Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley de Remuneraciones, que establece que ningún funcionario público puede percibir un salario mayor al que percibe el Presidente, no aplicaría para funcionarios del IFT.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) restaurar los salarios que pagaba a sus funcionarios en 2018.
La Primera Sala de la SCJN aprobó no aplicar el tope salarial dictado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ley de Remuneraciones, luego de que se desahogara una controversia promovida en enero.
El proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue avalado con cuatro votos a favor y uno en contra.
La Ley de Remuneraciones establece que ningún funcionario público puede ganar un salario mayor al del Presidente, de 108 mil pesos mensuales.
La suspensión otorgada al IFT exenta a la institución de que aplique para ella el tope anual que el Presidente López Obrador autoasignó para su salario y, así, sigan vigentes las percepciones de 2018.
De acuerdo con información publicada en medios nacionales, la SCJN consideró que la reducción salarial podría ser una forma de presionar a órganos técnicos y regulatorios que tienen autonomía, por lo que al otorgar la suspensión no se vería afectado el interés de la sociedad.
De acuerdo con el tabulador de sueldos de 2018, el titular de IFT percibía 2 millones 153 mil brutos anuales (179 mil 416 pesos brutos mensuales) y con las medidas que pretendía implementar la administración de Andrés Manuel López Obrador en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, tendría que recibir 1 millón 663 mil 050 pesos brutos al año (138 mil 587 pesos mensuales).
López Obrador tiene un sueldo mensual bruto de 138 mil 587 pesos, por lo que el comisionado presidente Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar, ganará 37 mil 829 pesos más al mes que el líder del Ejecutivo.
En enero pasado, cuando solicitó la suspensión a la Ley de Remuneraciones, el IFT indicó que desde su creación “ha cumplido cabalmente con su mandato constitucional y, en estricto apego al marco legal que rige el ejercicio de sus funciones como el órgano autónomo encargado de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como autoridad en competencia económica para ambos sectores, ha ejercido el presupuesto asignado atendiendo los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público”.
“Los cambios observados en los últimos años en estos sectores han beneficiado directamente a la población, prueba de ello es que los precios de los servicios de comunicaciones en su conjunto cayeron más de 25 por ciento, y tan solo en telefonía móvil dicha reducción es de más del 43 por ciento en el periodo de junio de 2013 a junio de 2018; el acceso a banda ancha móvil se ha triplicado y hoy existe una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones, radio y televisión, solo por mencionar algunos.
“Para el actual ejercicio fiscal, la Cámara de Diputados aprobó un Presupuesto de Egresos que contempla el recorte presupuestal de 280 millones de pesos respecto del monto solicitado por este órgano regulador para el cumplimento de sus funciones, mismo que ya incluía un decremento en términos reales de 14.8 por ciento respecto al Presupuesto Autorizado 2018”, añadió.
–Con información de Economía Hoy.
