Esta fue una de las conclusiones de la charla magistral que impartió este martes en el foro “La Justicia en transición y la lucha contra la impunidad en América Latina: experiencias y aprendizajes de El Salvador, Perú y Guatemala”.

A juicio de Martín Beristain, “la impunidad del pasado teje la impunidad del presente” y es necesario poner fin a los hechos delictivos del pretérito para poder fortalecer el sistema de Justicia, un factor central para alcanzar una “democracia saludable” en cualquier país.

Según explicó este experto español, con el paso del tiempo, han cambiado determinadas “lógicas”, pero los mecanismos de violencia son “similares” y es importante fijarse en la experiencia para llevar a cabo una lucha en conjunto.

Beristain, quien fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, sobre la desaparición de 43 estudiantes en México hace ya un año, agregó que para entender el sufrimiento de las víctimas lo primero es “no estigmatizarlas” y entender que cualquier violación de los derechos humanos “ofende la conciencia” de todo ser humano.

En este sentido, reconoció el papel que desarrollan las víctimas, así como los sobrevivientes, en la lucha contra la impunidad, para lograr que haya un castigo, una rendición de cuentas y una investigación sobre los “perpetradores”.

En este coloquio también participaron conferencistas de El Salvador, Guatemala y Perú, quienes coincidieron en destacar que a pesar de los avances logrados en cuanto a Justicia sigue habiendo grandes retos por delante.

A este propósito se pronunció la abogada defensora de los Derechos Humanos en El Salvador Claudia Heteráneo, quien dijo que su país enfrenta retos como declarar “inconstitucional” la ley de amnistía, que impide tener avances legislativos, así como investigar desapariciones forzadas que aún se producen hoy en día.

La directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, Gloria Cano, relató el conflicto armado vivido en su país, así como la condena de 25 años de prisión lograda contra Alberto Fujimori, expresidente de Perú, por delitos de lesa humanidad.

El director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Juan Francisco Soto, reconoció que en Guatemala hubo avances, pero agregó que estos se debieron a luchas de las víctimas, que después de 30 años siguen reclamando que se haga justicia.

Así, manifestó, que a pesar de la “gran impunidad” existente en el país, hay jueces y magistrados “dispuestos a hacer su trabajo” y luchar contra la impunidad y corrupción, que intentan además garantizar la independencia judicial.

Además, pidió más tiempo para “entender y valorar” la sentencia por genocidio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983), ya que aunque fue anulada en 2013 por la Corte de Constitucionalidad (CC), el mayor órgano judicial del país, recoge “en buena medida” lo que sucedió en todo el país.

El nuevo proceso judicial contra Ríos Montt iniciará el próximo 11 de enero, será a puerta cerrada y está caracterizado porque el exgeneral de facto no puede tener en su contra penas de prisión, solo medidas de seguridad, ya que padece, según los últimos informes, una demencia irreversible.