La organización exigió “que el Estado mexicano ejecute las órdenes por parte de la Fiscalía General de la República con la debida diligencia, pues no existe justificación para retardar las detenciones”. Además pidió que se garantice la seguridad de Lydia Cacho.

“Estar fuera de mi país es equivalente a una condena o sanción por hacer mi trabajo y por buscar justicia. Me encuentro en situación de desplazamiento forzado ante la incapacidad del Estado mexicano para protegerme como sobreviviente de tortura”, declaro la periodista.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho Ribeiro, cumple un mes de desplazamiento forzado fuera del país debido a las agresiones perpetradas el pasado 21 de julio, cuando dos sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus perras y robaron material periodístico.

“Es inaceptable que en México las sobrevivientes de tortura y violaciones graves a derechos humanos no cuenten con las mínimas garantías. Mientras tanto, los perpetradores y sus cómplices, tiene garantizada la perpetuación de sus acciones criminales”, sostuvo Artículo 19 en un comunicado.

Por ahora siguen en proceso los juicios de amparo promovidos por diversos policías prófugos, así como Adolfo Karam, Mario Marín y Kamel Nacif. Los juicios de los tres últimos, radicados en un tribunal de Cancún, Quintana Roo.

“Parece que los intereses que protegen a la mafia político-empresarial que compone las redes internacionales de pederastia y trata de menores de 18 años, son mucho más grandes que cualquier intento de legitimarse mediante el cumplimiento de la ley”, denunció la organización.

Lydia se vio orillada a salir del país ante la falta de garantías mínimas para ejercer su labor y continuar con el proceso de búsqueda de justicia por los hechos de detención arbitraria, tortura y violencia sexual perpetrados en su contra en diciembre de 2005.

Los actos de violencia posteriores se ejecutaron a pesar de la decisión final adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio del año pasado, y la reactivación de las investigaciones que decantaron en órdenes de captura contra diversos policías judiciales del Estado de Puebla y Quintana Roo, así como contra Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nacif.

La principal línea de investigación se relaciona con la “intención de propinarle un castigo” por la exigencia de justicia.

“Estar fuera de mi país es equivalente a una condena o sanción por hacer mi trabajo y por buscar justicia. Me encuentro en situación de desplazamiento forzado con la subsecuente violación de mis derechos humanos a la integridad, libertad y seguridad personales ante la incapacidad del Estado mexicano para protegerme como sobreviviente de tortura y garantizarme justicia”, declaro la periodista.

La organización exigió “que el Estado mexicano ejecute las órdenes por parte de la Fiscalía General de la República con la debida diligencia, pues no existe justificación para retardar las detenciones”. Además pidió que se garantice la seguridad de Lydia Cacho.