Hace un cuarto de siglo, cuando se discutían los términos de lo que finalmente fue el pacto de 1996, el cual estableció las reglas para la competencia electoral principalmente entre las tres fuerzas mayores que se disputaban el poder entonces –PRI, PAN y PRD–, y que devendría en el primer arreglo realmente democrático de la historia de México, hubo quienes plantearon –sobre todo Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente nacional del PRD– que el pacto debería hacerse en torno a una reforma integral del Estado. Finalmente, solo se establecieron nuevas reglas electorales –tema nada menor–, pero no se tocó la estructura contrahecha de la organización estatal que se había construido a lo largo del siglo XX, entonces a punto de concluir.

La idea de reforma del Estado que circulaba entonces se centraba sobre todo en la manera en la que se debería articular la formación de coaliciones para generar gobernabilidad: si era o no necesario introducir elementos parlamentarios en el presidencialismo, de manera que mejoraran los incentivos para los acuerdos entre partidos, en un escenario en el que se antojaban poco probables las mayorías absolutas, como las que durante décadas disfrutó el PRI, como resultado del sistema de incentivos provisto por las instituciones formales e informales del régimen, que incluían las malas artes de la manipulación electoral. En condiciones de competencia justa, la pluralidad florecería y era necesario adecuar los mecanismos de relación y cooperación entre el ejecutivo y el legislativo, como elemento esencial del nuevo arreglo institucional que surgiría.

Además de la profunda reforma electoral, basamento del nuevo pacto de elites, que finalmente periclitó con la elección federal del año pasado, el cambio institucional de la segunda mitad de la década de 1990 incluyó una transformación profunda de la Suprema Corte de Justicia, para fortalecerla y convertirla en un tribunal de constitucionalidad, con capacidad para dirimir controversias entre poderes y entre órdenes de gobierno –federal, estatales y municipales–. Así emergió un nuevo régimen, que dejó atrás el consolidado en 1946, cuando se consolidó el arreglo de partido prácticamente único, como lo llamó el entonces presidente Ernesto Zedillo.

A pesar de esos dos cambios sustanciales, la base de la organización estatal se mantuvo intacta, pues las administraciones públicas siguieron siendo un botín repartido entre los políticos y no se modificó su operación clientelista y corporativa. A partir de entonces, la competencia electoral se ha centrado en la captura de las parcelas de poder público para repartirlo entre los seguidores y los leales, igual que antes, pero ahora sin siquiera los elementos de continuidad que le daba la competencia dentro de la misma organización partidista.

Ahora que el gobierno en turno insiste e insiste en que representa la fundación de un nuevo régimen, ha quedado en evidencia que su idea de cambio no pasa por transformar la esencia del sistema de botín, sino en que sea capturado por su propia coalición política. No solo ha barrido con lo poco de profesional que tenía la administración pública, para repartir el empleo entre sus clientelas, sino que está haciendo todo lo posible para capturar también los órganos estatales autónomos, construidos en buena medida como espacios de profesionalización a prueba de captura partidista. Lo visto en torno al nombramiento de la nueva presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las amenazas contra la autonomía y estabilidad del órgano electoral son dos botones de muestra de la incomprensión de los políticos mexicanos, lo mismo los de antes que los de ahora, que son casi los mismos de antes, de la relevancia de la profesionalización y la relativa autonomía política de los cuerpos estatales.

El Estado mexicano se está desmoronando porque el aparato burocrático–administrativo de los tiempos del régimen del PRI es obsoleto. Se trata de una organización que ha puesto siempre por delante la disciplina y la lealtad política, antes de la capacidad técnica y la especialización. Los funcionarios en México son más bien operadores políticos generalistas que un día pueden estar Comunicaciones y Transportes y otro ir detrás de su jefe al IMSS. Su tarea fundamental es servir de correa de transmisión para el reparto clientelista de las rentas estatales, a través de los programas públicos. No son especialistas en cierto ámbito de las políticas públicas que se mantienen en el puesto por sus conocimientos y capacidades, con independencia del partido en el gobierno; son parte de una red política específica y quedan fuera del cargo cada relevo electoral, aun si gana su mismo partido, puesto que sus lealtades son esencialmente personales.

Este sistema ha caducado y ya no es capaz de cumplir con las tareas básicas del Estado. El sistema de botín hace que cada tres años en las administraciones municipales y cada seis en las estatales prácticamente se renueve toda la red de tomadores de decisiones e implementadores, mientras solo se mantienen en sus puestos los quienes ocupan los peldaños más bajos de la estructura, pero tampoco ahí es la capacidad profesional lo que se privilegia, sino la pertenencia a alguna corporación sindical.

Este clientelismo burocrático es, en buena medida, la razón del hundimiento de la capacidad estatal para reducir la violencia, pues opera incluso en los cuerpos de seguridad y procuración de justicia. La ausencia de policías profesionales, que no sean meros negociadores de la desobediencia de la ley y vendedores de protecciones particulares, y de fiscales de carrera que no sean parte de una red de lealtad política nos ha llevado al desastre en el que nos encontramos. Pero los políticos siguen sin hacerse cargo del tema, como se ha visto en la transformación cosmética de las fiscalías en casi todas las entidades federativas.

Los políticos mexicanos siguen aferrados al botín del presupuesto burocrático para repartirlo entre sus clientelas. Si no es así, parecen preguntarse, ¿de qué sirve ganar elecciones? Y es que en México no se hace política para impulsar agendas de reformas y paquetes concretos de políticas, sino para apoderarse patrimonialmente de los recursos del erario. Y en ello, la actual coalición de poder ha demostrado ya que son exactamente iguales. Pero sin reforma del Estado, la República se nos seguirá derrumbando, gane quien gane las elecciones.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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