Lucía Alvarado era una mujer que hace más de once años desconocía todo en relación a procesos penales, prisiones y derechos humanos, hasta que su hermano, Mario, fue encarcelado y sentenciado a diez años de prisión por un delito que afirma no cometió.

La vida de Lucía dio un giro total: hoy lucha porque los familiares de personas en prisión conozcan la Ley Nacional de Ejecución Penal, una legislación garantista en derechos humanos aprobada en junio de 2016.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Lucía Alvarado González se levanta a las seis de la mañana, prepara el desayuno y alista unos pequeños volantes que llevan la frase: ”¿Cómo te cambió la vida desde que tu familiar está en prisión?”; se pone una playera con la misma leyenda y parte rumbo a algún penal de la Ciudad de México. Esa es su rutina cada dos jueves de mes.

Lucy era una mujer que hace más de once años desconocía todo en relación a procesos penales, prisiones y derechos humanos, hasta que su hermano Mario fue encarcelado y sentenciado a diez años de prisión por un delito que afirma no cometió.

La vida de Lucía dio un giro total: hoy lucha porque los familiares de personas internas en penales conozcan la Ley Nacional de Ejecución Penal, una legislación garantista en derechos humanos, aprobada en junio de 2016.

El 23 de marzo de 2007, Mario Alvarado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acusado de presuntamente solapar la llegada de una maleta con droga que provenía de Colombia. Su acusación se basaba en el dicho de uno de sus compañeros, mismo que fue sacado con tortura.

Lucy se dedicó a visitar los juzgados y estar al pendiente del proceso contra su hermano. La familia se tuvo que conformar con el abogado de oficio porque no tenían los recursos para pagar un particular.

“Es que de verdad no teníamos dinero, creíamos que iba a salir porque era un mal entendido y que en una audiencia se iba a ver que mi hermano es inocente y la verdad pues no pasó así porque a mi hermano le tocó ser juzgado en el anterior sistema y la verdad que nunca hubo juez: todas las audiencias eran con el secretario, el defensor público y el MP, no había nada más”, cuenta en entrevista con SinEmbargo.

Los primeros siete años y medio en que Mario estuvo preso en el Cefereso 1, El Altiplano, sus allegados lo visitaban cada semana en lo que transcurría el proceso.

Lucy y la esposa del interno eran quienes hacían las labores de indagar y recabar evidencias para demostrar la inocencia de su familiar.

“La verdad es que yo y mi cuñada nos dimos a la tarea de ser investigadoras, porque no había más. Porque no teníamos a otro abogado, más que el de oficio. Preguntamos con un particular y en ese entonces nos dijo que para las primeras audiencia nos iba a cobrar 500 mil pesos. Eso es un montón de dinero que no teníamos y no tenemos”, recuerda.

A los dos años de ser detenido, Mario fue sentenciado a 20 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. La defensa apeló la resolución.

Los días de Lucy se convertían en un ir y venir a instancias legales. “Teníamos que ir al juzgado hasta dos o tres veces por semana. Íbamos a Toluca a todos los trámites y a buscar pruebas, ayudando a la defensa de algún modo. Solo así pudimos recabar tanta información”, comenta Lucy.

A los siete años y medio la familia logró que un Magistrado reconociera que Mario no participó  y que no estaba en el lugar de los hechos cuando llegó la maleta con droga. Con ello le quitaron el “delito contra la salud”; pero la segunda instancia dejó la acusación de delincuencia organizada y sólo modificó la sentencia de 20 a 10 años de prisión, misma que Mario cumplió siendo inocente, asegura su familia.

En ese momento Mario fue trasladado a un penal federal en Guanajuato. Eso y agravó el ánimo de la familia, puesto que ya sólo podían visitarlo una vez al mes.

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El 74.01 de la población penitenciaria, es decir 155 mil 874 internos, están en prisión sin un juicio de acuerdo al Observatorio de Prisiones que la organización civil Documenta reporta con base a datos de la primera Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad (ENPOL), publicada en agosto de 2017 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El 19.44 por ciento, es decir 40 mil 982 personas están en un rango de edad entre los 25 a 29 años de edad; 40 mil 529 personas entre los 30 a 34 años de edad, que corresponden al 19.2 por ciento; 34 mil 33 personas (16.14 por ciento) son de 35 a 39 años.

El 13.38 por ciento, 28 mil 20 internos son jóvenes entre los 18 a 24 años. El grupo de 40 a 44 años corresponde a 12.49 por ciento, es decir 26 mil 344 personas. Los internos entre los 45 a 49 años, abarca en total 8.12 por ciento.

La población adulto mayor en prisiones, 6 mil 532 personas, representa a un 3.10 por ciento. Un total de 11 mil 530 internos son población indígena que corresponde al 5.46 por ciento.

Los internos ya están pagando su delito con la prisión y eso no los exenta a ser sujetos de los derechos humanos más básicos, dice Lucy. Foto: Cuartoscuro, Archivo

INICIA EN EL ACTIVISMO

Lucy empezó con el activismo de manera fortuita. En el año 2014, una abogada la invitó a una charla afuera del Senado sobre el sistema penitenciario en México.

Así es como la mujer llegó a unas pláticas que impartía el catedrático del ITAM, Manuel Sarret sobre justicia penal.

“Era a mediados de 2014. Nos reunimos la plaza Louis Pasteur con el maestro Manuel Sarret. Él quería platicar con familiares de personas privadas de la libertad. Esa vez éramos como 30 personas”, cuenta Lucy.

El catedrático, recuerda la activista, expuso a las familiares sobre La  Ley de Ejecución Penal”, en ese entonces era un proyecto legislativo para regular, ordenar y garantizar derechos humanos para las personas privadas de la libertad.

“Todos escuchábamos, no sabíamos bien a bien qué nos estaba planteando; pero nos interesó, nos quedamos como tres horas y después nos volvimos a juntamos cada mes”, detalla.

Así como los familiares empezaron a reunirse mes con mes. En cada sesión, el experto en derecho les impartía una serie de clases.

“Nos enseñaba clases de derechos humanos, sobre las obligaciones de las personas presas, y qué derechos tenía mi hermano, porque yo en ese entonces desconocía todo, pensé que mi hermano no tenía ningún derecho, que teníamos que seguir las reglas de los penales y se acabó el asunto. Yo no sabía nada de derechos”, reitera Lucy.

La organización Madres y Hermanas de la Plaza Louis Pasteur se formó a raíz de esas reuniones. “Con el grupo de familiares vino otro cambio más grande porque ya no sólo era mi visita y los trámites para mi hermano sino que también actividades para difundir el grupo”, agrega.

LAS FAMILIAS EN LOS PROCESOS

La vida de las personas en reclusión no sólo queda en ellos, sino que están los familiares quienes sostienen toda la situación, explica Lucía Alvarado.

“Aunque no fuéramos parte del proceso penal, sí éramos parte de la situación, porque cuando un familiar entra en prisión claro que te vuelves parte del problema”, dice.

La ahora activista describe que en su mayoría son mujeres las que están más involucradas con el tema de prisiones.

“Porque afuera de las filas de los reclusorios y la mayoría son un 99 por ciento son mujeres las que esperan con bolsas comida, con ropa, con cobijas para poder ver a su hijo, esposo, nieto. La mayoría son mamás, o hermanas, luego esposas. Por eso decidimos llamarnos así: las Madres y Hermanas de la Plaza Louis Pasteur”, añade.

En México el 70.34 por ciento de la población penitenciaria [148 mil 413 internos] tienen dependientes económicos.

El 61.50 por ciento del total de internos,, es decir, 129 mil 755 personas en prisión, tienen hijos menores de 18 años de edad.

La Organización que encabeza Lucía Alvarado se focaliza en dar acompañamiento moral a los parientes de las personas en situación de cárcel, a conocer los derechos y los procesos.
Lucía aclara que la asociación no litiga caída porque no tienen recursos para contratar abogados.

“formamos un circulo penal, cada quince un especialista nos vaa dar una ponencia y esa ponencia viene muchísimo, a ver el control de sistema de justicia. Aunque no nos lleven el caso pues al ver estos conocimientos sí vienen muy bien, porque los familiares de enfrentan a muchos procesos acompañados de mucha ignorancia”, destaca Lucía

El 72.27 por ciento de los internos, es decir 152 mil 160 personas solo tienen educación básica. El 19.27 por ciento tiene educación media superior.
Solo el 4.64 por ciento de los internos cuenta con estudios universitarios y un 3.82 por ciento no tiene ningún tipo de educación.

Documenta, en su monitoreo y observaciones, reporta de enero hasta 16 julio de 2018 un total de mil 293 incidentes en prisiones de los cuales 206 son decesos, 421 agresiones a terceros, 154 autoagresiones, 3 fueron intentos de gua, 2 fugas, 3 motines, 421 riñas, 24 homicidios, 21 intentos de suicidios, 25 sucedidos, 12 huelgas de hambre, y un intento de violación.

En 2017 se reportaron en total 2 mil 266 incidentes.

Lucy participó en los diálogos para la construcción a la Ley de Ejecución Penal, aprobada en 2016. Foto: Crisanto Rodríguez/ SinEmbargo

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INCIDIR EN LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL

Lucy tuvo la oportunidad de ser invitada a participar en foros y discusiones para la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde ella exponía en representación de varias familias cómo la pena y prisión trascendía directamente a los allegados de los internos. “Afecta desde el primer día, económica, moral, psicológica y físicamente. Todo, te lleva entre las patas”, comenta.

En sesiones con senadores, la activista planteó y pidió que la nueva Ley debía estar legitimada por los familiares de los internos. “Fue una Ley muy discutida, muy controversial. Decían que era una ley para beneficiar a los presos, para ayudar a los delincuentes y no es así”, afirma.

Lucy explica que la Ley Nacional de Ejecución Penal viene a judicializar las prisiones “para que ya no sean una tierra de nadie donde la autoridad solo sea la autoridad de una cárcel y que esos mandos ahora van a tener que estar bajo la supervisión y bajo las reglas que decida un juez de ejecución”.

Esa Ley se aprobó en de junio de 2016 y a finales de este mes de noviembre vence el plazo para que entre totalmente en vigor en todo el país.

La lucha de Lucía Alvarado es porque la Ley se respete en las prisiones y también se dé prioridad a los derechos humanos. Foto: Cuartoscuro

Lucy se siente satisfecha con participar en el proceso y con la misma legislación porque -dice – sí se obtuvo la legitimación para que los familiares puedan ser parte en los trámites que se hagan cuando tienen un ser querido en prisión.

Explica que con esta Ley ahora los internos pueden poner queja ante director del penal por cuestiones de salud y alimentos, y si no es resuelta pueden acceder a un juez de ejecución.

“Es una Ley que viene a poner contrapesos. Una de las cosas más extraordinarias de esta ley es que a las personas ya se les ve como sujetas de derechos y que pueden tomar decisiones para ellos mismos, que no son objetos de tratamiento. Es una ley que buscaba una prisión con Ley”, destaca.

El tema de prisión es muy estigmatizador y quienes viven esos procesos lo viven casi en solitario, agrega Lucy.

“La idea de la organización Madres y Hermanas de la Plaza Louis Pasteur era o tener la oportunidad de incidir en esa ley y la otra es acompañarnos en esto” finaliza.