#Anuario2016 | Este 2016 se ha caracterizado por la serie de escándalos que han protagonizados nueves ex Gobernadores –ocho del PRI y uno del PAN– que han sido señalados, e incluso algunos denunciados ante la PGR, por el desvío de recursos, corrupción y por las exorbitantes deudas que dejaron a su paso por sus estados. De acuerdo con analistas consultados por SinEmbargo, estos casos han dañado severamente la imagen no sólo del Tricolor, también la del Presidente Enrique Peña Nieto. Consideraron que el Jefe del Ejecutivo se equivocó al poner como ejemplo, cuando aún era candidato en 2012, de la nueva cara del priismo a tres de los principales acusados.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- En 2016, los escándalos por corrupción y malos manejos de las arcas públicas de nueve ex gobernadores sacudieron al país, a la imagen del Presidente de la República Enrique Peña Nieto y al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, sólo uno de ellos, el ex mandatario de Sonora Guillermo Padrés Elías, está en prisión.

Aunque el golpe al prestigio del Tricolor, que intentaba posicionarse como un “nuevo PRI”, cobró su primera factura en las elecciones de junio pasado; en realidad no hubo un avance en el combate a la corrupción y a la impunidad, se trató sólo chivos expiatorios, coincidieron analistas consultados por SinEmbargo.

En la lista de los ocho ex mandatarios del PRI y uno del Partido Acción Nacional (PAN) que engrosaron la fila de los acusados de corrupción están: Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Jorge Herrera Caldera, de Durango; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Humberto Moreira Valdés, de Coahuila, y el panista Guillermo Padrés Elías de Sonora.

Sólo uno de ellos pasará la noche de fin de año en la cárcel: Guillermo Padrés, ex Gobernador de Sonora por el Blanquiazul. Mientras, Javier Duarte de Ochoa, ex mandatario priista de Veracruz, se encuentra prófugo y al parecer despedirá 2016 fuera país. El abogado del mandatario ha dicho que salió de México desde noviembre.

El resto de los ex mandatarios ni siquiera son perseguidos por la justicia a pesar de que hay denuncias en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Para el historiador y politólogo de El Colegio de México (Colmex), Lorenzo Meyes Cossío, las autoridades “se han quedado cortas por dos razones: porque tenían los instrumentos necesarios para actuar en contra ellos desde hace mucho tiempo. La Auditoría Superior de la Federación [ASF] ya sabía una buena parte del mal uso de esos dineros federales, del robo directo del dinero público y no hizo nada”.

“Ahora nos dicen que se está actuando contra Duarte de Veracruz y ‘no lo encontramos’: ¿Por qué no se le acusó desde años atrás, cuando era obvio, cuando Veracruz era un desastre y había una mezcla de irresponsabilidad extrema, con frivolidad criminal? El Gobierno federal al no hacer nada es cómplice de esa corrupción”, recriminó el historiador.

Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge tienen en común que en el extingo programa “Tercer Grado” de Televisa fueron calificados en 2012, por el entonces candidato a la Presidencia Enrique Peña Nieto, como los “actores de la nueva generación política” y ejemplos de la renovación del partido.

Peña Nieto dijo a la periodista Denise Maerker Salmón que el nuevo PRI –que en ese entonces gobernaba 20 entidades– tenía cuadros renovados.

“Pongo nombres. Los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes, actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto [Roberto] Borge; el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua. El Gobernador de Campeche [Fernando Ortega Bernés]. Todos son parte de una generación nueva, que han sido parte de la renovación del partido”, detalló un orgulloso Peña Nieto.

Para José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), las palabras del entonces candidato le trajeron un costo político a él y al Tricolor en los comicios de este año, cuando el partido perdió la mayoría de las gubernaturas que eran suyas. Consideró que incluso el propio Presidente Peña Nieto formaba parte de la cara del nuevo PRI.

“El costo [político] no va sólo al partido, sino también al Presidente: ‘tú los avalaste, los apoyaste en distintos momentos y ve lo que resultó, están peor que el viejo PRI’. Esto genera una idea de que con el PRI ya no se puede contar. Que las esperanzas que se generaron en el sentido de que después de 12 años, el PRI había aprendido la lección, habría hecho un esfuerzo por transformar su comportamiento político se esfumaron. No sirvió de nada estar en la oposición, ni de aprendizaje ni de recomposición”, dijo.

Pero el costo político parece no importar del todo, pues la persecución a los ex gobernadores del Tricolor acusados de corrupción no ha derivado en ninguna detención; se ha quedado en declaraciones mediáticas sin avances reales.

“Lo que sugiere es que están en el menor costo posible, para hacer algo, mostrar que hay interés, pero es lo mínimo; la lista de ex Gobernadores y ex funcionarios sería muy larga. Tendríamos que ver algo más sistemático para que hubiera antecedentes reales y entonces sí los políticos dijeran ‘si se incurre en corrupción, que pague las consecuencias’, apenas así los países cambian. Primero se tiene que combatir la impunidad en serio y luego la corrupción. El llamar a cuentas a uno solo, no sirve, eso es pura palabrería que no convence a nadie”, consideró Crespo Mendoza.

Nicolás Loza Otero, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), opinó que si Peña Nieto persiguiera a los ex gobernadores priistas sería un acierto, pues históricamente los mandatarios estatales han sido figuras intocables. Sin embargo, previó, el Gobierno federal deberá ir más allá y no solo liberar órdenes de aprehensión, sino ejercer la acción penal, aprehender a los presuntos responsables y sobre todo, integrar adecuadamente los expedientes para armar un “buen caso” y evitar la impunidad.

“Eso puede ser un factor que haga diferencias en la evaluación del Presidente en su desempeño rumbo a 2018. Ya lo está haciendo, pero la popularidad de Peña no ha parado de bajar, las intenciones de voto por el PRI, tampoco. Esto ha corrido en paralelo a los casos de corrupción. El daño a la reputación al PRI y al Presidente ya está hecho, quizás aligeraría un poco el daño, pero no se revierte. No hay manera de que eso cambie en el corto plazo”, destacó Loza Otero.

Por su parte, Jorge Chabat, investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE, consideró que la corrupción pesará más en la evaluación final de la administración actual, que el posible final del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus impactos en la economía.

“La cuestión del TLCAN y lo de Estados Unidos no depende mucho del Gobierno mexicano, pues ahí el Gobierno de Peña Nieto no tiene mucho margen de maniobra y hará lo que pueda. Evidentemente afectará a la economía, sí, y eso puede tener un impacto en la popularidad del Presidente, sí; pero no es una variable que controle bien el Gobierno o no la controla de nada. En el caso de la corrupción sí hay más responsabilidad: se sabía de los desfalcos de los gobernadores desde hace mucho tiempo y no se hizo nada; ahí habrá un mayor costo político”, detalló Chabat.

DEUDAS Y ACUSACIONES

En conjunto, los ex Gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo Léon, Sonora, Coahuila y de Zacatecas incrementaron la deuda de sus entidades, de acuerdo con datos de los estados y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 193 mil 926.70 millones de pesos.

La suma del incremento de las deudas de estos nueve estados es superior a la reducción (de 175 mil 849 millones de pesos respecto a 2016) al gasto programable que la Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de noviembre para “alcanzar las metas de consolidación fiscal”.

Casi todos los ex mandatarios de esas nueve entidades están acusados ante la PGR, y algunos han salido a relucir en investigaciones en Estados Unidos, como el caso del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

ROBERTO BORGE

Roberto Borge Angulo, ex Gobernador priista de Quintana Roo, enfrenta una acusación formal ante la PGR por enajenamiento irregular de 9 mil 500 hectáreas de zonas turísticas de la entidad. Actualmente la nueva administración de ese estado realiza auditorías a todas las dependencias para fundamentar más denuncias. Al priista, la oposición, empresarios y activistas lo acusan de haber saqueado a Quinta Roo, de beneficiar a sus amigos y familiares, y del despojo de terrenos para entregarlos a desarrolladores inmobiliarios.

El ex mandatario recibió una deuda total por 10 mil 037 millones de pesos en abril de 2011 cuando llegó al cargo; y la elevó 123 por ciento, es decir 12 mil 405 millones, al concluir su mandato la dejó en 22 mil 442 millones.

CÉSAR DUARTE 

Sobre la cabeza de César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, pesa desde septiembre de 2014 una denuncia ante la PGR por peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades.La denuncia fue interpuesta por el abogado chihuahuense Jaime García Chávez por el caso del Banco Progreso, de donde Duarte y su esposa obtuvieron acciones. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna orden de aprehensión en su contra.

Duarte Jáquez recibió la entidad en 2010 con una deuda de 12 mil 547 millones de pesos, a su salida ésta asciende a 55 mil millones de pesos; es decir, un incremento de 42 mil 453 millones de pesos.

El nuevo Gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, ha señalado que Duarte sólo dejó 21 millones de pesos en caja, que no alcanza para pagar deudas y ni para la gasolina de los vehículos de la policía.

JORGE HERRERA 

Por otra parte, Jorge Herrera Caldera, ex Gobernador priista de Durango, está amparado junto con 26 de sus colaboradores ante una posible orden de aprehensión en su contra.

Herrera Caldera recibió una deuda, en 2010, de 3 mil 697 millones de pesos de acuerdo con los datos de la SHCP. A su salida este año dejó un endeudamiento de 15 mil millones de pesos, de acuerdo con las auditorías realizadas por la administración entrante. El ex Gobernador incrementó la deuda de Durango 11 mil 302.3 millones de pesos durante su sexenio.

EGIDIO TORRE

En Tamaulipas, el priista Egidio Torre Cantú es propietario de una mansión valorada en 340 millones de pesos, más costosa y grande que la llamada “casa blanca” de Angélica Ribera, esposa del Presidente Enrique Peña Nieto. El primer candidato independiente a Gobernador de esa entidad Francisco Chavira Martínez así lo ha denunciado.

El ex Gobernador recibió en 2011 una deuda de mil millones de pesos y en octubre de este año la dejó en 13 mil 511.9. Torre Cantú incrementó la deuda de Tamaulipas 12 mil 511.9 millones de pesos, debido a la adquisición de hasta 11 préstamos con cinco bancos privados.

RODRIGO MEDINA 

En Nuevo León, el ex Gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, está acusado, junto a nueve de sus ex funcionarios, cinco ex servidores públicos, dos alcaldes, dos diputados federales, nueve empresarios, dos funcionarios bancarios, socios y familiares, de desvíos de recursos e irregularidades por 9 millones de pesos en varias obras.

Medina de la Cruz fue acusado por la Subprocuraduría Anticorrupción por los delitos de peculado, daños patrimoniales y ejercicio indebido de funciones por distintos apoyos a la empresa Kia Motors. Sin embargo, un juez lo exoneró en agosto de este año de los delitos de peculado y daños patrimoniales.

En 2009, Medina de la Cruz recibió una deuda del también priista José Natividad González Parás de 27 mil 70 millones. A su salida en 2015, dejó un endeudamiento por 62 mil 946.8 millones de pesos. Medina de la Cruz incrementó más del doble la deuda de la entidad.

HUMBERTO MOREIRA 

Uno de los casos más emblemáticos es el del priista Humberto Moreira Valdés, en Coahuila, pues en enero de este año fue detenido en España por una investigación relacionada con lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho; pero fue liberado siete días después.

El 27 de julio de este año Luis Fernando Salazar, Senador de la República por Coahuila, presentó una denuncia ante la PGR en contra de Humberto Moreira y quienes resulten responsables, por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado.

El Senador argumentó que mientras en Estados Unidos se han abierto “investigaciones respecto a una red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al estado, y han seguido juicios en los que se ha condenado a diversos funcionarios y empresarios que han señalado la participación del ex Gobernador Humberto Moreira, en México, las autoridades de procuración de justicia siguen siendo cómplices y omisas en investigar a quienes fueron responsables de la megadeuda”.

El ex Gobernador de Coahuila recibió una deuda en diciembre de 2005 de 323 millones de pesos y a su salida en 2011, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, dejó un endeudamiento de 36 mil 509.6 millones de pesos. El también ex presidente del PRI nacional incrementó la deuda de Coahuila 36 mil 186.6 millones de pesos.

MIGUEL ALONSO REYES

El último de los ex gobernadores del PRI que se sumó a la lista de los acusados es Miguel Alonso Reyes de Zacatecas.

De acuerdo con María Soledad Luévano, ex candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Alcaldía de Zacatecas y presidenta de la asociación civil Soledad Ciudadana, Miguel Alonso Reyes, ahora director de Fonatur, gastó un millón de pesos diarios para promover su imagen en diversos medios de comunicación cuando fue Gobernador de Zacatecas.

Por ello interpuso el pasado 20 de diciembre una denuncia ante la PGR por el posible desvío de más de mil millones de pesos durante su mandato de los programas sociales de la entidad; acusación que se sumó a la denuncia interpuesta el 6 de diciembre por Luévano por el desvío de 307.4 millones de pesos, que presuntamente fueron pagados a 24 empresas fantasma para la construcción de caminos rurales en 58 municipios de Zacatecas, la población se ha acercado a ella para hacer más denuncias.

El ex Gobernador dejó una deuda a marzo de 2016 de 8 mil 73 millones de pesos, es decir 7 mil 391 millones de incremento respecto a la deuda que recibió de su predecesora Amalia García Medina, quien para 2010 registró de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, 682 millones de pesos.

GUILLERMO PADRÉS 

Por último al único panista de la lista, Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, le fueron dictados dos autos de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Su hijo Guillermo Padrés Dagnino recibió un auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Padrés Elías recibió una deuda en 2009 de 11 mil 258 millones de pesos y, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, dejó un endeudamiento por 22 mil 780 millones de pesos. El ex mandatario incrementó la deuda de Sonora 11 mil 522 millones de pesos.

JAVIER DUARTE Y PADRÉS: “CHIVOS EXPIATORIOS”

La persecución al único ex mandatario del PRI, quien además está prófugo, Javier Duarte de Ochoa, y el encarcelamiento del ex Gobernador de oposición Padrés Elías, sólo busca calmar las denuncias ciudadanas para simular un combate a la corrupción, dijo a SinEmbargo Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA).

“Si realmente la intención fuera profunda se quedaría sin cuadros: está Humberto Moreira en Coahuila; César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo. Entonces Javier Duarte es un chivo expiatorio, es una tradición del PRI clásico para calmar lo que ahora el Presidente [Enrique Peña Nieto] llama mal humor social”, señaló.

Acuña Murillo consideró que habrá que esperar y observar si el PRI va más allá con los casos de los ex gobernadores y gobernadores corruptos. Para quedar satisfechos, se requiere algo más que quitarle sus derechos políticos a Duarte de Ochoa y unos cuantos allegados.

“Se debe dar un procedimiento e investigaciones, un castigo. Lo que le preocupa a la sociedad es que regrese lo que se llevó”, afirmó.

Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), explicó que para fortalecer el Estado de Derecho, se requiere además de perseguir a los criminales, de construir mecanismos para la rendición de cuentas.

“Para que el país salga adelante de este problema, no sólo se requiere procesarlos, sino una política de reparación del daño profundo para contrarrestar la ilegalidad con la actuaron en una administración, no solo ellos sino el Congreso y las procuradurías locales; nomás se juzga a una persona y no a los otros que tenían la responsabilidad de vigilar el desempeño en la cuestión pública”, detalló Alvarado Mendoza.

El investigador del Colmex agregó que debe analizarse qué es un mal gobierno y cuáles son las formas en las que se produce un daño profundo a lo público. “Necesitamos crear mecanismos de protección y de reconstrucción del Gobierno, de entidades públicas y del Estado de Derecho, además de buscar cómo la sociedad puede protegerse y resarcir el daño que se ha creado en estas administraciones”, dijo Alvarado.