Al menos 101 trabajadores de la cobraban por honorarios en las secretarías federales de Baja California serán despedidos. “No se le puede despedir a una persona que no trabaja y que nada más cobra”, justificó el delegado del Gobierno Federal en la entidad del norte de México.
Por Julieta Aragón y Eduardo Andrade Uribe
Baja California/Ciudad de México, 22 de diciembre (Zeta/SinEmbargo).– Jaime Bonilla Valdez, Delegado del Gobierno Federal en Baja California, afirmó que todo el personal que labora por honorarios en las oficinas de las secretarías federales será despido.
A propósito de la habilitación de las oficinas de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) en Mexicali, Bonilla Valdez mencionó que de los 138 trabajadores, 101 cobraban por honorarios, los cuales ya fueron notificados de su cese y a quienes calificó de “aviadores”.
“Es que no trabajan, no es que vayan a ser despidos, es que ya no se les va a pagar nada más. No se le puede despedir a una persona que no trabaja y que nada más cobra”, justificó.
El funcionario no precisó el número de personas que dejarán de laborar en total en el estado, pero adelantó que las siguientes delegaciones federales que revisará su equipo son la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). “Todo se va a revisar”, subrayó.
En referencia al personal que cobraba por honorarios en la delegación de la Secretaría de Bienestar dijo que esa situación representa un problema al que se va a enfrentar el Presidente de la República durante el arranque de su administración.
“Por eso dice el licenciado hay que cortarle hasta que duela, porque es demasiado el gasto”, aseveró previamente ante empresarios en la Reunión Binacional de Comercio, Migración y Medio Ambiente, celebrada en el Grand Hotel Tijuana.
Antes de dichas afirmaciones, ayer, el Presidente López Obrador había asegurado que se revisarán los despidos masivos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en diversos estados del país, y cuya noticia escaló luego de que algunos de los perjudicados acusaran que fueron obligados a firmar su renuncia o de lo contrario serían retenidos en las instalaciones de esa dependencia.
