La ex Alcaldesa de Monterrey y nueve de sus ex colaboradores han sido acusados formalmente por una Jueza de Control, por los delitos de ejercicio abusivo e indebido de la función pública, luego de que el año pasado erogaran una suma millonaria para contratar a un litigante que los defendiera, pero no por concurso sino por adjudicación directa.

Margarita Arellanes Cervantes es acusada por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de la función pública. Foto: Facebook [@Margarita.ArellanesC].

Margarita Arellanes Cervantes es acusada por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de la función pública. Foto: Facebook [@Margarita.ArellanesC].

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- Margarita Alicia Arellanes Cervantes, ex Alcaldesa de Monterrey, y nueve ex funcionarios más, fueron vinculados hoy a proceso legal por el supuesto uso abusivo e indebido de sus funciones.

Por primera vez en la historia del estado, ex funcionarios de primer y segundo orden son acusados de manera formal por las autoridades competentes, en este caso, la Jueza de Control Patricia Alejandra Gutiérrez.

Además de a Arellanes Cervantes, la enjuiciadora dictó auto de vinculación a proceso por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de la función pública al ex Secretario del Ayuntamiento, Jesús Hurtado; al ex Tesorero Julián Hernández, a la ex Síndico Irasema Arriaga, al ex director de Egresos, Aldo Cepeda; y a la ex Secretaria de Administración, Alejandra Rodríguez.

En contraste, acusa del delito de ejercicio indebido de funciones al ex encargado de despacho de Adquisiciones, Luis Ángel Torres; al ex director Jurídico, José Francisco de la Cruz; al ex Síndico David Rex Ochoa y al ex regidor priista Arturo Pezina.

Lo anterior por haber contratado al abogado Roberto Martínez Rodríguez para que los representara legalmente, a quien pagaron por lo menos 7.5 millones de pesos por sus servicios.

La acusación de la Fiscalía está basada en el hecho de que la contratación del litigante, que acaecida en octubre del año pasado, se realizó como adjudicación directa y no por concurso.

Asimismo, en una sesión que duró ocho horas, la Jueza solicitó la aplicación de la medida precautoria para que los presuntos responsables de delito no puedan abandonar el país y, aunque la medida fue desechada por no poder acreditar la intención de los acusados en ese sentido, los imputados están obligados a acudir una vez al mes a la Fiscalía para plasmar su huella y firmar.

El Ministerio Público (MP) tiene un mes para llevar al cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y poder responsabilizar o deslindar a los acusados de los delitos mencionados.

Los 10 funcionarios públicos acudieron el día de hoy a la sala de audiencias número 1 del Palacio de Justicia de Monterrey, luego de que la semana pasada solicitaran una ampliación del periodo estipulado para resolver su situación legal.