Donetsk/Moscú, 18 abr (dpa) – La situación en el este de Ucrania seguía siendo hoy tensa, a pesar del acuerdo alcanzado el jueves en Ginebra para encauzar una solución a la crisis en la ex república soviética, que contempla el desarme de los separatistas prorrusos y el desalojo de los edificios públicos ocupados.

Los activistas que mantienen edificios ocupados en Donetsk pusieron como condición para su desarme que el gobierno de Kiev detenga la intervención militar contra su propia población, dijo su portavoz Miroslav Rudenko, en referencia a la “operación antiterrorista” lanzada hace unos días en la región.

Además, piden tener derecho a una ciudadanía rusa para, llegado el caso, poder pedir ayuda a Moscú, y la puesta en libertad de los líderes detenidos, así el desarme de las fuerzas ultranacionalistas como Sector de Derechas.

En esa misma dirección se manifestó hoy Rusia, que dejó claro que el compromiso de desarme de grupos no estatales no se refiere sólo a los separatistas prorrusos, sino que compete también a la cúpula de Kiev. “Evidentemente cuando hablamos de desarme nos referimos en primer lugar a la entrega de armas de las milicias del Sector de la Derecha y otros grupos fascistas que participaron en el derrocamiento de febrero en Kiev”, señaló hoy el Ministerio de Exteriores de Moscú.

Esas milicias que apoyaron las protestas prooccidentales contra el derrocado presidente Viktor Yanukovich deben desalojar también edificios ocupados y otros lugares en la ex república soviética.

La tensión continuaba mientras tanto en el este del país. En la ciudad de Slaviansk se escucharon disparos esta madrugada cuando tropas del gobierno ucraniano asaltaron un puesto de uniformados prorrusos. Informaciones no confirmadas señalan que al menos una persona murió.

En las conversaciones internacionales celebradas en Ginebra, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania acordaron que para la solución al conflicto ucraniano había que desarmar a todas las agrupaciones no estatales. Además, también se les exige el desalojo de los edificios y plazas ocupados.

Asimismo, una misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) supervisará la aplicación de lo acordado.

Además, el gobierno ucraniano prometió una reforma constitucional en el país, en el marco de los acuerdos. “Concederemos un estatus especial a la lengua rusa”, dijeron hoy el presidente de transición, Alexander Turchinov, y el primer ministro interino, Arseni Yatseniuk.

También se concederán mayores poderes en política fiscal y presupuestaria a los gobiernos locales. “El gobierno ucraniano está dispuesto a llevar a cabo una reforma constitucional general que refuerce los poderes de las regiones”, añade la declaración. Los habitantes del este y sur de la ex república soviética exigen más autonomía y el refuerzo de la lengua rusa.

En tanto, la guardia fronteriza ucraniana no deja entrar en el país a ningún ruso de entre 16 y 60 años por temor a que pase a formar parte de las fuerzas prorrusas. El ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú criticó la prohibición de ingreso en el país vecino señalando que se trata de una violación del derecho internacional.

A decenas de personas se les ha impedido viajar, indicaban los medios en Moscú. La medida también afecta a los periodistas. La compañía estatal rusa Aeroflot informó el jueves sobre las restricciones de viaje.

Rusia, por ahora, no ve necesidad alguna de una intervención militar, según declaró la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Mavyenko, a la agencia de noticias rusa Interfax. La funcionaria señaló que el presidente Putin no hará uso de sus plenos poderes para proteger, en caso de necesidad con ayuda del Ejército, a los ciudadanos rusos en Ucrania.

En su opinión, las conversaciones de Ginebra allanaron el camino para una solución pacífica al conflicto en la ex república soviética.

Sin embargo, el jefe de gobierno interino ucraniano, Arseni Yatsniuk, dijo en Kiev que no tiene muchas esperanzas en que la situación se calme a pesar del acuerdo logrado en Ginebra. Asimismo pidió a “los extremistas y terroristas” en el este de Ucrania: “Salgan, su tiempo se ha agotado”.

Por su parte, el gobierno de Kiev reconoció la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya durante un perido limitado de entre fines de noviembre de 2013 y fines de febrero de 2014, informó el tribunal, lo que permitiría un juicio internacional contra el derrocado presidente Viktor Yanukovich y otros ex miembros del gobierno.

Durante los meses de protestas contra el gobierno de Yanukovich en Kiev, numerosos manifestantes murieron por disparos de francotiradores. El parlamento ucraniano responsabiliza de ello a ex miembros de ese gobierno.

Rusia se refirió hoy también a las amenazas de nuevas medidas de fuerza contra Rusia por parte de Estados Unidos como “inaceptables”. “Da la impresión de que el lenguaje de sanciones sustituye cada vez más a la diplomacia en Washington”.

“La parte estadounidense insiste con terquedad en limpiar las actuaciones de la actual cúpula de Kiev”, que reprime violentamente protestas legítimas en el sureste del país. “La culpa de la crisis ucraniana y su actual escalada se atribuyó injustificadamente a Rusia”, añade el texto.