivo, Hacienda pasa a ser el único acreedor. En ese momento sí fiscalizarán los bienes de Amezcua y lo van a detener”, dijo Hamdan.