Washington, 4 may (dpa) – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a los estados de las Américas a abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas.
Según la Relatoría, el ejercicio de la libertad de expresión en el continente americano enfrenta “diversos desafíos”: la violencia contra periodistas y el uso del derecho penal para “sancionar la expresión de opiniones y la difusión de información sobre asuntos de interés público o que involucran a funcionarios estatales”
La CIDH continúa recibiendo “serias denuncias sobre la apertura de procesos penales contra comunicadores, periodistas, dirigentes políticos y sociales por la expresión de opiniones críticas y la protesta frente alguna clase de poder político, económico o militar”, explicó la Relatoría.
Recordó que en los últimos años se han dado varios casos de funcionarios públicos que han llevado “a la órbita penal” a medios de comunicación y periodistas o directivos en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala.
Y puso como ejemplo el caso del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, quién demandó penalmente a los periodistas, directivos y propietarios de los medios El Nacional, La Patilla y Tal Cual por reproducir informaciones difundidas por un diario español que hacían referencia a él.
Para evitar que esto continúe repitiéndose, la Relatoría Especial instó a los Estados a “derogar las leyes que consagran el desacato y la difamación criminal en casos que involucran el interés público y modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión”. También hizo un llamado a incorporar los estándares interamericanos a la legislación civil.
La Relatoría valoró los esfuerzos realizados por algunos Estados por despenalizar el desacato o modificar las leyes que penalizan la difamación, injuria o calumnia en casos que se refieran a temas de interés público o sobre funcionarios estatales.
No obstante, recordó que en la mayoría de estados de la región persisten normas penales que continúan “sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión y que permiten la imposición de medidas desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática”.
Y lamentó que en los últimos años se hayan invocado “otras figuras penales vagas e imprecisas -como terrorismo, subversión e incitación a la violencia- para sancionar expresiones críticas o de protesta”.
“Un sistema democrático pleno debe fomentar la deliberación pública y garantizar una mayor apertura frente a expresiones y apreciaciones realizadas por los ciudadanos en ejercicio del control democrático”, recordó la Relatoría.
