“La sociedad no termina por aceptar la visibilidad pública de la diversidad sexual”, destacó Alejandro Brito Lemus en entrevista con SinEmbargo, activista recientemente galardonado con el “Reconocimiento por la Igualdad y la No discriminación 2018”, otorgado por la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
El defensor señala que aun falta mucho por hacer en la lucha por la igualdad de los integrantes de la comunidad LGBTI. Reitera que los crímenes de odio por homofobia siguen en aumento y alerta que, según las cifras, la tendencia al alza continuará para el cierre de 2018.
De enero a septiembre del presente año se han registrado al menos 72 asesinatos de personas LGBTI, de las cuales, al menos 42 víctimas eran mujeres transexuales, 27 gay u homosexuales y 3 mujeres lesbianas. Tan sólo en 2017 se registraron al menos 95 homicidios, la cifra más alta de 2013 a 2017. En cinco años se ha documentado 381 crímenes de odio por homofobia, de acuerdo a registros de la organización Letra S.
Ciudad de México, 20 dede octubre (SinEmbargo).- Los crímenes de odio por homofobia van en aumento en México y no hay indicios de que esa tendencia vaya a revertirse sino lo contrario: se pronostica que el número de asesinatos en todo 2018 será aún mayor que el año anterior, alerta Alejandro Brito Lemus, de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia en México (CCCOH).
Alejandro Brito Lemus, director de la organización Letra “S” Sida, Cultura y Vida Cotidiana, y uno de los fundadores de CCCOH, fue galardonado esta semana con el “Reconocimiento por la Igualdad y la No discriminación 2018”, otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), debido a su trayectoria y trabajo en favor de la defensa de los derechos de las personas LGBTI y de quienes viven con VIH/SIDA.
En entrevista con SinEmbargo, Brito Lemus destaca que el galardón significa no solo una condecoración a su labor como defensor de los derechos humanos, sino también un reconocimiento al colectivo de activistas que desde hace cuatro décadas se dedican a visualizar los problemas de la comunidad LGBTI, con propuestas, movilizaciones, y visibilizándose en espacios dentro de la toma de decisiones.
“Significa mucho para mí. Este reconocimiento ya lo recibieron dos personas fundadores de mi organización, Letra S: lo recibieron póstumamente, Arturo Díaz Betancourt, que fue el iniciador de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia y el escritor Carlos Monsiváis, que ha sido un intelectual aliado a la lucha por la diversidad sexogenérica. Para mí es un reconocimiento doble en ese sentido porque lo recibieron estos dos personajes y porque significa un reconocimiento colectivo”, comparte el activista.
Brito Lemus recuerda que la CCCOH nació en 1997 como un proyecto impulsado por Letra S con la finalidad de visibilizar los problemas de la comunidad LBGTI e incluir a este sector en los debates institucionales y políticas públicas.
“Nosotros nos propusimos poner en la agenda de los medios de comunicación el tema de la violencia homicida contra personas LGBTI, motivada por la orientación sexual y la identidad de género. Incluirnos en las agendas de otras organizaciones civiles e influir en las agendas de las comisiones de derechos humanos, en las legislativas y de policías públicas”, dice.
El proceso contra la violencia hacía la comunidad LGBTI va lento porque, alude el activista, han tenido que concentrar una gran parte de trabajo desde la visibilización y reconocimiento del problema, pues antes los homicidios de odio por homofobia no se consideraban como un problema debido a prejuicios arraigados socialmente e institucionalmente.
”Ha sido lento porque las instituciones públicas reaccionan muy lentamente, son como monstruos que caminan muy lento, y que ha sido muy difícil meter la perspectiva de derechos humanos que ponga a la víctima en el centro de la atención. “
El defensor explica que en épocas anteriores se pensaba que estos homicidios -de odio por homofobia- se perpetraban sólo entre personas homosexuales, transexuales o lesbianas: “estaba muy arraigada la idea,- que todavía sigue siendo fuerte- de que la homosexualidad, el lesbianismo o los transgénero, es un trastorno, y antes se decía `pues así se matan entre ellos, porque por lo regular estas personas de la diversidad sexual son más pasionales´. Eso pensaba la población, y en ese sentido y los crímenes que se cometen entre ellos tienen más saña”, comenta.
Brito detalla que ese prejuicio ha impedido que se investiguen bien los asesinatos de personas, que obtengan justicia y que se reduzcan los niveles de impunidad relacionados con este tipo de homicidios.
ALZA DE CRÍMENES DE ODIO
Aunque hoy en día hay mayor visibilización a las personas LGBTI, se trabaja con instituciones para combatir la discriminación y violencia, e incluso existen algunos avances en el reconocimiento de sus derechos; este sector de la población aún enfrenta un arraigado rechazo y discriminación. En tanto que los crímenes contra homosexuales, lesbianas y personas transexuales va, al alza, comenta Alejandro Brito.
“La sociedad no termina por aceptar la visibilidad pública de la diversidad sexual. Ahora que hay una mayor visibilidad, hay algunos sectores que no lo aceptan. Estos sectores que – yo creo que son minoritarios pero que pueden ser muy beligerantes – nos quisieran tener ocultos, que mantuviéramos nuestras preferencias, orientaciones, expresiones amorosas en lo privado y no irrumpiéramos en lo publico”, dice.
Tan sólo en 2017 se registraron al menos 95 homicidios contra personas LGBTI. De enero a septiembre, se han registrado al menos 72 asesinatos, de las cuales, al menos 42 víctimas eran mujeres transexuales.
En cinco años, de 2013 a 2017, 381 personas LGBT o percibidas como tales fueron asesinadas en México por su orientación sexual o la identidad o expresión de género, de acuerdo a cifras documentadas por Letra S.
“En promedio, esa cifra significa 76 asesinatos por año y alrededor de seis al mes”, plasma la organización en su más reciente informe “Violencia, impunidad y prejuicios. Asesinatos de personas LGBTI en México 2013-2017”.
De acuerdo a la organización, al menos 14 de las víctimas eran defensoras o promotoras de los derechos LGBT; 8 eran portadoras de VIH; y 3 eran migrantes centroamericanas.
Veracruz es el estado que concentra el mayor número de crímenes de odio en los últimos cinco años con al menos 30 homicidios LGBT en su territorio; seguido por Chihuahua con 28 registros; Quintana Roo con 27; Estado de México y Guerrero con 25 cada uno; Puebla con 22; y Tamaulipas con 20. “Esas siete entidades concentran casi la mitad de los registros”, destaca Letra S en su informe.
El pronóstico para el 2018 no es alentador: “pensamos que 2018, por las cifras que llevamos – va a ser superior a 2017. Por nuestros registros los crímenes de odio están aumentado y además pensamos que las cifras que nosotros tenemos están subestimadas ya que recogemos las cifras que publican los medios sobre este tipo de homicidios porque no tenemos acceso a los expedientes y porque es un problema es complejo”, señala el defensor.
PREJUICIO Y FALLA DEL ESTADO
Alejandro Brito considera que hay una relación entre la impunidad de asesinatos contra comunidad LGBTI también con la persistencia de prejuicios en las autoridades investigadoras.
“Si jueces y fiscales tienen los mismos prejuicios que los criminales entonces, ¿qué justicia puede esperarse?”, plantea el activista.
Según ejemplifica, cuando un agente de investigación identifica al cuerpo como una persona gay, lesbiana o transexual de inmediato piensa “es un crimen pasional”, sin tener tener mayores elementos.
“Por el puro hecho de identificarlo como homosexual o trans, lo califica como un crimen pasional, que lo asesinó su pareja, su amigo intimo, su amante. Y de ahí parte, con esas líneas de investigación equivocadas. Entonces todo se distorsiona, y no hay justicia, finalmente”, explica.
Uno de reclamos que realiza la comunidad en cuanto a las dependencia de seguridad, es que no existe registro oficial de crímenes de odio por homofobia: no hay cifras desagregadas, y ante esta falta, las organizaciones civiles son quienes tienen que contar e intentar documentar con información mediática.
“Las organizaciones asumimos un papel que deberían de estar asumiendo las instituciones del estado”, abunda.
DESCONOCIMIENTO SOBRE DIVERSIDAD
Brito Lemus enfatiza que aún hay un serio problema cultural y de desconocimiento sobre la diversidad sexual porque “las instituciones del Estado no han hecho su trabajo”.
“Son a ellas a las que les toca hacer un trabajo educativo y pedagógico para combatir esta falta de información, porque mucho de los rechazos a la diversas sexo genérica se deben a falta de información y a un proceso reeducativo”, comenta.
Para el derechohumanista, la Secretaría de Educación Pública ha fallado en implementar estrategias para incluir a la población LGBTI en sus planes y programas de estudios.
“La SEP juega un papel fundamental en el cambio y no lo está asumiendo por prejuicios y presión de grupos conservadores y fundamentalistas que piensan que hablar de diversidad sexual a niños y niñas, es como empujarlos a que tengan conductas homosexuales, lésbicas o que se quieran cambiar de sexo y eso es absolutamente absurdo. Por eso no se ha avanzado mucho”.
El activista considera que de todas las dependencias del estado, la Secretaría de Educación Publica es la más rezagada en la atención a la población LGBTI.
“Parece un bunker que no deja permear en el tema. Y aquí me parece que está fallando incluso al mandato de la Constitución porque no está siendo incluyente”.
Alejandro Brito comenta que en las instituciones de salud también hay un gran reto, puesto que justo en el sector es donde existe mucha discriminación. Sin embargo reconoce avances, como el Protocolo de atención a personas LGBTI que elaboró y publicó recientemente.
“Es un primer paso, ya está abierta [la Secretaría de Salud] a tratar el tema porque sí hay mucha discriminación en las instituciones de salud, sobre todo en las personas transgénero”, comenta.
Los Congresos locales son otro obstáculo, agrega el activista, porque no acatan el llamado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reformar todas las leyes civiles que impiden a las personas del mismo sexo a acceder al matrimonio y a la adopción.
La comunidad LGBTI pide reconocer la identidad de género de las personas trans a nivel nacional, acceder al matrimonio igualitario sin discriminaciones, servicios de atención de salud adecuados según la identidad de género de las personas, facilitar el acceso a la educación y abrir programas de atención al bullying homofóbico en las escuelas de educación básica y nivel medio.
“Necesitamos más campañas que promuevan la aceptación y derechos a personas de la diversidad sexual”, reitera Brito Lemus.
