La Senadora Dolores Padierna explicó que esta resolución elimina la prohibición de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información señaló que detrás de esta iniciativa hay un interés de los concesionarios privados por “ampliar los márgenes de la publicidad encubierta y la propaganda engañosa, prácticas que atentan contra la Constitución”.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó, con 72 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones, las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y algunos de los senadores de Acción Nacional (PAN) palomearon los cambios de ley en contra de los Lineamientos Generales Para la Defensa de las Audiencias.

El párrafo que modificaron es el III del artículo 256 de la Constitución, el cual, establecia que las audiencias tienen derecho a que se le muestre los elementos suficientes para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, es decir, que debía de definirse con claridad cuando una información era noticiosa o contenido real o si era publicidad. La reforma hoy aprobada planea eliminar esta obligación.

Tras la aprobación, la minuta será turnada al Poder Ejecutivo encabezado por Enrique Peña Nieto, para ser publicada, y que entre en vigor.

Senadores de Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y el bloque Partido de Trabajo y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) abandonaron las discusión al señalar que el procedimiento para votar respondió a una imposición similar a la elección sobre la destitución de Santiago Niego de la Fepade de esta semana.

La Senadora Dolores Padierna indicó que esta resolución elimina la prohibición de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística.

“Este documento es un dictamen para hacer campañas fuera de la ley, fuera de la Constitución”.

Agregó que esta aprobación forma parte de los preparativos para las elecciones de 2018.

“Forma parte de los preparativos de una elección a modo, que están preparando desde el poder. Es para hacer campañas fuera de la ley, sobre todo, en programas como revistas matutinas o de espectáculos que suelen vender entrevistas a políticos o a supuestos especialistas que recomiendan producto, como sucedió con las campañas de Vicente Fox o Enrique Peña Nieto”, señaló.

La senadora Dolores Padierna rechaza el dictamen en el cual se pretendían modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuroe

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) calificó esta promoción como “regresiva y atentatoria de los derechos de las audiencias”.

Refierió que los partidos políticos, medios de información, conductores y analistas coincidieron en desmantelar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “para regular, emitir lineamientos y resolver sanciones en materia de derecho de las audiencias, así como vaciar el contenido moral de quienes por ley los defienden”.

La Amedi señaló que detrás de esta iniciativa hay un interés de los concesionarios privados por “ampliar los márgenes de la publicidad encubierta y la propaganda engañosa, prácticas que atentan contra la Constitución”.

El artículo 6 de la Carta Marga determina que: “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión”.

Sin embargo, señala la asociación, el nuevo párrafo IV, del artículo 256 de la contrarreforma, indica: “que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad y propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

El nuevo documento determina que cada concesionario emita su propio código de ética sin depender de una aprobación del IFT y que además estos pueden designar libremente a su defensor de audiencias.

“En su Código de Ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se refiere esta fracción”, señalan.