San Salvador, 24 ago (EFE).- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) consideró hoy que las pandillas salvadoreñas son “grupos terroristas” porque con su accionar afectan “indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población”.
Dicha consideración surge como parte de una sentencia sobre cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT), aprobada en 2006 por la Asamblea Legislativa (parlamento).
La sentencia señala que los miembros y personas ligadas a las pandillas “quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas, en sus diferentes grados y formas de participación” al margen de que “tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos o de otra índole”.
La Sala de lo Constitucional señaló que los referidos grupos “realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias” y que estos están comprendidos en el referido concepto.
La sentencia emitida por unanimidad por los 4 magistrados de la Sala desestimó 23 planteamientos de la LECAT y declaró inconstitucionales 4 disposiciones de la misma.
Entre estas destaca la imposición de 65 años de prisión señalada en los artículos 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la ley, que establecen dicha pena cuando en el secuestro de vehículos terrestres, marítimos o aéreos “se produjere la muerte o lesiones graves de una o más personas”.
El tribunal Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa que, dentro de un “plazo máximo” de 6 meses, debe adecuar la “pena máxima” a 60 años como estipula el Código Penal salvadoreño.
El fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, dijo el pasado 11 de agosto que la entidad estableció como “nueva estrategia” contra las pandillas el acusar a sus miembros de “terroristas” para “imponer orden y llevar paz social”.
Las autoridades de Seguridad de la nación centroamericana acusan a las pandillas salvadoreñas de mantener los altos índices de violencia que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo.
