La Fiscalía Anticorrupción indicó, en un documento al que tuvo acceso eldiario.es, que hay elementos “reveladores de la existencia de una práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional”.

España, 23 de mayo (El Diaro.es).- La Audiencia Nacional mantiene una investigación secreta a la cúpula de la gran constructora OHL por haber mantenido “una práctica generalizada” de sobornos a funcionarios públicos, entre los que habría políticos, para conseguir adjudicaciones de obra pública en toda España. El hallazgo de grabaciones en poder de un antiguo empleado de OHL ha provocado la apertura de una pieza separada del caso Lezo, que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón.

El 27 de febrero de 2018, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el domicilio de Paulino Hernández Ros y encontraron 21 archivos de audio grabados por el propio ex directivo de OHL y en los que aparece él conversando con otros responsables de la empresa participada mayoritariamente por el Grupo de Juan Miguel Villar Mir. Las conversaciones fueron grabadas entre 2006 y 2009.

Arrancó entonces una investigación que ha derivado en la apertura de una pieza separada el pasado 14 de marzo de 2018, un día después de que la UCO entregara su informe al juez.

En un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso eldiario.es, los fiscales Ana Cuenca y Juan Pavía hablan de que ese informe de la Guardia Civil y otro ampliatorio del 10 de octubre del pasado año aparecen hechos que son “indiciariamente reveladores de la existencia de una práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional”.

El ex directivo Paulino Hernández Ros prestó declaración como investigado en la pieza secreta el pasado 8 de marzo y Anticorrupción quiere que lo vuelva a hacer, según expone en el escrito, adelantado este jueves por vozpopuli.com. En su primera declaración se reprodujo “uno solo de los referidos audios”, dicen los fiscales. Ese audio fue elegido porque en él, Hernández Ros habla con otra persona a la que también se tomaba declaración.

Ahí se detuvo la audición de las grabaciones para “delimitar con prontitud el objeto del procedimiento, inicialmente con contornos muy extensos, y de progresar en la investigación de los hechos frente a otros posibles investigados”.

Una vez tomada declaración a otros investigados, Anticorrupción pide que se vuelva a citar al autor de las grabaciones.

El 11 de mayo, una serie de audios decomisados al interior de la casa de un Paulino Hernández Ros revelaron la red que la constructora montó para sobornar a políticos y altos funcionarios a cambio de recibir la adjudicación de obras públicas y poder modificar los contratos, a fin de obtener mayores beneficios.

Según un reporte del diario español ABC, los audios demostraron que Hernández Ros hablaba sobre el dinero que pagaba a altos funcionarios para recibir contratos de obra pública o alterar las facturas de compra de materiales e inflar el costo de las obras.

La presunta trama de sobornos de OHL alcanzó a otros dos ex altos cargos de Coalición Canaria: Julio Bonis y Antonio Castro. Bonis desapareció de la escena política canaria a principios de la década de los 2000 y desde entonces reside en México, donde es señalado como presunto colaborador de la trama, pues se le ha relacionado recientemente con los negocios de la familia Pujol en el país.

En una de las conversaciones dadas a conocer por ABC se escucha al ex directivo de OHL hablar con el gerente de la empresa de obras públicas de la Junta de Andalucía, Abelardo Genaro, para detallar la trama de facturas ficticias que les permitieran realizar las entregas del dinero.

Aparentemente, el recurso se desviaba mediante “proveedores de confianza” que generaban facturas falsas. El mecanismo permitía desviar entre 30 mil y 40 mil euros, mismos que después eran entregados a funcionarios que facilitaban la entrega de obra pública a la constructora.

Las autoridades españolas han identificado a al menos once políticos que habrían sido objeto del pago de sobornos por parte de la constructora. Estos serían: José Luis Almazán (ex director del puerto de Melilla); Luis Suárez Trenor (ex presidente de puertos de Tenerife); Julio Bonis (ex consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias); Antonio Castro (ex consejero de Infraestructuras de Canarias); Abelardo Genaro (gerente de GIASA – Junta de Andalucía).

Además de Manuel Bruno (ex subdirector general Construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento); Rafael Villar (ex jefe de Carreteras Andalucía Oriental – Fomento); Albino Pardo (ex director del Puerto de Cádiz); Adrián Baltanás (ex director general de Acuamed); Fernado Troyano (ex subdirector de Tratamiento Aguas de Acuamed), y Alfredo Carrasco (subdirector general de Infraestructuras y Planificación Portuaria de Algeciras).

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