En ocasión del Día Mundial del Viento, Beatriz Olivera, Coordinadora de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, escribe para SinEmbargo el siguiente texto, donde se apoya la generación de energía eólica limpia en el país, pero se demanda las constantes violaciones que sufren las comunidades indígenas en México por parte de los gobiernos y las empresas relacionadas con ese sector.
Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– México es uno de los países con mayor potencial para el desarrollo de la energía eólica en el mundo y aunque en la última década este sector creció considerablemente, ha desatado conflictos sociales que deben ser resueltos de manera urgente.
La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, congrega a las comunidades binnizaa, ikoots, chontales, chinantecos, mixes y zoques, todos ellos han señalado de manera sistemática ser víctimas de represión, despojo y violaciones a sus derechos humanos así como contratos ventajosos y leoninos por parte de algunas empresas que pretenden construir parques eólicos en la zona con la complicidad de los gobiernos estatales.
Sí, la energía eólica es una fuente limpia y renovable, que no genera gases de efecto invernadero y, en consecuencia, es una de las medidas más importantes para mitigar el cambio climático en el mundo, por ello es importante su crecimiento pero sin dejar de lado la justicia social.
La energía basada en el viento es una verdadera opción para la llamada transición energética que nos permitiría reducir nuestra dependencia a los combustibles fósiles como el petróleo, cada vez más escaso y caro de conseguir. Sin embargo, no la queremos si el Estado mexicano es incapaz de garantizar la cohesión y el pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Si las comunidades participan en proyectos para mitigar el cambio climático se deben reconocer y respetar los derechos contemplados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el Artículo 26 de la Declaración de la ONU sobre los derechos indígenas, en especial el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado.
La clase política mexicana debe abrir el debate en temas complejos como éste, y establecer mesas de diálogo que permitan avanzar en la solución de conflictos.
La preservación del medio ambiente debe ir ligada a la mejora en las condiciones de vida de las comunidades sin pasar por encima de sus derechos. Este año es el momento para que los tomadores de decisión demuestren su voluntad y en el marco de la reforma energética que se discutirá próximamente quede asentado este compromiso.
Los signatarios del Pacto por México y los representantes en el legislativo deben ir más allá de la visión cortoplacista de los últimos meses en torno al petróleo y detonar el análisis de otros temas: eficiencia y seguridad energéticas, subsidios, energía renovable y, en particular, el avance de la energía eólica en el país pero con respeto a los derechos humanos.
En temas energéticos, el panorama es amplio y diversificado y los políticos se están quedando cortos. Tomar cartas en este asunto es una obligación para evitar que en el futuro se repitan violaciones a las garantías de nuestras comunidades y se facilite el desarrollo de las energías renovables.
Las prospectivas señalan que la infraestructura para aprovechar el viento como una fuente energética se podría incrementar en zonas como La Rumorosa en Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, la Península de Yucatán y sobre todo en el Istmo de Tehuantepec cuyo potencial estimado es de 10 mil MW y en donde los vientos del norte soplan durante siete meses del año.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Viento, que se conmemora este 15 de junio, Greenpeace dice sí a la energía eólica pero sin violar los derechos de las comunidades.
