Santo Domingo, 27 ago (EFE).- El Senado dominicano aprobó hoy de urgencia una ley que declara como Parque Nacional una montaña del centro del país reclamada para su explotación por la minera canadiense Falconbridge, que advirtió sobre los perjuicios de la medida contra la seguridad jurídica en el país.
La aprobación de la ley por parte de los senadores, que supone la conservación intacta de ese ecosistema, se produce solo un día después de que lo hiciera la Cámara de Diputados, por lo que ahora se enviará al poder ejecutivo para su promulgación o rechazo.
El presidente dominicano, Danilo Medina, dijo la semana pasada que esperaría a la decisión del Congreso Nacional para emitir la suya en torno a la declaración de la loma Miranda, rica en ferroníquel, como Parque Nacional.
Esa ley ha sido el estandarte de lucha de un amplio movimiento social y popular en República Dominicana, que considera la explotación del área como un “daño irreparable” al ecosistema de toda la zona, ya que, afirman, de ella depende el sustento de miles de campesinos.
El proyecto estuvo en el Congreso Nacional (bicameral) durante varios meses mientras se sucedían manifestaciones, en ocasiones violentas, de quienes apoyan la decisión tomada este miércoles y de quienes consideran que la misma condenaría a la miseria a centenares de familias residentes en las provincias Monseñor Nouel (centro) y La Vega (norte), para quienes las operaciones de Falcongbridge representan fuentes de trabajo.
Este miércoles, precisamente, quienes apoyan la protección de la loma Miranda convocaron a un paro de actividades en todo el país durante el cual se produjeron incidentes violentos en los que resultaron heridas varias personas.
Los hechos más sangrientos en torno a ese paro se produjeron anoche en la ciudad de Santiago (norte), donde un hombre murió y otro resultó herido en confusos incidentes, según informó la Policía.
La subsidiaria dominicana de la Falconbridge emitió este miércoles un comunicado donde rechaza la medida del Congreso Nacional y recuerda que el Estado dominicano le otorgó los derechos mineros de la loma Peguera, la loma Caribe, la loma Ortega y la loma Miranda, ubicadas en las provincias Monseñor Nouel y La Vega, a través de la concesión “Quisqueya I”, firmada en 1956.
“Declarar loma Miranda como Parque Nacional crearía un mal precedente en el país por constituir una violación a la ley minera, a la seguridad jurídica y al Estado de derecho, además que se haría vulnerable la credibilidad para invertir en la República Dominicana”, afirmó la empresa en un comunicado.
Durante todo el proceso, sin embargo, la minera ha reiterado que no piensa demandar al Estado dominicano ante tribunales internacionales.
En junio de 2013, el Gobierno dominicano negó a Falconbridge el permiso para la explotación de la loma Miranda acogiendo una recomendación en ese sentido del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La decisión se tomó “hasta tanto las condiciones socioeconómicas y ambientales y las tecnologías de explotación minera garanticen una explotación sostenible” de la loma Miranda.
Las autoridades medioambientales dominicanas también informaron en ese entonces que la disposición obedecía a que Falconbridge mantiene operaciones en dos lugares del país “en los que ha causado un pasivo ambiental acumulado que cuestiona el cumplimiento de los compromisos de la minera” en lo que respecta a la recuperación de las áreas intervenidas.
Además, que la apertura de un tercer frente de explotación podría resultar en daños mayores sobre el medioambiente local. EFE
