La resolución “es inédita”, pero la falta de acceso a información prevalece para todas las etnias de México, lo que las coloca en grave estado de vulnerabilidad porque el sistema de salud “está desmantelado, hacen falta centros de salud y hospitales, medicamentos y personal médico”, dijeron organizaciones.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– En abril integrantes de los pueblos tsotzil, tseltal, zoque y chol obtuvieron el amparo 329/2020 para que el Gobierno federal y el de Chiapas les informen las medidas sanitarias de prevención contra la COVID-19 de manera apropiada y accesible considerando sus usos y costumbres. Pero cuatro meses después una Jueza determinó  las acciones como “insuficientes”, por lo que continúa el trato discriminatorio y violatorio de derechos por parte de las autoridades federal y estatal.

“Las acciones emprendidas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón y el Secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, fueron insuficientes y por ende violatorias de los derechos protegidos por los artículos constitucionales 1 (igualdad y no discriminación); 2 (derecho a la consulta y a las formas de organización de los pueblos indígenas); 4 (derecho a la salud); y el 30 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (derecho a respetar la cosmovisión de los pueblos indígenas y el derecho a la información a través de su lengua materna)”, resolvió el 12 de agosto Julissa González Rojas, Jueza Quinta de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El amparo fue promovido a inicio de año por Sebastiana López Díaz, Pedro López Gómez, Tomás Cruz Altunar y Lorenzo Vázquez López, indígenas tsotsil, tzeltal, chol y zoque por la falta de difusión de información oportuna, veraz, apropiada y accesible a través de los medios de comunicación (audiovisuales, orales y gráficos) en las lenguas tsotsil, tseltal, zoque y chol, sobre las medidas y acciones sanitarias efectivas de contención, prevención y combate de la pandemia.

En Chiapas se registran casi 6 mil casos de COVID-19 acumulados y más de 900 muertes.

La juzgadora federal González Rojas planteó que la obligación de garantizar el derecho a la salud de las personas que se autoadscriben como indígenas “no se limita a la traducción de información en sus lenguas originarias”, sino que debe implicar la participación activa de los indígenas y sus representantes, deben tomarse en cuenta sus usos y costumbres y, solo a partir de ello, difundir la información considerando el efectivo acceso a los medios.

“No basta que sea publicada en páginas de Internet, si las comunidades hablantes de la lengua indígena no tienen acceso a ese servicio”, dijo la Jueza.

La juzgadora federal ordenó al Presidente, al Gobernador de Chiapas y al Secretario de Salud a establecer un diálogo con las comunidades quejosas, en el cual se consideren sus usos, costumbres y especificidades culturales, así como el acceso que tienen a los medios de difusión, para establecer adecuaciones a la información en materia de prevención, contención y combate del virus.

PREVALECE A NIVEL NACIONAL

La resolución emitida por la Jueza “es inédita”, pero esta misma situación prevalece para todas las etnias de México, lo que las coloca en grave estado de vulnerabilidad porque el sistema de salud “está desmantelado, hacen falta centros de salud y hospitales, medicamentos y personal médico”, observaron la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN), el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE) y Rivero y Asociados, Defensa Estratégica en Derechos Humanos (DEDH).

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha recortado 11 mil millones de pesos al sector salud antes y durante la pandemia, según lo ha señalado recientemente el Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Armando Tejeda Cid. Por ello, “resulta hipócrita la declaración de duelo nacional por 30 días y los ‘homenajes’ diarios que ordenó se realicen en todas las oficinas a las víctimas de la COVID-19 y al personal de Salud”, acusaron las organizaciones.

El 40.5 por ciento de la población que vive en el medio rural, documentaron, es mayor a 60 años y el 20.9 por ciento de los menores de 5 años de la población rural padece desnutrición crónica, por lo tanto, las comunidades indígenas y campesinas están dentro del rango de alto riesgo por el coronavirus.

“Es una política de discriminación y sin un enfoque culturalmente adecuado por parte del Estado mexicano hacia la población indígena de nuestro país”, acusaron, por lo que llamaron a las autoridades a no impugnar el amparo y, para dejar de exponer la vida de miles de indígenas, acuerden las medidas de información.