La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió recomendación a la Fiscalía General de Justicia y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en la que expone la violación a derechos de las víctimas del delito por el incumplimiento en la procuración de justicia.
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Un canadiense que viajó a México para celebrar su cumpleaños en Puerto Vallarta, Jalisco, fue desaparecido y asesinado en febrero de 2016. Desde entonces, su madre no sólo ha padecido el calvario y martirio por el asesinato, también por la actuación de las autoridades jaliscienses que “le desaparecieron a su hijo”, pues entregaron el cadáver del turista a otra familia, perdieron una parte de sus restos y, por si no fuera suficiente, establecieron que la muerte había sido por un “infarto”, cuando el cuerpo presentaba un impacto de arma de fuego.
Así lo reveló una de las dos recomendaciones que emitió hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a la Fiscalía General de Justicia y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), las cuales, evidencian la crisis en materia forense que se ha sufrido en esa entidad durante la anterior administración y la violación a los derechos de las víctimas por el incumplimiento en la procuración de justicia, en una adecuada atención a las víctimas del delito y al derecho a la verdad y al trato digno.
“Soy una madre con el corazón roto escribiéndole con desesperación para describir los eventos que ocurrieron a mi hijo durante su visita a Puerto Vallarta, Jalisco en febrero de 2016. Mi hijo fue asesinado durante su visita y encontrado sin sus pertenencias por las autoridades. Las autoridades procedieron a entregar su cuerpo a la familia equivocada quienes procedieron a cremar sus restos (una práctica en contra de mi religión). Todo lo que tengo de él son recuerdos, un frasco lleno de polvo y un millón de preguntas sin respuestas en cuanto a qué fue lo que pasó. He estado en Puerto Vallarta para contratar un abogado que busque respuestas, pero no he tenido éxito en encontrar a una persona competente que me ayude con el caso”, escribió la madre del turista asesinado en la queja que envió a la CEDH.
VIAJÓ A MÉXICO Y DESAPARECIÓ
La madre del canadiense narró que su hijo viajó a Puerto Vallarta el 28 de febrero de 2016. Unos amigos del turista le organizaron las vacaciones; ellos reservaron hotel y boleto en México, lo cual sería una sorpresa de “regalo de cumpleaños”.
“El 27 de febrero de 2016 mi hijo vino a mi casa a despedirse, me dijo que no tenía ni idea de su hotel porque todo era una sorpresa, pero mencionó que en cuanto llegara me llamaría para hacerme saber. Mi hijo prometió lo mismo a su amigo de llamarle tan pronto llegara a su hotel. Le preguntó cómo llegaría, me dijo que tomaría un transporte incluido en el paquete vacacional”.
El extranjero llegó en el vuelo de West Jet 2152 y tenía planeado regresar el 9 de marzo. Había acordado reportarse con ella durante su estadía en México, sin embargo, él nunca tuvo comunicación con ella, según consta en la recomendación13/2019.
“Del 28 al 9 de marzo él nunca me llamó ni a su amigo. Cuando no recibí la llamada de mi hijo traté de contactarlo a su teléfono celular pero no hubo respuesta. Contacté a su amigo para preguntar si él había recibido la llamada, me dijo que no recibió ninguna, pero es normal ya que él podía estar de fiesta ahí y pasándola bien y yo no debería de preocuparme”, dice el texto.
Era 9 de marzo de 2016 y la madre comenzó a desesperarse e inquietarse al ver que su hijo no regresaba a Vancouver y que no tenía contacto telefónico con él, según narró.
“Todo mundo me decía que no me preocupara que él podía extender su estancia en México. El 10 de abril de 2016 pasó un mes sin contacto con mi hijo. Sus amigos continuaron diciéndome que él estaba de fiesta ahí y yo no debiera preocuparme”, detalla en su declaración.
EL CALVARIO
La madre de la víctima inició con la búsqueda formal el 20 de abril de 2016, cuando reportó a la policía de Vancouver que su hijo estaba desaparecido y pidió apoyo para su localización. Fue esa corporación canadiense quien le dio a conocer que él había tomado el vuelo de West Jet a Puerto Vallarta, México.
Dos días después la madre contactó a la agencia consular canadiense en Puerto Vallarta para reportar la desaparición y así comenzó su contacto con el consulado canadiense vía telefónica.
Los padres del turista viajaron a México el 6 de mayo de 2016 y ratificaron la denuncia por desaparición en la agencia del Ministerio Público Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Ambos padres proporcionaron la muestra de ADN a las autoridades mexicanas el 9 de mayo de 2016 y regresaron a Canadá, y desde aquel país dieron seguimiento.
La madre de la víctima explicó en su queja que el 19 de julio de 2016 recibieron un correo de las autoridades de Jalisco donde les decían que no había coincidencias de sus muestras de ADN con el registro y la base de datos del SEMEFO, es decir, que no había coincidencias de su sangre con las personas que habían sido localizadas hasta entonces sin vida.
El 5 de septiembre, los padres recibieron otro e-mail donde les ratificaron que no había coincidencias del ADN, sin embargo la familia después se daría cuenta que su hijo sí había sido encontrado en ese periodo.
Pasó un año en que la familia del turista no tenía ni rastro de su ser querido, hasta el 22 de marzo de 2017, cuando la Policía Montada en Canadá informó a los padres que los restos de su hijo habían sido encontrados.
Los familiares realizaron un pago para que los restos fueran enviados a Canadá a efecto de que el hospital general de Vancouver hiciera la comparación del ADN, pero días después, en abril de 2017, le informaron a la familia que se cancelaba el envío de los restos debido a que, por error de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los restos habían sido entregados a otra familia que los había cremado.
Del 5 de abril a 18 de mayo de 2017 se realizaron las investigaciones para ubicar los verdaderos restos del turista y se localizó a la familia a la que le habían enviado el cuerpo, quien informó que lo habían cremado. Las cenizas del extranjero fueron enviadas a Canadá, mismas que llegaron el 24 de mayo de 2017.
FUE HALLADO DESDE MARZO
Los restos del turista habían sido localizados un año antes. De acuerdo al relato en la queja se encontraron el 25 de marzo de 2016 en el kilómetro 47, a un lado de la carretera a Mascota. El cuerpo del hombre estaba boca abajo tirado en los matorrales y aún llevaba las ropas que traía puestas cuando salió de Vancouver, Canadá.
Dos semanas después del hallazgo, el 9 de abril de 2016, los restos del hombre habían sido cremados. “Es cuestionable como han cremado sus restos 14 días después de haberlo encontrado sin que ingresaran el resultado de su análisis de ADN a su sistema”, reclama la madre de la víctima en queja.
La familia obtuvo las cenizas de su hijo, hasta el 24 de mayo de 2017. Ante el error de la Fiscalía, la familia de la víctima no confió en los restos que le envío, por lo que buscó a varios laboratorios en Estados Unidos para hacer la comparación del ADN de las cenizas.
Los resultados de los laboratorios concluyeron que había 95 por ciento de posibilidad de que los restos cremados fueran los de su hijo, pero que estaban mezclados con otros tipos de ADN.
La Fiscalía de Jalisco estableció que la causa de muerte, de acuerdo al médico forense, había sido por un “infarto agudo al miocardio”, y determinó que “el cadáver no presentó huellas de violencia”, pero los padres tampoco confiaban en ese resultado, por lo que pidieron otras opiniones.
Una muestra de tejido del corazón –obtenida el 25 de marzo de 2016 cuando encontraron el cuerpo del turista– fue entregada el 14 de noviembre de 2017 a un Hospital General de Vancouver para su examen. Un examen microscópico del tejido excluyó la posibilidad de que el hombre había sufrido “un ataque al corazón como causa de muerte debido al estado de descomposición”.
La familia ya sospechaba que el hombre había asesinado, pues el responsable del levantamiento del cadáver en marzo de 2016 había anotado descripción de heridas: “Presenta un orificio pequeño del lado derecho región occipital y fractura de cráneo, al parecer producido por arma de fuego. Objetos encontrados: ‘un cascajo al calibre 22 marca [ilegible]’”, según se muestra en la queja publicada por la CEDH de Jalisco.
QUEJA ANTE LA CEDH
La madre del turista presentó la queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 31 de enero de 2018 contra quien resultara responsable de la delegación regional Costa Norte de la ex FGE y de personal del IJCF por la violación a los derechos de su hijo.
“No tengo donde más acudir por ayuda. Me siento indefensa, sin esperanza y he intentado toda opción posible. Mi mundo se ha desmoronado el día que supe que mi hijo había fallecido. Apenas me sostengo por un delgado hilo. Por favor encuentre en su corazón el ayudar a una madre desesperada. Necesito su amable ayuda para encontrar asesoría legal que lleve a las personas responsables del asesinato de mi hijo a la justicia. No puedo encontrar a nadie que sea adecuado para hacer esto. La mayoría de los abogados que he visto en Puerto Vallarta parecen ir solo tras el dinero y no realmente importándoles la justicia. El fiscal de la corona (sic) asignado a su caso, ha declarado la muerte de mi hijo como por causas naturales y ha cerrado el expediente”, expresó la mujer.
En su queja, la ofendida destacó y presentó evidencia que personal de la agencia del Ministerio Público no hizo las investigaciones adecuadas para identificar a los asesinos de su hijo así como del descuido por parte de personal del IJCF de haber entregado su cadáver a otra familia, la cual lo cremó.
Entre los agravios también se señala que una clavícula con huellas genéticas extraída del finado se extravió durante un traslado, afectando la cadena de custodia.
VIOLARON LOS DERECHOS
Un año y medio después, la CEDH de Jalisco emitió la recomendación a las autoridades de Jalisco en la que concluyó que “fueron violados los derechos a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, en la atención a víctimas del delito, a la verdad y al trato digno”.
En un boletín de prensa la oficina derecho-humanista destacó que “resulta evidente la necesidad de fortalecer la profesionalización de los agentes ministeriales y peritos, mediante la coordinación y comunicación entre las diferentes dependencias relacionadas con la investigación científica, policial y la procuración de justicia, a fin de garantizar los derechos post mortem de las víctimas y sus familiares”.
En la recomendación también concluye que el funcionario Anselmo Vera Rangel, del IJCF, entregó los restos a una familia que no era la correcta. y con ello ”se violaron los derechos a la legalidad por un ejercicio indebido de la función pública”.
“Por otro lado, después del análisis del material probatorio que se allegó al caso que se analiza, para esta Comisión quedó acreditado un ejercicio indebido de la función pública en la procuración de justicia, por parte de René Ortega Roldán, agente del Ministerio Público Especializado en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya que se observó́ que el fiscal no llevó a cabo una eficiente investigación de los hechos denunciados por la víctima indirecta, a efecto de la localización del desaparecido (víctima), considerando entre otros aspectos, que desde el 26 de marzo de 2016 había sido localizado su cuerpo”, determinó.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha incinerado al menos 1 mil 581 cuerpos de personas no identificadas desde el 2006 al 2018 y en la mayoría de los casos sin pruebas genéticas. Con ello “borraron las evidencias e historias de miles de personas, convirtiéndolas en cenizas”, de acuerdo a datos del Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (CEPAD).
La incineración de cuerpos no identificados constituye un acto que le arrebata a las familias de personas desaparecidas probabilidades de alcanzar verdad y justicia, y las despoja de esperanzas de recuperar a sus seres queridos.
La investigadora Karolina Chimiak ha explicado que no hay información certera o clara de la cantidad de cuerpos incinerados sin pruebas genéticas. Las autoridades de Jalisco se han contradicho o han respondido con discrepancias a la información solicitada, de acuerdo con la especialista.
