El fracking o factura hídrica es un método de obtención de hidrocarburos relativamente nuevo en México que además de causar severos daños al ambiente es capaz de producir enfermedades cardiacas y exacerbaciones de asma. La evidencia científica sobre el tema sigue sin ser relevante en nuestro país, donde diferentes organizaciones de la sociedad civil han instado al gobierno a que se cancele de manera formal esta práctica a la que se le abrió las puertas durante la Reforma Energética.

Ciudad de México, 17 enero (SinEmbargo).- Embarazos de alto riesgo, defectos congénitos del corazón y exacerbaciones de asma en personas con este padecimiento son algunas de las enfermedades que desde ahora se asociarán con el fracking o fractura hídrica. Esta práctica de extracción de hidrocarburos que llegó al país impulsada por la Reforma Energética se está convirtiendo en una amenaza para la salud de los mexicanos, alertan ambientalistas y también médicos.

En medio de la crisis mundial de petróleo, la extracción de hidrocarburos no convencionales como el gas shale y shale oil se convirtió en prioridad y dejó en segundo término los posibles efectos en la salud de las personas: problemas dermatológicos, respiratorios, gastrointestinales, neurológicos, vasculares, endocrinos y urológicos, que ya habían sido comprobados por la ciencia.

En Estados Unidos, el país que utilizó por primera vez este método desde hace más de dos décadas, también registró la primera evidencia científica sobre estas afectaciones por el fracking, la técnica que consiste en taladrar la superficie del suelo para introducir un fluido que contiene agua, arena y otros 750 productos químicos que contaminan el agua, el aire y los alimentos.

Alberto Rojas, médico y politólogo consultor en política ambiental, explicó en entrevista para SinEmbargo que estas investigaciones comprueban la correlación entre el fracking, la exposición de las personas a esta actividad y los efectos en la salud. Esto, consideró, podría ser tomado en cuenta para la cancelación total de la técnica que amenaza abiertamente a nuestro país desde el año 2013.

“Los estudios de impacto en salud de la actividad [del fracking] tienen gran relevancia para cualquier país en donde se realice o pretenda realizarse esta actividad, toda vez que reflejan la respuesta de las personas frente a la exposición a este ‘riesgo'”, destacó Alberto Rojas.

“Al demostrar una relación entre fracking, exposición y enfermedad, existe evidencia suficiente para prevenir esos efectos en salud. El principio que debe regir anteponiendo el derecho humano a la salud es prevenir la exposición al riesgo”, añadió.

Beatriz Olivera, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, argumentó que dichos informes deben ser herramientas utilizadas durante la toma de decisiones en materia energética, pues podrían evitar la exposición de los ciudadanos al riesgo.

“La presentación de estos informes deben ser herramientas para las próximas decisiones en materia energética. Éstas deben de tener en cuenta en primera instancia una evaluación de impacto a la salud, algo que no se ha hecho y que prácticamente en América Latina no se hace. Las evaluaciones de impacto en la salud podrían determinar la toma decisiones mucho más completas, que eviten que se violen derechos humanos, en este caso, es el derecho a la salud, sobre todo el de las mujeres”, aseveró la especialista en estudios sobre minería y fractura hídrica.

En octubre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación total de esta práctica, sin embargo, la promesa no se ha materializado en una ley. Asimismo, se han reconocido las afectaciones ambientales, pero daños para la salud aún siguen siendo invisibilizados.

FRACKING UN PROBLEMA DE SALUD GLOBAL

Diversos estudios realizados en Estados Unidos, avalados por la Biblioteca Médica de dicho país, han reconocido que la práctica de la fractura hídrica tiene impactos contundentes en la contaminación del aire, el agua y el suelo.

“Una de las controversias más grandes alrededor del fracking se relaciona con el agua: en primera instancia por las grandes calidades de líquido que están siendo ocupadas y dificultad al acceso. Esa agua no se está usando para consumo humano, agricultura u otras actividades, se está usando para los combustibles fósiles que no son del todo necesarios”, dijo Beatriz Olivera.

La especialista de Fundar explicó que “la contaminación del agua es una segunda variante: la industria dice que se pude usar agua residual, pero la mezcla de facturación de agua incluye dos por ciento de sustancias químicas, más de 700 tipos diferentes de sustancias –benzenos, toluenos, aditivos, activadores–, una mezcla de sustancias que hacen prácticamente imposible que el agua se pueda tratar”.

Los aditivos más comunes que se usan en el agua para el fracking pueden incluir sustancias como ácidos clorhídricos y acético, cloruro de sodio, poliacrilamida y otras agentes como benzenos y toluenos, asociados a síntomas como la irritación ocular, las nauseas, la perdida de audición y de la vista; además de enfermedades como el cáncer y la leucemia.

El artículo Recomendaciones de investigación sobre salud ambiental sostiene que el agua subterránea podría contaminarse por fallas en el techo e infiltración del suelo y las aguas superficiales durante la perforación para extraer gas natural. El estudio fue elaborado por el Grupo de trabajo del Centro de Ciencias de la Salud Ambientales sobre Operaciones No Convencionales de Perforación de Gas Natural (UNDGO, por sus siglas en inglés) y publicado en 2014 por la revista científica Environmental Heatlh Perspectives.

El documento detalla que los efectos producidos por la infiltración de estas sustancias al subsuelo, generan toda clase de afectaciones a la salud de los trabajadores y los habitantes cercanos a los pozos explotados.

La investigación de Mckenzie LM, “Evaluación del riesgo para la salud humana de las emisiones al aire derivadas del desarrollo de recursos de gas natural no convencionales”, citada en la publicación “observó una asociación entre la densidad de los pozos y la proximidad de los pozos de gas natural dentro de un radio de 10 millas de la residencia materna con la prevalencia de defectos cardíacos congénitos en los recién nacidos”.

Otra investigación publicada por la revista Endocronology , la primera en publicar sobre la la exposición de los 23 aditivos utilizado en las UNDGO, en las que se incluye al fracking, demostró que las sustancias provocan la proliferación de las células de glándulas mamarias en roedores. Un sobrecrecimiento celular tipificado como marcador de riesgo para el de desarrollo de cáncer de mamá.

“Encontramos que el tolueno puede causar daños a mujeres que están embarazadas, puede tener efectos en el el desarrollo de los bebes, puede provocar aborto espontáneo, déficit de atención y retraso del crecimiento. Existen otros estudios que señalan una posible disrupción endocrina y aunque aún hace falta investigación en este rubro, también se ha hablado sobre un posible incremento de enfermedades de transmisión sexual (ITS) asociadas con el fracking ”, señaló Beatriz Olivera.

Sobre la contaminación del aire, el mismo estudio de Envioremtal Heatlh Perspectives señala como contaminantes peligrosos del aire relacionados con las UNDGO el polvo de sílice que se produce durante la minería, manipulación, transporte y disposición de arena; las emisiones de diésel de los camiones de reparto, estaciones de compresión, generadores de energía y plataformas de perforación; los compuestos volátiles orgánicos volátiles en el flujo-back y agua producida, y las emisiones de gases fugitivos durante la producción.

Un estudio desarrollado por Mckenzie en 2012 estimó que el aumento de exposición de hidrocarburos en el aire en el condado de Garfield, Colorado, en Estados Unidos resultó en un aumento en el riesgo acumulado de cáncer, de 10 casos nuevos en un millón de personas que viven a menos de 0.5 millas de los pozos productores de gas. Las exposiciones a corto, medio y largo plazo de trabajadores y residentes a contaminantes del aire resultantes de las UNGDO produjeron exacerbación de enfermedades respiratorias subyacentes (por ejemplo, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, cardiopatía isquémica, arritmias, corazón).

Alberto Rojas aclaró que las únicas tres enfermedades asociadas por 10 diferentes estudios avalados por la revista médica de Estados Unidos son: embarazos de alto riesgo, defectos congénitos del corazón y aumento en las exacerbaciones de asma que afectan directamente a quienes ya padecen la enfermedad.

Otros estudios han sugerido una relación con embarazos que terminan a las 36 o 37 semanas y no a las 40; sin embargo esta teoría ha sido descartada por otros estudios. Por lo que aún no se puede aseverar que estos embarazos pre-termino sean consecuencia de la explotación de hidrocarburos.

“Esas son las tres enfermedades en las que se afirma la correlación, sin embargo, se han encontrado otras cosas: bajo peso al nacer, pero no hay suficiente evidencia porque hay estudios contradictorios. Han encontrado también afectaciones dermatológicas y algunos síntomas y signos neurológicos: cefalea, mareos, irritaciones en mucosa en vías respiratoria, algunos problemas gastrointestinales y oftálmicos. Pero como son síntomas y no enfermedades no han sido todavía integrados en los reportes de enfermedad (…). Para desarrollarse una investigación médica se necesitan muchos años, lo más probable es que para el año 2020 o 2025 aumente el número de enfermedades relacionados con el fracking, ya no solo con sus síntomas “, aclaró el investigador.

En nuestro país aún no se ha desarrollado este tipo de investigación. En opinión de Rojas esto se debe a  la entrada reciente de la técnica al país  y la falta de interés para realizar investigaciones de salud pública.

“La falta de investigación del tema es un problema de interés. No hay grupos de investigadores en México que se interesen por el tema. ¿Cuántos investigadores en México están procurando recursos relacionados con esto? También puede ser que se encuentren interesados, pero pudieron haber recibido algún tipo de presión por alguna institución pública o privada u otra presión externa que puso en riesgo sus intereses . La investigación tampoco es tan libre se necesita seguridad económica y física. Una tercera posibilidad es que exista el interés, pero no hay fondos. Y por último, el Estado mexicano no tiene ninguna política de análisis de salud. Al revisar el marco normativo del fracking no se habla en ningún sitio del impacto en salud cuando en muchos lugares del mundo se esta cancelando por estas observaciones”, destacó Rojas.

 EL FRACKING EN MÉXICO

En México, el fracking se introdujo gracias a la Reforma Energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el poder legislativo en el año 2013.

El instrumento que se acompañó de leyes secundarias que modificaron la Constitución abrieron las puertas a la participación total del capital privado en el mercado de hidrocarburos. Con el pretexto de la disminución en el costo del gas y la electricidad se comenzó a explotar yacimiento de lutitas – rocas madres de petróleo para los que se emplea la fractura hídrica- en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En la actualidad existen 7 mil 879 pozos con una suma total de 36 mil 159 fracturaciones. Los datos fueron presentados el 24 de enero de este año por Cartocrítica, organización que pertenece a la Alianza Mexicana contra el Fracking y desarrolla investigación, mapas y datos duros.

De manera oficial las licitaciones a empresas extranjeras comenzaron a otorgarse en el año 2015 y para el 2018 ya se anunciaba la suscripción de la Tercera Licitación de la Ronda Tres. El total de las áreas licitadas cubre un total de 9 mil 513 kilómetros y se ubican principalmente en las cuencas de Burgos, los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Cartocrítica detalla que en materia de contratos y asignaciones vigentes  para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales existen 26 bloques ya adjudicados, 25 son asignaciones a Pemex. El restante es un contrato otorgado bajo la modalidad de licencia firmado en noviembre de 2018 por CNH, PEMEX Exploración y Producción y la empresa Operadora de Campos DWF, S.A. de C.V., para la exploración y extracción de recursos no convencionales entre los estados de Veracruz y Puebla, con una superficie de 140.88 km².

El curso de la práctica cambiaría en  a la entrada del nuevo gobierno . Siendo presidente electo,  Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación total de la fractura hídrica. El pasado 7 de diciembre la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) canceló de manera definitiva las rondas 3.2 y 3.3 pendientes en el país. Asimismo, la secretaría de Energía solicitó al organismo la exclusión de las 37 y nueva áreas contractuales de las licitaciones. Empero, la legislación sigue sin  establecer una cancelación formal de dicha práctica.

“Queremos que las declaraciones realizadas por Andrés Manuel López Obrador más allá de la aseveración de que se no se va a realizar más esta práctica se materialicen en una prohibición que puede venir desde el Ejecutivo o derivar desde legislativo. Buscamos que una promesa se materialice en un marco legal”, cerró Beatriz Olivera.

En nuestro país el método es relativamente novedoso. Beatriz Olivera explicó que esto se debe a que se desconocía la existencia de reservas, pero  su práctica se justificó con el agotamiento cada vez más acelerado de los recursos energéticos convencionales, en este caso, el petróleo.

“El fracking se empezó a usar en el contexto de la Reforma Energética para promover mayores inversiones, para promover la práctica (…) En México se hace desde hace pocos años, sin embargo, es un método que se utiliza desde hace muchos décadas sobre todo en Estados Unidos. Básicamente se usa para la extracción de recursos no convencionales aunque no exclusivamente , recursos que se consideran una vez que se han agotado los campos convencionales. Son de muy difícil acceso porque se trata sobre todo de gas, aunque también hay petróleo, que ya no se encuentran de manera fluida en el suelo.”, agregó Olivera.

De acuerdo con las estadísticas petroleras de Petróleos Mexicanos (Pemex) la producción del crudo ha ido en descenso. En el 2013 se producían 2.5 millones de barriles diarios, en el 2014 la cifra descendió a 2.4 millones de barriles diarios, en el 2015 la cifra bajaría dos unidades más, 2.2 millones de barriles diarios. En el 2016 la cifra pasaría a 2.1 millones. En el 2017 la cifra caería a 1.9 millones y finalmente en el año 2018 se viviría la peor crisis de petróleo que calculaba en noviembre una producción de 1.7 millones.

Edgar Ocampo, asesor y consultor en temas de consumo mundial de energía, reconoció que en efecto México tiene una escasez de recursos energéticos, sin embargo, no cuenta con las condiciones estructurales para su desarrollo, incluyendo las cualidades del suelo.

“El problema del fracking es que requiere condiciones de las cuales México no tiene ninguna. Requiere la propiedad del suelo, que tenga una propiedad dinámica que permita rápidamente intervenir en el territorio, requiere fondos de inversión, mucha utilización de agua, requiere una industria diversificada con la que no contamos en México, requiere de un apoyo a al técnica que no tiene nuestro país.”, aseveró el especialista.

Expertos internacionales como Roberto Ochandio, investigador especializado en materia de extracción de hidrocarburos y los impactos del fracking, han criticado los lineamientos emitidos por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) perteneciente a la Secretaria de gobernación, al considerar que no se especifican métodos legales para prevenir daños, ni sistematizaciones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones.

“El documento describe las obligaciones de los Regulados, pero no indica cómo se hará para asegurarse que se cumplan estas obligaciones, qué métodos legales se usarán para prevenir daños, o qué consecuencias tendrá el incumplimiento de estas obligaciones. Queda todo en manos de los Regulados: monitoreo de operaciones, informe de los eventuales daños, protección del medio ambiente, impactos en la salud y el medio ambiente. En ningún momento se indica cuáles serán las medidas en caso de incumplimiento, penalidades, proscripciones, publicación de estos daños, o compensación a poblaciones afectadas.”, aseveró Ochandio durante una presentación realizada con la Alianza.