México

Enjuiciar expresidentes no son enchiladas. Ni en EU, ni en México, ni en ningún lado

10/08/2022 - 1:00 pm

¿Justicia o decisión política? El juicio a expresidentes implica un riesgo, especialmente en naciones con democracias débiles.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– Llevar a juicio a Enrique Peña Nieto o a algún expresidente de México siempre suena tentador. Pero hacerlo conlleva el riesgo de que se vea como una decisión política, más que judicial. Y eso puede tener efectos positivos, ciertamente, pero también adversos.

“Los enjuiciamientos contra exjefes de Estado son extremadamente raros en los Estados Unidos, lo que aumenta la conmoción pública por el último desarrollo en las crecientes investigaciones federales sobre el expresidente Donald J. Trump. Pero, en muchas democracias alrededor del mundo, no es tan raro que un exlíder enfrente investigaciones criminales o incluso tiempo en la cárcel”, dice hoy The New York Times.

Y luego acota: “Los antecedentes sugieren que enjuiciar a los expresidentes puede ser un arma de doble filo para las democracias”.

Luego hace un recuento: Dos presidentes franceses recientes, Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, fueron declarados culpables de corrupción y Sarkozy enfrenta una sentencia de un año de prisión si pierde la apelación. Benjamin Netanyahu, exprimer Ministro de Israel, está envuelto en un juicio por corrupción. También lo es Jacob Zuma, el expresidente de Sudáfrica.

Sarkozy enfrenta una sentencia de un año de prisión si pierde la apelación. Foto: Ludovic Marin/Pool vía AP

Y en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión por corrupción e inhabilitado para volver a postularse para el cargo. Posteriormente, la Corte Suprema del país revocó algunos cargos y liberó a Da Silva, quien ahora lidera las encuestas para las inminentes elecciones presidenciales de Brasil. En Corea del Sur, recuerda The New York Times, dos de los últimos tres expresidentes del país están actualmente en la cárcel, y un cuarto se suicidó durante una investigación por corrupción.

El 2 de agosto pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

La primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judicialice el caso en los próximos meses. Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales hacendarios y fiscales. Y hay otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ese mismo día que había varias denuncias contra Peña.

–¿Cuántas son, Presidente? –le insistieron.

–Las que nos explicó aquí Pablo Gómez [titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF] y las que puede dar a conocer la Fiscalía, que no creo que tenga ningún problema en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias –señaló el Presidente.

“Ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el Presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen; si hay pruebas, la Fiscalía, que es autónoma, va a actuar, los jueces. Yo lo que creo es que es justicia, también la no repetición”, dijo. “Yo creo en dos cosas”, abundó. “Una, en estigmatizar a los corruptos, porque el peor de los males era que robaban y ni siquiera perdían su prestigio, su respetabilidad. Hemos llegado a extremos en que se ponían de ejemplo a los que de la noche a la mañana se enriquecían, no en todos los casos, pero se llegaba a decir: ‘Estudia, hijo, para que cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón’, porque lo que querían era que todos nos corrompiéramos”.

Pero mientras el Presidente mexicano ve beneficios en aplicar la justicia al caso de Peña Nieto, sus adversarios en la oposición lo traducen en un tema político. “Tiene olor” a la elección del Estado de México y corresponde a un cálculo político del Gobierno federal, dijo a SinEmbargo Dulce María Sauri Riancho, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Yo considero que estas acusaciones contra Peña Nieto por la forma y en el momento en que se presenta, más tienen olor o tufo a la elección del Estado de México que al deseo real de que se haga justicia en el país y por otro lado soy una convencida de que quién sea tiene derecho a la presunción de inocencia”.

The New York Times dice hoy: “Tales casos envían el mensaje de que ni siquiera los jefes de Estado están por encima de la Ley, lo que desalienta el abuso del cargo. En democracias nuevas o frágiles, esto puede ser una salvaguardia importante contra los riesgos de recaer en el autoritarismo”.

Sin embargo, señala el diario estadounidense, incluso cuando se llevan a cabo con justicia, los enjuiciamientos pueden sentar un precedente de encarcelar a rivales políticos de los que a veces los futuros líderes han abusado. Al mismo tiempo, negarse a investigar puede ser igualmente peligroso, ya que establece una impunidad de facto para el abuso de poder.

“En democracias sanas como Francia, los juicios tienden a traer pocas desventajas. La confianza en la objetividad del sistema legal otorga legitimidad a cualquier decisión. Y la fuerza de las normas democráticas en tales países significa que ninguna de las partes teme que la otra abusará de los enjuiciamientos, o se resistirá a ellos, para obtener ganancias partidistas. Los expertos encontraron que los riesgos son mayores en democracias frágiles, como las de América Latina, donde los políticos pueden tratar incluso una investigación legítima como el disparo inicial en una batalla de todo o nada por el poder. Algunos incluso pueden tomar medidas extremas en respuesta, como dejar de lado al poder judicial o abrir investigaciones de represalia por retomar el poder”, abunda el diario.

Pero la necesidad de tales casos también puede ser mayor en esos países, como una forma de crear, o recuperar, una norma de que los líderes seguirán la Ley, disuadiendo a los posibles hombres fuertes.

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