El precio de la tortilla puede aumentar un 40 por ciento, caer su consumo, al igual que el del frijol, los alimentos básicos de la dieta en México, y no existen foros donde se hable de este asunto, de las consecuencias en la economía de las familias, de los impactos en la salud.

Sin embargo, un aumento de un 10 por ciento al precio de los refrescos, cuyo consumo está asociado a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes, genera toda una campaña en contra del impuesto que lo generó. Instituciones académicas desarrollan estudios para criticar el impuesto que elevó el precio de este producto que tiene una importante responsabilidad en que 1 de cada 10 adultos sufra diabetes en nuestro país y de que siete de cada diez adultos y uno de cada tres niños presente sobrepeso y y obesidad.

La caída en el consumo de tortilla y de frijol, una caída que tiene que ver con los precios pero también con el abandono de su producción y distribución, y con su desvalorización frente a la valorización de los alimentos ultraprocesados provocada por una multimillonaria publicidad, tiene consecuencias desastrosas para la salud alimentaria de los mexicanos. La propia Comisión Federal de Competencia Económica ha expuesto el poder que tiene la concentración de la producción de harina de maíz en una sola empresa y el poder de dos empresas comercializadoras del grano. La devaluación del dólar, el precio del maíz en los mercados internacionales y, el propio precio de la tonelada de maíz no explicna el incremento del precio del kilo de tortilla. La tortilla sí es un alimento fundamental en la dieta de los mexicanos, la combinación de los aminoácidos presentes en el maíz y el frijol brindan una proteína de origen vegetal de gran calidad que ha sido el sustento de la dieta nacional. Pero a quién le importa, Maseca ni Cargill van a pagar un estudio para exponer como afecta a la salud y la economía de los más pobres el aumento del precio de la tortilla.

Mientras cae el consumo de maíz y frijol, el consumo de bebidas azucaradas aumento aceleradamente desde fines de los 80. A tal grado que el consumo de estas bebidas aportan el 70 por ciento de los azúcares añadidos totales que consumimos los mexicanos, convirtiendo a las bebidas azucaradas en una de las causas más importantes de los índices de diabetes en nuestro país, uno de los más altos en el mundo. Diabetes que causa alrededor de 80 mil muertes y 75 mil amputaciones cada año y que es la principal causa de ceguera en edad económicamente activa.

La discusión la pone el dinero de las grandes empresas refresqueras que han financiado estudios que argumentan que el impuesto no ha funcionado. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (léase Coca Cola y Pepsico) y Conméxico (léase toda la industria de alimentos y bebidas) han iniciado toda una campaña “bien orquestada y financiada” – como lo señala la Dra. Margaret Chan al referirse a las estrategias que siguen las industrias responsables de las enfermedades no transmisibles – para atacar la única medida que ha implementado el gobierno y que ha bajado el consumo de uno de los productos causantes de la catástrofe de salud que enfrenta la población mexicana.

Margaret Chan (1)

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en conjunto con el Centro de Población de la Universidad de Carolina (CPUC) evaluaron el impacto del impuesto durante su primer año de aplicación, 2014. Su metodología fue muy estricta y evaluada por un comité técnico externo de especialistas nacionales e internacionales. Publicaron un adelanto de sus principales hallazgos mientras el estudio era sometido a un lento proceso de revisión en una de las 5 revistas más prestigiadas en medicina del mundo, el British Medical Journal (BMJ), donde un segundo grupo de expertos realizó una evaluación de la metodología y desarrollo del estudio. El estudio fue publicado en el BMJ a fin del 2015.

Desde que el INSP publicó en su página web en junio de 2015 un adelanto de los principales hallazgos del estudio que realizó en conjunto con el CPUC, encontrando que se había presentado una reducción en el consumo de 6 por ciento en promedio durante el año 2014 y que esta reducción había llegado a 9 por ciento en diciembre, la industria (ANPRAC y CONMEXICO) criticaron los resultados, cuestionándolos y argumentando que ni se había publicado el estudio completo. Sin embargo, uno de los estudios financiado por la propia industria llegaría a la misma conclusión: en 2014 se redujo el consumo en 6 por ciento. Con una metodologías distintas, el estudio del ITAM llegó al mismo resultado en reducción de consumo.

Un elemento importante es que ninguno de los tres estudios financiados por la industria refresquera ha sido publicado en una revista científica que establezca la revisión por pares. Lo anterior no significa que la metodología, de entrada, no sea sólida, pero la revisión por pares y en una revista científica altamente calificada nos da cierta garantía.

Hay un elemento importante de coincidencia en los estudios patrocinados por la industria, elemento que no necesariamente influye en los resultados pero que sí muestra cómo el financiamiento influyó en su elaboración. En todas las introducciones a los estudios, en las que se expone el contexto, como la incidencia de sobrepeso y obesidad en la población mexicana, no se menciona la evidencia existente sobre el impacto que tiene el consumo de bebidas azucaradas en el peso, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Es decir, en estos estudios que evalúan el impacto del impuesto a las bebidas azucaradas no se menciona en su introducción la evidencia sobre el impacto de estas bebidas en la salud. No se menciona porque la industria simplemente no acepta esa evidencia. Esa evidencia es negada por la industria refresquera a pesar de que los organismos internacionales, como la propia Organización Mundial de la Salud, lo reconoce. Los estudios ignoran la evidencia como la industria la niega.

Otro de los estudios pagados por la industria, desarrollado por investigadores de la Universidad de Nuevo León, se enfocó en la pérdida de empleos provocados por el impuesto a las bebidas azucaradas. La cifra a la que llega es que se perdieron 11 mil empleos, la industria argumentaba que se perderían 125 empleos. Sin embargo, habría que entrar a la base de datos para confirmar la pérdida de esos empleos ya que la ganancia de las empresas pasó de un rubro a otro, bajó el consumo de refrescos y aumentó el de agua embotellada controlado principalmente por las empresas refresqueras. Además, la propia empresa Coca Cola anunció una política de reducción global en los costos de producción ante la caída de sus ventas en los países del “norte”. Y como lo advertimos desde que la industria refresquera presentó ese argumento, debe evaluarse la pérdida de empleos que ha generado la industria refresquera desde que inicio la sustitución del azúcar de caña por el jarabe de maíz de alta fructuosa en sus bebidas, otro tipo de azúcar que en parte es importado de los Estados Unidos y en otra parte es procesado en plantas en México con maíz importado de ese país. También sería interesante conocer, aunque no hay quien pague el estudio, evaluar la clausura de negocios familiares, pequeñas tiendas de abarrotes, con la propagación de las tiendas Oxxo por todo el país de le empresa FEMSA que ha alcanzado más de 12 mil establecimientos.

En un foro reciente realizado en la Academia Nacional de Medicina se presentaron tres estudios que evalúan el impacto del impuesto a las bebidas azucaradas. El del INSP-CPUC, de investigadores del ITAM y de investigadores de la UANL. Se pudo percibir una confrontación entre la perspectiva de los economistas que elaboraron los estudios patrocinados por la industria y el elaborado por economistas de la salud y expertos en salud pública.

Entre los propios investigadores que realizaron los estudios patrocinados por la industria también se expresaron diferencias. El investigador del ITAM se mostró abierto a que el impuesto pudiera repensarse para tener un mayor impacto en la reducción del consumo de las bebidas azucaradas, el de la UANL no se mostró con esa disposición, él más bien expresó el principio repetido por la industria de que la obesidad es un asunto de malas elecciones personales y que todo es un asunto de equilibrio entre las calorías que se consumen y las que se gastan.

Un punto central en la discusión fue el criterio utilizado por los investigadores del ITAM y la UANL en el sentido de que la reducción en el consumo de caloría, de 6 calorías al día, era insignificante,  y no tenía un efecto en salud. Los expertos en salud rebatieron el argumento señalando que, en primer lugar, se habla de promedios en la población y esto no considera que hay un porcentaje de población que no consume o consume muy poco estas bebidas, que el impacto se diferencia por sectores sociales, por edades y por grado de consumo, lo que prevé que hay sectores de la población que pueden registrar una reducción importante en su consumo. El propio estudio del INSP-CPUC muestra que la reducción en consumo en el tercil de mayores ingresos fue muy baja y en el tercil más pobre fue mayor, de 9 por ciento en promedio en el año y de 17 por ciento en diciembre de 2014. Lo anterior muestra claramente que en esta materia es fundamental involucrar principios de economía de la salud que no están en los criterios de los economistas para evaluar el impacto del impuesto. Anteriormente, en este espacio, ya nos hemos referido a la diferencia abismal que existe en el efecto que tienen las calorías provenientes de azúcares añadidos a una bebida con las calorías que provienen, por ejemplo, de frutas y verduras.

Existe otro consenso en el sentido de que el impuesto fue bajo por lo cual sus resultados son bajos. Si el impuesto fuera mayor, el equivalente al 20 por ciento, como se propuso por la OPS/OMS y el propio INSP, tendríamos mejores resultados.

Por su parte, los resultados de reducción en 6 por ciento son vistos como un importante paso en la comunidad de salud pública internacional: bajar en solamente un año ese consumo en el país que tiene uno de los mayores consumos de bebidas azucaradas en el mundo, se considera un logro, más cuando el impuesto fue solamente de 10 por ciento y no de 20 por ciento como se recomendaba. Además, la reducción del 6 por ciento se logró a pesar de las fuertes inversiones de la industria en publicidad, de la implementación de la campaña de Coca Cola más exitosa en varios años (“Comparte una Coca Cola con…”, con los nombres propios en la etiqueta), que logró incremento de ventas en sectores de la población en varias naciones,  y a pesar de una serie de campañas de marketing y promociones dirigidas a que no bajara el consumo y a poder argumentar al final del año que el impuesto no había servido. ¿Cuál hubiera sido el consumo de Coca Cola a fin del 2014 sin el impuesto?

El impuesto preocupa a Coca Cola y Pepsico porque están viviendo un proceso de baja en el consumo de sus bebidas azucaradas en Europa y Estados Unidos, en este último de 25 por ciento desde 1998 a la fecha. En reacción a esta situación, las refresqueras que dominan el mercado mundial, están dirigiendo inversiones multimillonarias a los países de bajos y medianos ingresos, a India, África, China y reforzando sus inversiones en México, Brasil y América Latina. El impuesto representa no sólo una amenaza a sus ingresos en México, saben que se están discutiendo impuestos en varias naciones y quieren a toda costa “demostrar” que el impuesto en México no funciona. Al respecto puede revisarse el documento que presentamos la semana pasada, “Carbonatando el Mundo”, aquí.

Las bebidas azucaradas están sufriendo en los mercados de futuro. Desde que se estableció el impuesto en México, diversos analistas del mercado de inversiones han estado interesados en lo que pasa en nuestro país con estas bebidas. Un analista de inversiones con gran conocimiento en el mercado de las bebidas no alcohólicas, al leer un comunicado de Conméxico en el que este organismo comunicaba que el impuesto del 10 por ciento a las bebidas azucaradas no funcionó, reaccionó sorprendido expresando: “qué están haciendo, lo único que van a provocar es que se proponga un impuesto mayor”. Las empresas ven un gran mercado por explotar en Africa, India y China, sin embargo, están preocupadas porque las nuevas inversiones en estas regiones se dan en un contexto muy diferente al de hace décadas. Varias naciones están preocupadas por el impacto en salud que pueden significar estas inversiones, no pueden evitarlas pero si establecer regulaciones para limitar su impacto, como lo son: impuestos, regulaciones a la publicidad, etiquetados frontales, limitar su presencia en espacios para niños, entre otras.

Lo que debe establecer el Estado mexicano para los ciudadanos son las condiciones que promuevan mejores hábitos de hidratación, brindando acceso a agua de calidad para beber – la SEP ya publicó la primera de seis licitaciones para instalar bebederos en 800 escuelas en la región noroeste del país, tenemos que vigilar que se cumpla el objetivo de las 11 mil escuelas – y establecer en el mercado, cuando no haya acceso libre a agua de calidad para beber, una situación en la que la opción más accesible sea comprar una botella de agua que una botella o lata de refresco a partir de crear una diferenciación significativa entre el precio de un producto y el otro. Y el impuesto es una parte que contribuye a crear esta situación ambiental más saludable.

No debemos engañarnos con estudios pagados por la industria que buscan resultados en salud a un año de que se instrumentó el impuesto. Como lo expresó el Dr. Juan Rivera del INSP, el impuesto, ni ninguna medida por sí sola, serán una varita mágica para resolver la obesidad. El impuesto debe fortalecerse, incrementarse, y acompañarse de otras medidas como: etiquetados frontales efectivos que adviertan al consumidor de los productos que tienen altos contenidos de azúcar; grasas y/o sodio; la restricción efectiva de la publicidad de estos productos en los espacios, medios y horarios a los que más se exponen los niños y la aplicación en todas las escuelas de la regulación establecida para los alimentos y bebidas y la instalación de bebederos en estos planteles, entre otras medidas.

La estrategia de la industria es clara: públicamente hablan del diálogo mientras desarrollan una estrategia “muy bien orquestada y muy bien financiada”, que incluye una guerra sucia lanzada por varios medios, uno de ellos, a través de sus agencias de relaciones públicas, orquestando ataques a través de columnistas a organizaciones sociales, estudios, investigadores, evidencia científica, instituciones y personas.

Por último, la industria refresquera en México está lanzada contra el impuesto pero no dice, ni dijo nada, contra el etiquetado frontal que tienen que llevar los alimentos y bebidas, ni contra la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Y no lo hace porque simplemente fue la propia industria la que diseño el etiquetado y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia.

En cambio, esta misma industria está lanzada en Chile contra el nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia que entrará en vigor en junio próximo. La industria está acudiendo ante la propia Organización Mundial de Comercio con el argumento de que esas regulaciones chilenas son barreras no arancelarias al libre mercado.

La diferencia entre la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia que entrará en vigor en Chile y la que opera en México, es que la primera fue diseñada por expertos y en base a la información de las instituciones oficiales de telecomunicaciones y de instituciones académicas, en el segundo caso, el mexicano, se retomó un diseñó elaborado por la industria sin tomar en cuenta la información de las autoridades en telecomunicaciones, ni de los institutos de salud, lo que dejó fuera de la regulación los programas y horarios más vistos por los niños en televisión y no comprendió otros medios y herramientas de manipulación y engaño a los niños. Además, en México se tomaron los criterios nutricionales totalmente laxos elaborados también por la industria, criterios contrarios a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y otros aplicados ya en otras naciones.

Estas son dos de las políticas que deben acompañar las medidas fiscales como parte de una estrategia para modificar el ambiente que los expertos han dado en llamar: el ambiente obesogénico. La única medida de política pública preventiva para enfrentar la obesidad y otras enfermedades provocadas por el alto consumo de azúcares agregados, que ha mostrado resultados, es el impuesto y por ello, contra él va la industrial, al tiempo que se opone a etiquetados frontales en alimentos y bebidas y regulaciones efectivas a la publicidad dirigida a la infancia.