Priscila entró a la habitación del hospital donde atendían a su hijo que acababa de quedar con paraplejia tras caer de un techo mientras trabajaba para otro interno dentro del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. La escena fue desgarradora e incomprensible para la mujer: “Lo tenían con las esposas en su pie y a su cama, ¡aún sabiendo que mi hijo no iba poder volver a caminar!”.

Óscar, el interno de 32 años, fue víctima de múltiples violaciones a sus derechos –antes y después del siniestro–, entre éstas al trato digno y acceso a la salud para su delicada condición. También fue víctima de prolongados trámites burocráticos que obstaculizaron su atención médica, lo que provocó que perdiera la oportunidad de una cirugía que le diera una mejor calidad de vida.

“Yo pedí que me dejaran a mi hijo, si él ya no podía mover ni sus pies ni sus manos, él ya no era ningún peligro para la sociedad, ni para nadie”, dice Priscila. Pero nadie escuchó a la madre; Óscar murió a la espera de la respuesta de las autoridades.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Óscar entró a prisión y no salió vivo de ella. El 19 de septiembre de 2017, horas antes del sismo de 7.1 grados que sacudió el centro del país, cayó de un techo mientras ponía una lona mientras “trabajaba” para otro interno. El siniestro dentro del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México dejó a Óscar con paraplejia. Su condición se agravó hasta la muerte.

Durante casi cuatro meses de agonía, el interno de 32 años fue víctima de una serie de violaciones a sus derechos humanos más esenciales, como un trato digno y acceso adecuado a la salud y a la alimentación, todo por el estigma contra las personas privadas de su libertad, denuncia la organización civil Documenta.

Priscila, la madre, se ha enfrentado desde el accidente y hasta la muerte de su hijo a la violencia institucional de las autoridades penitenciarias y judiciales de la capital del país. Primero, con un deficiente manejo de la situación –lo que provocó que Óscar perdiera la oportunidad de una operación–, la estigmatización contra el herido y, principalmente, frente a la petición de la liberación bajo la figura legal de sustitución de la pena por precariedad de salud, establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“Al principio [todavía en el hospital] lo tenían con las esposas en su pie amarradas a su cama, ¡aún sabiendo que mi hijo no iba poder volver a caminar!. […] Yo pedí que me dejaran tener a mi hijo: si él ya no podía mover ni sus pies ni sus manos, él ya no era ningún peligro para la sociedad, ni para nadie”, narra Priscila.

El trámite quedó estacando por largos procesos burocráticos y Óscar murió el 28 de enero de este año a la espera de la respuesta institucional que jamás llegó.

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El DÍA NEGRO

Era un martes, día de visita para los internos. Óscar estaba sobre la cornisa de una tienda, que adentro del penal  llaman “La Conasupo”. Colocaba una lonas en los puestos de comida que instalan durante los días de visita. Ese era su empleo dentro de la cárcel. Su jefe era otro interno que le pagaba de 20 a 30 pesos por día, cuenta Priscila.

“Mi hijo se subió para amarrar la lona. Ahí no usan lazos, sino pedazos de cobija para amarrar ese tipo de lonas; entonces, primero amarró de un lado y cuando se pasó de otro lado, porque no tenía escalera ni nada –no sé como le hacía él para realizar ese trabajo– la amarró de otro lado, y a la hora de jalar para que quedara bien fija la segunda punta, se tronó la primera…”, cuenta la mujer.

El accidente, estima la entrevistada, ocurrió alrededor de las 9 de la mañana. La novia de Óscar fue la primera en enterarse, porque ese día ella acudió a la visita y ahí le avisaron que había tenido una caída grave. Sin embargo, a la joven no le dieron más detalles; ella trató de comunicarse con su suegra, inmediatamente después de la noticia.

“Cuando mi nuera pudo entrar [al penal] eran como las 10 y media o casi 11 de la mañana, y ya habían limpiado todo, la sangre y todo. Los compañeros de mi hijo le dijeron a mí nuera lo que había pasado y que, tal vez, ya había muerto”, detalla.

Priscila estaba en su trabajo y no tenía el celular consigo. La mujer recuerda que no lo usaba durante sus labores sino hasta el horario de comida, que era alrededor de la 1 de la tarde. Llegó la hora cuando notó que tenía 34 llamadas perdidas de su nuera. Ya no se pudo comunicar con ella debido a la contingencia por el sismo y a la señal perdida a raíz del mismo.

La mujer regresó a su casa y ahí, alrededor de las 5 de la tarde, arribó una de sus hijas para decirle que la novia de Óscar la buscaba para informar sobre un accidente. Priscila tomó rápidamente su bolsa, salió de su vivienda y se dirigió al penal. Con la ciudad hecha un caos por el terremoto, y el poco transporte que había en ese momento, llegó hasta las 10 de la noche.

“Fui a la entrada principal del penal y nadie me supo dar razón [del accidente]. Le pregunté a los custodios que estaban en la entrada y me dijeron que ellos no sabían nada de un accidente, que ellos no me podían decir nada”, cuenta.

Priscila preguntó a los custodios, tanto del acceso frontal como de la zona ingreso de las camionetas de traslado, pero ninguno le quiso proporcionar información, sólo le respondían que no tenían conocimiento de ningún accidente y que no le podían brindar informes.

“Yo les lloré, les supliqué que me dijeran dónde estaba mi hijo, y no me hicieron caso. Me dijeron que fuera al día siguiente temprano a ver que había pasado”, añade.

La mamá del interno cuenta que se dirigió a los hospitales cercanos al reclusorio: al Hospital Belisario Domínguez, entre otros, ahí preguntó y buscó a su hijo, pero no lo encontraba.

Al día siguiente, a las 5 de la mañana, Priscila salió de su casa para llegar a las 7 al reclusorio. Ahí preguntó a los custodios, haciéndoles saber que ella ya tenía conocimiento de que se había reportado un accidente, pero que desconocía dónde estaba su hijo. La mujer cuenta que otra vez clamó por información, pero los custodios insistían en que ellos no sabían nada.

“Yo les decía: ‘déjenme pasar a ver al director o alguien. Tienen que decirme dónde está mi hijo. Yo sé que mi hijo está vivo. ¿Dónde está mi hijo?’. Ellos solo me dijeron que me esperara”, recuerda.

Una trabajadora social del penal llegaba a las instalaciones cuando Priscila suplicaba por datos. La funcionaria tuvo que instruir a los guardias que le avisaran al director del penal, cosa que ya les había solicitado Priscila.

“Cuando el director se enteró de que yo estaba ahí, de inmediato me dieron el acceso y pasé”.

Priscila le reclamó al director de la cárcel por qué no le notificaron sobre el accidente y él respondió que eso no se hacía de inmediato por supuesta “seguridad del paciente y del interno”, pero que “sí le iban a avisar, aunque no sabían cuándo “, dice la entrevistada.

El director del reclusorio, recuerda, le dijo que su hijo estaba bien y que lo habían llevado al Hospital Balbuena. El funcionario le dio ánimos, la tranquilizó y le dio un pase de visitas para cinco personas.

Personas defensoras de derechos humanos destacan que las personas que están en prisión ya están pagando por su delito; sin embargo, en México existe una gran estigmatización para las personas privadas de libertad y con antecedentes penales, y se normalizan e invisibilizan las violaciones a sus DDHH. Foto: Cuartoscuro

ESPOSAR A ALGUIEN CON PARAPLEJIA

Priscila y su nuera acudieron al hospital, en donde finalmente pudieron ver a Óscar. “Todavía no le limpiaban bien su cabeza. Le cocieron como si fuera un mapa, y ya cuando lo vi, lo abracé y lo regañé y el me besaba pero no me abrazaba mijo”.

Priscila rememora el diálogo con su hijo.

–¿Qué te pasó, qué te dicen los doctores? –le preguntó.

–Voy a quedar inválido –le contestó.

“Yo me puse como loca. Fui a buscar al médico que lo estaba atendiendo y le pregunté qué es lo que le pasaba a mi hijo, y me dijo que mi hijo se había caído y que iba a quedar parapléjico, y le dije que qué era eso. El médico me comentó que iba quedar inválido de sus pies y de sus manos, y me lo dijo delante de mi hijo”, recuerda.

A Priscila le permitieron estar sólo unos minutos en la habitación porque desde ese momento iban a custodiar a Óscar, aunque él ya no se podía mover; también lo iban a trasladar al Hospital de la Villa, donde había especialistas para que hicieran más por él. Sólo esperaban la ambulancia del reclusorio, que tardó varias horas en llegar.

Un médico alertó que la ambulancia del reclusorio no estaba apta para la gravedad del joven, así que puso a disposición una unidad del nosocomio, describe Priscila, pero los del reclusorio no aceptaron el traslado en la unidad del hospital e insistieron en llevarlo en la ambulancia del penal.

Tampoco dejaron a la madre ir en la ambulancia con su hijo, pese a la recomendación de una trabajadora social, así que ella tuvo que trasladarse en el Metro; ese día ya no alcanzó a entrar a la hora de visita.

Priscila regresó al día siguiente. La imagen al ver a su hijo fue desgarradora para la mujer: “Al principio lo tenían con las esposas en su pie y a su cama, aun sabiendo que mi hijo no iba poder volver a caminar”.

En el hospital no le permitieron quedarse las 24 horas con su hijo para atenderlo. Ella quería quedarse porque Óscar le informó que una de las enfermeras del turno nocturno le gritaba y lo maltrataba.

“Yo puse como dos quejas a esa señora, ahí en el hospital. Mi hijo me decía que ella le gritaba en su cara que no estuviera dando lata. Él no podía rascarse su cabeza, le llamaba pero ella le decía que no era el único paciente que se esperara”, relata la madre. La enfermera fue relevada posteriormente.

Los médicos notificaron a Priscila que Óscar requería de dos operaciones: una de su columna, para que pudiera estar sentado, y otra de cervicales.

“El doctor me dijo que tenía que comprar el material que se iba a necesitar para mi hijo. Le pregunté que cuánto me costaba eso y me dijo que como 100 mil pesos. La trabajadora social del Hospital de la Villa me dijo que no me preocupara, que el Gobierno de la Ciudad de México podía donar ese material y que ella podía ayudarme con ese trámite”.

Sin embargo, Óscar perdió la oportunidad de que le practicaran una de las dos cirugías –la de la columna, para poder estar sentado–, por la burocracia en los trámites administrativos y por no existir un recurso destinado para atender esos costos de emergencias para las personas privadas de la libertad.

“Los médicos fueron muy buenos en la Villa, lo atendieron bien y se preocupaban por él, pero el material no llegó a tiempo. Pasó como un mes para que el Gobierno pudiera donar el material que requería. Como ellos se tardaron mucho, no se pudieron hacer dos cirugías, sólo la de las cervicales y ya no pudieron hacer la de la columna vertebral, porque ya había pasado mucho tiempo y el material se quedó ahí”, describe Priscila.

Las autoridades penitenciarias tienen la responsabilidad desde el accidente porque, de acuerdo con la legislación, el Estado debe de velar por condiciones de seguridad para las personas que están privadas de la libertad, de acuerdo con lo aprobado en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), publicada el 16 de junio de 2016.

Óscar perdió la oportunidad de que le practicaran una de las dos cirugías que necesitaba –la de la columna, para poder estar sentado–, por la burocracia en los trámites administrativos y por no existir un recurso destinado para atender esos costos de emergencias para las personas privadas de la libertad. Foto: Cuartoscuro

DE REGRESO A LA CÁRCEL

A Óscar lo regresaron al Reclusorio Oriente tras ser dado de “alta” en el Hospital de La Villa. El joven sufrió maltratos y múltiples violaciones a sus derechos, entre ellos a un trato digno y acceso a la salud, pues el reclusorio no tenía la infraestructura para su delicada condición. Además, obstaculizaron su atención médica y alimentación, denuncian Priscila, su madre, y la organización civil Documenta, quien tomó su caso.

“Tuvieron que regresarlo al Reclusorio Oriente porque ahí también tenían hospital. En el Hospital de la Villa mi hijo estaba comiendo sanamente, le ponían nutriólogo, pero cuando llega al reclusorio le daban de comer lo mismo que a todos”, expone Priscila.

A Óscar lo alimentaban con una bolsita de cereal, tres manzanitas, pozole, papas, le daban la comida normal, pese a que requería una dieta especial. Además, el joven comía a deshoras, pues no tenían al suficiente personal que lo alimentara. A raíz de la paraplejia, le salieron escaras o úlceras en el cuerpo. En el Hospital de la Villa lo curaban pero en la clínica del Reclusorio Oriente se volvió a dañar las heridas.

El personal médico del Hospital de la Villa le recomendó a Priscila comprarle a su hijo un colchón de agua para que no se le formaran más escaras en su piel. La mujer compró el colchón, pero en el penal no lo usaron.

“Cuando voy al Reclusorio Oriente cargo con el colchón de mi hijo y se lo pusieron, pero como ahí no hay agua a temperatura, y el agua fría le podía causar una neumonía, botaron el colchón. Ya mejor, recogí el colchón de mi hijo, me lo traje a casa”, cuenta la mujer.

Mientras estuvo en el Reclusorio Oriente, a Óscar le salió otra escara cerca del coxis, abunda la madre. Lo trasladaron del nosocomio del Reclusorio Oriente al Reclusorio Sur [o Tepepan], ya que necesitaban poner una sonda para que pudiera defecar y en ese otro nosocomio, supuestamente sí tenían los aparatos.

“Cuando lo sacaron a Tepepan [la escara que le salió] ya era un hoyo bien grandote, se le veía al huesito”, agrega la madre.

En Tepepan también vulneraron el derecho a la alimentación del joven, denuncia la madre, pues los custodios no permitían que los compañeros de Oscar le ayudaran.

“En Tepepan se quedó, y ahí la visita era de 10 de la mañana a 11, sólo tenía una hora. Ahí me dejaban entrar a ver a mi hijo, y como no movía ni sus manos ni sus pies, había un muchacho que le ayudaba, él también era interno. El compañero se paraba de su lugar y le ayudaba a mi hijo a darle su comida, y los custodios lo regañaron: le dijeron que no tenía nada que hacer ahí, y le pusieron las esposas para que no se levantara, a modo de que ya no se acercara a ayudar a mi hijo”.

Instalaciones de Reclusorio Oriente, donde Óscar tuvo el accidente que, luego, le causó la muerte. Al recluso,  después de que salió del Hospital de la Villa, lo regresaron al Reclusorio donde empeoró. Foto: Cuartoscuro

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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Las autoridades penitenciarias tiene responsabilidad sobre las personas privadas de libertad, porque están a su resguardo y son estas quienes debieron pagar por todos los gastos del hospital, sin contar que ellos deberían que deben de tener un recurso para las emergencias, lo cual no ocurre, explica Roberto Cortés Ruiz, abogado de la organización civil Documenta, en una entrevista con SinEmbargo.

“Un interno está bajo custodia del Estado y es el que asume el control total. El Estado adquiere esa responsabilidad de hacerse cargo de todo lo que le pase a esa persona, porque una persona que está en prisión no cuenta con los medios necesarios para cubrir con todas sus necesidades y por eso tendrían que cubrirse esos requerimientos, de tratamientos a apartar recursos del sistema penitenciario”, detalla el defensor.

La reciente Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) alude que no sólo la Subsecretaría del Sistema Penitenciario debe prever y destinar recursos para las necesidades que surgen con una personas privada de la libertad, sino que también las demás secretarías deben de coordinarse, entre ellas la Secretaría de Salud, indica el abogado.

“Hay una obligación del Estado porque ellos violaron el deber del cuidado. […] si una persona dentro del penal está arriba de un techo, pues hay que ver que está pasando ahí. ¿Y los protocolos de seguridad [para los que trabajan]?. También se puede interpretar un poco de que el hecho de que una persona trabaje para otro interno, eso habla del autogobierno que hay, y el autogobierno está prohibido en diversos tratados, en varios criterios de la Corte Interamericana”, abunda el especialista.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (IDH), en el capítulo de “La posición garante del Estado” del Informe sobre personas privadas de la Libertad en las Américas, establece que las autoridades tienen que generar las condiciones necesarias para el cuidado de las personas que están internas.

“Es una jurisprudencia que es obligatoria para nuestro país”, sostiene Cortés.

Sin embargo, en el caso de Óscar fue Priscila quien absorbió gran parte de los gastos y costosos medicamentos porque el recluso no la apoyó con ningún pago, denuncia la madre.

“Me dijeron que ellos no tenían dinero para cubrir esos gastos que yo necesitaba. Para mí fue difícil cubrir todo. Había un medicamento que me costaba mil 400 pesos por 10 pastillas y tenía que tomarse una diaria. Yo no sé cómo le hice, Dios es tan grande y mi familia también, porque todos me apoyaron para que pudiéramos comprar lo que mi hijo necesitaba.

SIN LIBERTAD POR PRECARIA SALUD

En México, por razones humanitarias, la LNEP contempla darles libertad a los pacientes terminales o con una agravada condición de salud; esa “liberación” está bajo la figura de sustitución de la pena por precarias condiciones de salud.

“Yo pedí que me dejaran a mi hijo, si él ya no podía mover ni sus pies ni sus manos, él ya no era ningún peligro para sociedad, ni para nadie. Él era un bebé de nuevo, regresen a mi hijo”, dice Priscila.

Óscar aplicaba a ese beneficio puesto que el delito por el que estaba sentenciado no era grave. Oscar ingresó al penal el 25 de junio de 2015 y compurgaba una sentencia por el delito de robo.

La organización Documenta presentó ante un Juez de Ejecución la solicitud de sustitución de la pena; pero la falta de voluntad de las autoridades para la implementación total de la Ley Nacional de Ejecución Penal provocó que “el Juez de ejecución se declarara incompetente para conocer el caso, aunque sí debió haberlo conocido, y lo mandó a la jueza que lo sentenció” a Óscar, informó Roberto Cortés, de Documenta.

Los trámites de la solicitud los tenía que realizar la defensoría de oficio: “Nosotros llevamos documentos y material a la defensoría para apurarse un poco más en el trámite. Pero la verdad, esa petición se quedó estancada porque la jueza solicitaba diversos peritajes para establecer que realmente él tenía estado precario de salud, que estaba grave”, comenta Cortés.

Una trabajadora social del reclusorio visitó la casa de Priscila, ante la solicitud. Sin embargo le dijeron que su inmueble no estaba en condiciones para cuidar a su hijo, y que ella no tenía los recursos.

“Me dijeron que esta casita no es segura, está en alto riesgo de caer enfrente, y él iba a necesitar una cama de hospital, y quien me va a ayudar a mí. Yo les decía que sí iba a poder. Fui a que me donaran la cama y sí me la iban a dar, pero cuando el trabajo social del reclusorio vino a mi casa, y vieron que aquí que no tenía la solvencia”.

Priscila lo que quería era darle unos meses dignos su hijo, –aunque estuviera en el hospital–, pero que ya no fuera en un nosocomio del reclusorio.

“Mi hijo me decía: ‘Ya llévame a mi casa, quiero que me lleves en silla de ruedas a la call’e”, narra la mujer.

En lo que se elaboraban los peritajes, así como entre los extensos y duraderos trámites burocráticos, Óscar finalmente murió esperando un poco de compasión para estar en su casa.

“Que me hubieran entregado a mi hijo, porque mi hijo ansiaba mucho a su casa, regresar a esta casita, siempre me decía que ya se quería venir a su casa, pero no pude traer a mi hijo vivo.”

Cortés Ruiz sostiene que fue por la burocracia que Óscar murió interno y no por, razones humanitarias. El activista revela que esa situación es frecuente:

“Desde nuestra experiencia, de algunos casos que hemos representado o acompañado, la gran mayoría las personas no alcanzan a salir [de prisión] y se mueren durante el trámite”, añade el abogado.

Después de la muerte, Priscila aún fue revictimizada por la descoordinación de las autoridades penitenciaras.

“Y todavía tuve que sufrir más porque en el hospital de Xoco, en trabajo social me entregaron el cuerpo, y me dejaron sacar a mi hijo como un paciente normal y no como unpaciente de reclusorio, y me traje a mi hijo a velarlo aquí a mi casa. Al día siguiente, como a las 8 o 6 de la mañana, me llaman del Reclusorio Sur para decirme que mi hijo había fallecido. ¿¡Cómo puede ser posible que me digan que mi hijo había fallecido, cuando yo ya estaba aquí en mi casa velándolo!?”, recrimina la mujer.

“Que me hubieran entregado a mi hijo, porque mi hijo ansiaba mucho su casa, regresar a esta casita; siempre me decía que ya se quería venir a su casa, pero no pude traer a mi hijo vivo”, dice Priscila. Foto: Documenta

INSENSIBILIDAD

Roberto Cortés destaca que en la actualidad hay una gran falta de sensibilidad por parte de las autoridades penitenciarias y judiciales. En este caso por parte del juez de ejecución que no quiso conocer de inmediato y de la jueza que lo sentenció y no agilizó el trámite para su salida.

“Si hubiera habido una sensibilización por parte de las y los jueces, de la Defensoría de oficio, así como de la Comisión de Derechos Humanos local, se hubiera conseguido su libertad y él habría tener una mejor calidad de vida en su casa o por lo menos tener una muerte más digna que la que tuvo en el hospital bajo la custodia del Estado”, comenta el activista.

Priscila afirma que no tenía ningún caso regresar a su hijo al reclusorio.

“Él ya estaba en etapa terminal, porque ellos [las autoridades penitenciarias] bien que sabían que mi hijo no iba a durar mucho tiempo. No se merecía el trato que le daban ellos, ni yo me lo merecía como tampoco mi familia ni mi nieto”, enfatiza.

Y cuestiona: ¿Para qué lo querían tener de nuevo en el reclusorio, si ni siquiera es un lugar digno, limpio, no tenían ningún caso de que regresaran a mi hijo al reclusorio?”.

La mujer pide a las autoridades, a la gente que labora en los penales y a la sociedad misma que sean un poco más humanos y que en México, se transite a un verdadero sistema de reinserción, y no sólo de castigo vengativo.

“Aunque sabemos que mucha gente sí es culpable, no deben de tratarlos como animales porque también son seres humanos, igual que ellos [que las autoridades]. Que sean humanos con esas personas, que bien o mal ya están pagando con el encierro, ese es su castigo y lo están pagando”, destaca.

La organización Documenta pone énfasis al aclarar que el delito se paga con la privación de la libertad pero eso no excluye a que se respeten sus demás derechos humanos.

Los derechos humanos que se le vulneraron a Óscar son, de acuerdo con Documenta, el de integridad personal, a la salud, a la alimentación, el derecho a la vida, incluso a la integridad de personal de Priscila “por los malos tratos que le fueron ocasionados”.

Otro de las fallas fue la falta que recalca Cortés Ruiz, es el de la coordinación entre las instituciones para amortiguar el impacto de la tragedia con la familia. “Por ejemplo, no dejaban que los familiares pudieran apoyar Priscila con el cuidado, pues era ella, como madre, la única autorizada para estar con Óscar en el hospital”.

Roberto Cortés destaca que en la actualidad hay una gran falta de sensibilidad por parte de las autoridades penitenciarias y judiciales. En este caso por parte del juez de ejecución que no quiso conocer de inmediato y de la jueza que lo sentenció y no agilizó el trámite para su salida. Foto: Cuartoscuro

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LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

La organización civil Documenta ha denunciado, desde meses previos, que a dos años de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), el proceso de implementación ha enfrentado múltiples de obstáculos, entre ellos, carencia en materia de capacitación, falta de recursos humanos y presupuestales, así como retraso en la creación de las comisiones intersecretariales y elaboración de los protocolos.

La asociación civil asegura que es importante la correcta implementación puesto que esta ley, fue legislada para garantizar la gobernabilidad y mejorar las condiciones de vida en los centros penitenciarios, a través de un cambio profundo del paradigma penitenciario y la creación de un sistema de ejecución, independiente del proceso penal, que garantice los derechos de las personas privadas de libertad sin importar su situación jurídica, económica o social.

Uno de los resultados de la falta de su correcta aplicación es la negativa de las y los jueces de ejecución para reconocer su vigencia, no aceptar su competencia en asuntos relativos a condiciones de internamiento o traslados y, por negarse en atender solicitudes de personas en prisión preventiva, o sentenciadas en el sistema anterior.

“Esto perpetua las malas prácticas que propician violencia, corrupción, extorsión a las familias e impunidad en el sistema penitenciario”, destaca Documenta.