Un año y nueve meses después de que la investigación periodística del sitio Aristegui Noticias develará la existencia de la “casa blanca”, propiedad de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, construida por uno de los principales contratistas del Estado. Las reacciones al ofrecimiento de disculpas no se han hecho esperar, y especialistas ven una maniobra política que puede terminar perjudicando la ya desgastada imagen del mandatario de la nación. ¿Es la petición de Peña Nieto una asunción de culpabilidad que le puede conllevar repercusiones legales?

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Hoy el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció haber cometido un error que daño la imagen de su familia y su investidura. La propiedad de su cónyuge Angélica Rivera Hurtado valorada en 86 millones de pesos desató una ola de críticas por haber sido construida por Grupo Higa, contratista de grandes obras de infraestructura desde que el mandatario era Gobernador del Estado de México. El anuncio del Presidente, hecho durante la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), no desviará la atención por los actos corruptos que han existido durante este Gobierno, apuntaron especialistas consultados.

Ante un foro lleno de personas Peña Nieto apeló a la autocrítica para recuperar la confianza ciudadana antes de reconocer que había cometido un error al adquirir esa propiedad. Si bien Peña no reconoció haberse conducido fuera de la ley, sí expuso que su imagen se vio afectada.

Especialistas detallaron que al pedir perdón Peña Nieto asumió la responsabilidad de haber incurrido en malos manejos. Sin embargo, debido a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo libró de cualquier conflicto de interés, el sometimiento a consecuencias legales es nulo.

“Él hace esta declaración en el seno de la promulgación del Sistema Anticorrupción. Y en un calculo político intenta anticiparse a las acusaciones que vendrán sobre este tema. Sin embargo, sí podría ser interpretado como una asunción de culpabilidad. No en el sentido jurídico, pero sí en uno coloquial”, dijo el investigador de la Universidad Iberoamericana, Gilberto Santa Rita Tamés.

Por su parte, el politólogo Enrique Tousseint sostuvo que el perdón no es un acto que concluya un episodio, sino que abre un proceso de reconciliación, que viene después de una pelea. “ ‘El perdón’ por sí solo, no dice nada, tiene que ir acompañado de distintas medidas para corregir una conducta que calificas como error. Si no hay esas acciones, lo que está haciendo el Presidente es un acto mediático; quiere que la gente piense que tiene un Presidente capaz de pedir perdón. Pero eso no basta, tiene que decir qué pasó con la ‘casa blanca’, ordenar una investigación autónoma y que nos diga si sí o no hubo conflicto de interés”, explicó.

Para el politólogo, el perdón será sincero cuando esclarezca la ‘casa blanca’, la casa de Malinalco de Luis Videgaray y los vínculos del Gobierno con la empresa OHL. Asimismo como los casos de impunidad, entre ellos, el de Ayotzinapa y Tlatlaya.
Marco Arellano Toledo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalló que el “pedir perdón” fue una simulación con fines de aprobación política.

En junio una encuesta de la empresa Grupo de Economistas y Asociados, junto con Investigaciones Sociales Aplicas, reportaron que los niveles de aprobación del Presidente oscilaban en 35 por ciento, nueve puntos menos que en el primer trimestre del año.

“Yo creo que es una reacción justo a los bajos niveles de aprobación, pero estos no se suben pidiendo perdón, sino haciendo gobierno. Con políticas públicas, mejorando el tema de la pobreza. Este es un tema de moral pública. El propio Manlio Fabio había mencionado que los partidos resienten lo que los gobiernos hacen. Y ahora se está tratando de limpiar su imagen. No hay elementos de ilegalidad, pero el hecho de que el Presidente viva en una casa de millones no le hace bien a la salud de la república”, dijo Arellano.

RUMBO AL 2018

Ricardo Espinoza Toledo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), apuntó que estas maniobras deben tomarse en su justa dimensión conforme a las elecciones del 2018.

“Este presidente está acostumbrado a sustituir la acción política por los discursos, y ha llegado un punto en el que todo lo que ha dicho ha retratado a un país inexistente. Habla de que los problemas se están superando, que la delincuencia está siendo eficazmente combatida, etcétera, pero la realidad es otra. Entonces este perdón es una variación en el discurso”, dijo el profesor.

El Senador del Partido de la Revolución Democrática Miguel Barbosa Huerta señaló que la percepción de la corrupción ha terminado por hacer que el Presidente busque medidas electorales.

“En el Gobierno federal tienen medido que el partido en el poder está identificado con la corrupción y este hecho inédito es parte de una estrategia del poder público para intentar variar la percepción que tiene la sociedad sobre el partido y sobre el ejercicio del poder. Es parte de una estrategia rumbo al 2018”, dijo Barbosa.

El presidente del Senado de la República, el panista Roberto Gil Zuarth, quien participó en la ceremonia de promulgación de las leyes del SNA, afirmó que a pesar de la transición democrática que favoreció la alternancia en el poder, las prácticas de corrupción se evidenciaron “como el mayor de los problemas y se convirtió en política pública”, porque además se patrimonializó individualmente lo que era público.

El legislador expuso que las prácticas de corrupción profundizan las desigualdades sociales, porque reproduce los privilegios de unos cuantos, por lo que pese a los avances del sistema democrático “nos amanecimos con la corrupción instalada en la sala”.

SALIDA DE VIRGILIO

Esta mañana, Virgilio Andrade Martínez renunció a la titularidad de la SFP, tal y como estaba establecido en la promulgación de las nuevas leyes, para dar paso a un sucesor elegido por una nueva designación presidencial.

“[La salida de Andrade] habla de que el mismo Presidente se da cuenta de que esta salida por la que optó en su momento, no sólo no ayudó en el esclarecimiento del caso, sino que incluso fue al revés: dificultó la credibilidad de la presidencia. Lo que se configuró ahí fue cómo un Presidente utiliza a alguien que no tiene legitimidad para poder lavar un problema muy claro de conflicto de interés”, dijo Tousseint.

El pasado 3 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Andrade Martínez como titular de la SPF luego de que esa dependencia permaneció 26 meses sin alguien al frente. En esa ocasión, Peña le ordenó investigar si hubo conflicto de interés entre empresas que fueron beneficiadas con contratos de sus gobiernos y la compra de propiedades de él, de su esposa, Angélica Rivera Hurtado, y del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

“No hay problema, ¿no?, ya ha pasado con una casa de Osorio Chong, con una casa de Videgaray”, ironizó Santa Rita. “El problema es que el Secretario de la Función Pública depende del Ejecutivo. De tal manera que en un país tan corrupto y opaco como este, pues no hay una correcta asignación de funciones para investigar”, agregó.

Al finalizar su gestión, Andrade no inculpó a un solo funcionario por actos de corrupción. Espinoza Toledo detalló que su designación para emprender la tarea de determinar si hubo o no conflicto de interés en el caso de la “casa blanca” tampoco abonó a la imagen presidencial.

“Esto generó mayor desconfianza en el gobierno y mayor enojo social. Y buena parte de la sociedad se sintió engañada, cuando nombraron a un empleado para que se encargara de decir que formalmente no había ni corrupción ni conflicto de interés”, dijo Espinoza.

OPOSICIÓN REACCIONA

Los partidos políticos de oposición también estuvieron atentos a la salida de Andrade.
Ricardo Anaya Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) señaló: “se cierra uno de los capítulos más desafortunados en materia de combate a la corrupción de la historia de México”.

El presidente del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, calificó la salida de Andrade como el fin de una etapa “gris”. “ “Termina como un secretario gris, un secretario inservible que lo único que ayudo fue a tapar y a obstaculizar las investigaciones respecto a la casa blanca”, consideró.

La corrupción le costó a México 9 puntos del Producto Interno Bruto en el 2015, de acuerdo con datos del Banco de México. De acuerdo con Anaya, los problemas de esta administración para encontrar casos de conflicto de interés demostraron la importancia de que los organismos de fiscalización sean autónomos.

Con miras hacia el futuro, la Diputada federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alicia Barrientos Pantoja exigió que Andrade sea investigado, “por un posible conflicto de intereses durante el periodo en el que estuvo al frente de la contraloría pública”. Además, resaltó la importancia de que el proceso de selección del nuevo titurlar de la SFP se realice de forma transparente.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN PELIGRA

El presidente de la Cámara de Diputados y Diputado del PRD Jesús Zambrano Grijalva lamentó que el Presidente Enrique Peña Nieto no reparara en vetar el artículo 29 de la Ley de responsabilidades administrativas, como sí lo hizo con el artículo 32.

Mientras que la petición de la industria privada de quedar forma de la presentación de sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés fue atendida; el artículo 29 sin modificar permitirá que estas declaraciones permanezcan ocultas a la ciudadanía.

El SNA promulgado hoy nace con serios retos. “Que el Presidente tenga que volver a designar a alguien, después de que el anterior se tuviera que ir previo a la promulgación de las leyes me parece una descoordinación”, opinó Arellano.

Espinoza detalló que este modelo de Peña Nieto de designar a titulares de dependencias fiscalizadoras terminó por ser replicado a nivel estatal gracias a las promulgaciones de los sistemas anticorrupción. Lo que supone una desviación de su propósito original.

“Se utiliza la Ley para encubrir, y al sistema jurídico para justificar actos injustificables, ese mal ejemplo, cundió en el país y se reprodujo en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz [cuando los gobiernos estatales impulsaron paquetes de ley anticorrupción]”, explicó Espinoza.

Debido a un adelanto a la promulgación de leyes estatales antes de que existiese un marco federal, Peña Nieto vetó los paquetes anticorrupción en estos tres estados mediante la solicitud de inconstitucionalidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, los nuevos sistemas anticorrupción estatales corren el riesgo de propiciar la impunidad, sino se desconcentran del dominio de los gobernadores.

“Vamos a ver si en los congresos locales no se desvía el espíritu del SNA, tienen que pasar muchas cosas para que veamos la verdadera voluntad del poder público en México de apartarse de ese lastre que se llama ejercicio del poder corrupto”, consideró el Senador Barbosa.

Para la oposición, el mayor reto del SNA será justamente terminar de indagar el caso de la “casa blanca”.

“No puede quedar en la impunidad, ni mucho menos puede reducirse a pedir perdón ante las cámaras de televisión. Si con el SNA realmente se quiere iniciar una nueva etapa en donde el Estado mexicano combata la corrupción, ese caso se debe investigar hasta las últimas consecuencias y el Presidente, como un servidor público y en un verdadero ejercicio de ética pública y responsabilidad política, debe rendirles cuentas a los mexicanos”, dijo Clemente Castañeda Hoeflich, jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.