Cuando el actual Presidente de la República arribó al poder en 2018, muchos pensaron que éste sería una especie de socialdemócrata de corte escandinavo. Quienes suponían que propondría un Estado de Bienestar no notaron que su intención era, de hecho, la contraria: desmantelar el Estado liberal sujeto a la supervisión de la ciudadanía y dotado de una infraestructura de organismos autónomos. 

Lo que sorprendió a todos, sin embargo, es que también hubiera decidido militarizar al Gobierno y liquidar el modelo civilista que ha sido una constante en nuestra historia desde hace mucho tiempo. Aún no nos damos cuenta de la enormidad de esta decisión. Ahora sabemos que, si pudiera, el Presidente sustituiría la economía de mercado por una estratocracia, una forma de Gobierno encabezada por jefes militares, con él a la cabeza. Su utopía es la de una sociedad donde las empresas obedecen a la lógica castrense y se dedican a producir todos los bienes y servicios que necesita la sociedad. Lo más cercano a este paradigma fue la Unión Soviética en el siglo XX y hoy lo son el modelo de Corea del Norte y Cuba.

En efecto, López Obrador le ha entregado al Ejército una serie de actividades que deberían ser realizadas por empresas privadas, ya que éstas se guían por la racionalidad económica y el respeto al Estado de Derecho. 

La mayor parte de tales actividades realizadas por el Ejército tiene que ver con la infraestructura del país, que se ha vuelto más estratégica que nunca a raíz de la oportunidad que se le abre a México debido a la relocalización global de empresas. 

Recientemente, el Presidente defendió la asignación del mantenimiento carretero a ingenieros militares, pues, según él, las empresas constructoras privadas cobran demasiado y son corruptas. Como siempre, esto se dice sin la presentación de pruebas.

Lo que se encuentra detrás de esta visión es una concepción autocrática del Gobierno. El Presidente quiere entregar la infraestructura mexicana al Ejército porque él quiere controlar despóticamente decisiones de orden económico.

Esto constituye una aberración de diversa índole. En primer lugar, el Ejército no existe para realizar actividades de construcción de infraestructura. Su labor – y es increíble tener que repetirlo – es la de salvaguardar la seguridad nacional. Lo que se garantiza, en cambio, es que la infraestructura mexicana no sea de la calidad necesaria que exigimos los mexicanos. En segundo lugar, al estar realizando acciones que no le corresponden, el Ejército descuida sus actividades sustantivas, lo que indudablemente ha contribuido al incremento de la inseguridad que ha caracterizado a este sexenio.

El futuro promisorio de México está en riesgo si dejamos que continúe este planteamiento que es, a la vez, económicamente irracional y políticamente autoritario. Esto es aún más preocupante ahora que el contexto internacional nos está dotando de una oportunidad inigualable para modernizar nuestra infraestructura pública. Por eso la decisión a tomar este 2 de julio es fundamental.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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