El Presidente López Obrador durante una de sus conferencias de prensa. Foto: Cuartoscuro

La Coalición Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Seguridad de los Periodistas –integrada por 17 organizaciones internacionales, nacionales y regionales— atina al advertir en su informe sobre México dado a conocer hace unos días que es muy preocupante que la Presidencia intente hacer pasar descalificaciones a medios y periodistas como derecho de réplica.
Lo es verdaderamente.

“Preocupa el intento de camuflar como derecho de réplica el agravio y la descalificación en lugar de abonar a un debate abierto y plural”, indicaron, al final de su misión de observación en nuestro país, organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19.

Advirtieron que esta postura del Ejecutivo es “irresponsable y peligrosa” en un país como México, donde al menos 10 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año y las agresiones en su contra van en aumento. Y alertaron que los ataques contra los informadores mexicanos han crecido en el último año alimentados por la retórica y estigmatización del nuevo Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tema es absolutamente crucial para entender el tipo de relación que el Presidente mexicano ha decidido tener con los medios de comunicación y los periodistas, y las consecuencias que esa posición implica en un país donde los problemas salen de control cada vez más.

Me he referido reiteradamente en este espacio a esa distorsión amañada y tramposa por parte del Mandatario de un derecho innegable, para desvirtuar, no desmentir ni aclarar, informaciones que le resultan negativas. Invariablemente, su reacción es en el sentido de descalificar al medio y agredir a los periodistas con toda clase de epítetos denigrantes.

Desde el púlpito presidencial –escribí el 26 de julio pasado— López Obrador niega la historia y la evolución del periodismo moderno, no sólo en México sino en el mundo entero, para exigir a estas alturas –con tono de advertencia, ojo– total incondicionalidad de los medios a su proyecto, so pena de ser condenados a la ignominia por su dedo flamígero. Para ello hace un uso falaz de lo que llama “derecho de réplica” –una facultad de quien es aludido en alguna información para rebatir, desmentir o aclarar— sólo para descalificar, no para responder.

“Por supuesto que el Presidente no entiende –o finge no entender–, algo que es sencillamente indiscutible: el derecho de un medio de comunicación a ejercer su libertad de información y de crítica, le guste o no a los protagonistas políticos que se sienten afectados”, precisé. “De hecho, estamos en presencia no sólo de una actitud intolerante, sino de una nueva modalidad de la censura. Sin más”.

Habremos de recordarle una vez más que el derecho a réplica, incluido ya en la vieja Ley de Imprenta del Presidente Venustiano Carranza, es la facultad que tiene cualquier persona física o moral que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad por una información, noticia o comentario, publicada en un medio de comunicación y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido mediante la inserción de la correspondiente aclaración, en el mismo medio de comunicación e idénticas condiciones.

Lejos de recurrir a ese Derecho para en efecto desmentir una información falsa o inexacta, si fuera el caso, lo que hace el tabasqueño es arremeter contra el medio en cuestión con calificativos como “prensa fifí”, “neoliberales”, “conservadores” o “chayoteros”. Que yo recuerde, no ha desmentido cabalmente en este primer año de su administración una sola información en materia de inseguridad, economía o corrupción de funcionarios de su propio gabinete, como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

En cambio, casi todos los días la emprende en su conferencia de prensa matutina contra los medios que incluyeron alguna información que le es adversa. Y contra los periodistas ahí presentes que se atreven a hacerle cuestionamientos que le resultan incómodos. Todo ello, a partir de su nada modesta autoafirmación de que su autoridad moral y política (sic) le permite usar su derecho de réplica ante los dichos de la prensa, lo que antes, dijo, no sucedía.

Lamentable es de nuevo su respuesta a las conclusiones de la mencionada Coalición de organizaciones civiles defensoras de los periodistas, el miércoles pasado. Otra vez recurrió a la negación sistemática y a la descalificación, a pesar de las abrumadoras constancias de sus dichos y hechos a lo largo de estos primeros once meses de su administración.

Sin el menor rubor, negó ante los representantes de la Coalición ahí presentes haber utilizado lenguaje ofensivo contra periodistas que haya contribuido a estigmatizaciones, ataques o amenazas contra la prensa. “Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo, somos respetuosos, nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica porque también tenemos el derecho a manifestarnos, somos libres”, dijo.

Insistió testarudo que nunca jamás en el tiempo que lleva luchando ha afectado, agredido a un periodista, ni lo haría por una cuestión de principios, de convicción. “Vamos a seguir siendo respetuosos, pero no puedo aceptar de que estemos faltando al respeto a los medios, de ninguna manera, nunca lo vamos a hacer, es un asunto de principios”, advirtió.

El diario Reforma acompañó la información acerca de esa respuesta con una letanía de adjetivos que el propio Presidente ha endilgado públicamente a la prensa: Prensa fifí, conservadores, hampa del periodismo, están en falta los medios, guardaron silencio cómplice, si se pasan, ya saben; mostraron el cobre, mienten como respiran, Proceso no se portó bien con nosotros; ya casi no lo leo; camajanes, muerden la mano que les quitó el bozal, corruptos, chayoteros, no va a ser Reforma quien me dicte la agenda, si sigue así va a terminar como un pasquín.… Válgame.

@fopinchetti