Alejandra ha trabajado por 20 años como defensora de derechos humanos en México, y en el 2005 participó en el Programa de Defensores de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia; lidera procesos para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales con resultados sin precedente en la generación de mecanismos de rendición de cuentas de empresas transnacionales. En el año 2014 se convirtió en la primera Mexicana en ser condecorada con el premio Martin Ennals, conocido en el mundo como el Nobel de los Derechos Humanos.
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Alejandra Ancheita es una destacada defensora de derechos humanos que este viernes recibió el Doctorado de Honoris Causa (DHC) de la Universidad Paris Nanterra, convirtiendose en la primera mujer mexicana en recibir esta d
Ancheita es abogada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Justicia por la Universidad de Fordham, Nueva York. En el año 2014 se convirtió en la primera Mexicana en ser condecorada con el premio Martin Ennals, conocido en el mundo como el Nobel de los Derechos Humanos. Además es Fundadora y Directora Ejecutiva de ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Alejandra ha trabajado por 20 años como defensora de derechos humanos en México, y en el 2005 participó en el Programa de Defensores de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia; lidera procesos para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales con resultados sin precedente en la generación de mecanismos de rendición de cuentas de empresas transnacionales y ha trabajado en litigio estratégico y la defensa de comunidades y personas defensoras de derechos humanos.
Alejandra Ancheita platicó con Magazine acerca del DHC recibido, los obstáculos de ser defensora de derechos humanos y la situación actual de estos en nuestro país.
-¿Qué representa para usted recibir este reconocimiento de la Universidad Paris Nanterre?
-Este reconocimiento representa para mí varias cosas. Como primer punto, un mensaje alentador y de apoyo al trabajo en defensa de derechos humanos que se realiza en México y en la región latinoamericana; y en especial, la defensa de derechos humanos que llevamos a cabo las mujeres.
Lamentablemente, como segundo punto, este reconocimiento al trabajo en defensa de derechos humanos también nos muestra que aún queda mucho por hacer para generar mejores condiciones para las mayorías.
Como tercer punto, creo que este reconocimiento también manda un mensaje a las comunidades y colectivos que todos los días luchan por sus derechos humanos para que sigan en la lucha, construyendo espacios de esperanza.
También, considero que el reconocimiento representa la posibilidad de seguir posicionando el tema de los derechos económicos, sociales y culturales; consideramos que estos derechos son fundamentales para que las personas cuenten con una vida digna.
-¿Cómo decidió enfocar su trabajo a la defensa de los derechos humanos?
-Soy hija de dos personas comprometidas socialmente, cuya generación luchó en 1968 por un país más justo y democrático; mi padre también fue defensor de derechos humanos. Estos antecedentes familiares me llevaron a interesarme por la defensa de los derechos humanos.
Otro parteaguas en mi carrera fue mi incorporación a la UAM-Azcapotzalco en 1994, en donde ingresé a estudiar la Licenciatura en Derecho. En esos años, como estudiante, viví una coyuntura muy interesante, con los levantamientos zapatistas y con los reclamos de los pueblos indígenas por ser considerados dentro de las grandes discusiones nacionales como sujetos de derecho, y no como meros espectadores. En la universidad tuve maestros y maestras que compartían esta mirada sobre estos temas, y que impulsaron en mí el deseo de dedicarme a los derechos humanos.
Otro hecho que marcó mi carrera fue el haber ingresado al Programa de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia en el 2005. Allí fue donde me enfoqué en el tema de derechos económicos, sociales y culturales; y a la conclusión de este Programa, decidí fundar el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).
-¿Cuáles han sido los obstáculos más importantes a los que se ha enfrentado como defensora de derechos humanos en nuestro país y cómo los ha enfrentado?
-En México, luchar a favor de los derechos humanos todavía es considerada una actividad de alto riesgo, sobre todo si se enfrentan con poderosas empresas que operan bajo la protección de la impunidad y la falta de un compromiso político del Estado para asegurar el Estado de Derecho. Creo importante hacer más visible, en México y en la región, las acciones que las grandes empresas transnacionales realizan y que atropellan derechos humanos de grupos y comunidades. Los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a un enfoque estrecho del progreso y el desarrollo, donde la narrativa dominante promovida por corporaciones transnacionales y las élites económicas son los beneficios de la actividad extractiva y la globalización. Las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a ser catalogadas como “antidesarrollo”, a difamaciones, a amenazas, a actos de violencia e, incluso, al asesinato.
En mayo, la Comisión Interamericana de los DH y la oficina de la ONU-Derechos Humanos expresaron su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año 2019, en comparación con años anteriores. Hasta mayo, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, lo que contrasta con los 13 casos documentados para todo el año 2018. Ocho de estas 10 personas pertenecían a comunidades indígenas.
En mi caso, he sufrido distintos tipos de obstáculos por ser mujer, principalmente. Han difamado mi trabajo y mi persona, han amenazado mi integridad y la de mi familia, me han seguido e incluso llegaron a entrar a nuestra oficina hace unos años. Todo esto tiene como fin el infundir miedo en la defensa de derechos humanos; sin embargo, me niego a que el miedo se convierta en el eje rector de mi vida y de mi trabajo.
En mi labor como defensora de derechos humanos, también he tenido que enfrentarme a obstáculos estructurales: la corrupción y la impunidad son asuntos que atraviesan a todos los niveles de gobierno en México, y que impiden el acceso a la justicia de los grupos en situación de desventaja. Otro obstáculo que querría mencionar es la captura corporativa del Estado: de manera muy somera, el fenómeno mediante el cual una élite económica (principalmente, empresas transnacionales del Norte Global) influye indebidamente en las instituciones de toma de decisiones (locales, nacionales, regionales o internacionales) para que actúen de acuerdo con sus intereses.
-¿Cómo ha visto las acciones del nuevo Gobierno mexicano en derechos humanos?
-Creo que estos primeros meses han empezado con claroscuros; hay puntos positivos, y puntos que es necesario cambiar. Sobre los puntos positivos, hay un discurso de reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas, que se vio desde la ceremonia de asunción del Presidente; también, se abren discusiones interesantes sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en temas como la interrupción legal del embarazo; y las políticas de verdad, memoria y justicia que se están impulsando con respecto a las más de 30 mil personas desaparecidas en México, cuando justo en estos días recordamos que todavía nos faltan 43. Como puntos negativos, puedo mencionar la construcción de megaproyectos como el Tren Maya o el Tren Transístmico, que no fueron consultados con las comunidades; las políticas migratorias, que tienen un enfoque de control más que de integración; y la preocupante influencia que ciertos sectores conservadores religiosos tienen sobre el Presidente.
-¿Cómo ha sido el trabajo de ProDESC en la frontera norte del país con los migrantes y en especial con las caravanas de migrantes que llegaron a México?
-Como parte de su trabajo en el tema de derechos humanos laborales, ProDESC lleva casi 10 años trabajando con los y las trabajadoras migrantes temporales, que viajan a los Estados Unidos bajo el sistema de visas H2-A y H2-B por una temporada y después regresan a sus comunidades en México. En el sistema de trabajo migrante temporal hemos detectado diversas violaciones a los derechos humanos de los y las trabajadoras (por ejemplo, los reclutadores suelen pedir cuotas indebidas para asegurarles un puesto de trabajo en los Estados Unidos). Con el apoyo de ProDESC se logró constituir la Coalición de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes Sinaloenses, compuesto por personas que viajan o viajaron a trabajar a Estados Unidos con el sistema de visas H-2. En octubre de 2018, ProDESC y la Coalición inauguraron el Centro de Asistencia, Asesoría y Atención al Trabajador Migrante (CAAATM) en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, para fortalecer la defensa de derechos humanos laborales.
ProDESC ve con preocupación el papel que el gobierno mexicano ha tomado frente a la coyuntura actual de las migraciones en México. El gobierno actual parece no tener un enfoque de migración laboral que permita a las personas migrantes trabajar en México si así lo desean, y gozando de todos los derechos establecidos en la Ley; más bien, ha desplegado a la Guardia Nacional para intentar detener a las personas migrantes. Hemos seguido muy de cerca la situación con las caravanas migrantes, y hemos apostado a hacer actividades de incidencia para posicionar el tema de la migración laboral en la agenda pública. También estamos trabajando en un proyecto en Tijuana, en conjunto con organizaciones nacionales e internacionales, para construir en conjunto un Corredor Transnacional de Justicia y Dignidad entre Centroamérica, México y Estados Unidos.
-¿Cuál es la realidad en cuestión de derechos humanos y mecanismo de protección para las mujeres mexicanas? ¿Qué hacer y cómo cambiar esta realidad?
-Sobre este punto, me parece aclarador citar el Informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos acerca de su misión a México; primero, hay que pensar en las mujeres como sujetas de cambio y no como personas vulnerables únicamente por su género o condición. Las defensoras de derechos humanos hemos actuado con mucho empeño estos años con la finalidad de defender su identidad como sujetas de lucha, auto reivindicación y representación.
Lamentablemente, el panorama actual no es favorable para discutir el rol de las mujeres como defensoras de derechos humanos. Estamos dando un vuelco hacia la reincorporación de “valores tradicionales” y conservadores que impiden la participación de la mujer en las esferas públicas y privadas. En este contexto de descrédito generalizado a la labor de defensa de derechos humanos, las defensoras indígenas que protegen sus territorios y las mujeres trabajadoras que defienden sus derechos frente al embate del capital transnacional, son sin duda quienes sufren la mayor cantidad de agresiones que van desde la difamación hasta el asesinato. En México, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras registró entre 2015 y 2016 un total de 862 agresiones contra defensoras, siendo el país con mayor número de agresiones en la región.
Para comenzar a cambiar la situación, el Estado mexicano debe asumir de forma más proactiva su obligación de proteger y de reconocer pública y sistemáticamente la legitimidad de la labor de defensa de derechos humanos, particularmente de las mujeres, a nivel individual, colectivo y comunitario. También, es necesario contar con un marco de política pública en materia de empresas y derechos humanos aprovechando el contexto del diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
– Respecto a los indígenas mexicanos, a lo largo de estos años de lucha en defensa de sus derechos y tierras, ¿ha visto algún cambio en políticas que los beneficien y en la actitud de los mexicanos?
-Creo que la presión derivada de los movimientos sociales en 1994 dio resultados interesantes para la lucha por los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En particular, la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996 llevó al Estado mexicano a reconocer que tenía una deuda histórica con sus pueblos y comunidades indígenas. Estos acuerdos reconocieron los derechos políticos, jurídicos, sociales, económicos y culturales de los pueblos y comunidades indígenas; considero fundamental que este gobierno cumpla su promesa y retome los Acuerdos de San Andrés como primer paso.
Desde ProDESC, también mencionaríamos que existe una discriminación estructural que se refleja en las instituciones públicas, como las de impartición de justicia. Es necesario abordar este tema de manera urgente, para generar cambios en este sentido.
-¿Cuál es el principal enemigo de los derechos humanos?
-Más que hablar de enemigos, hablaría sobre causas estructurales que llevan a violaciones de derechos humanos. Anteriormente, señalaba a la corrupción, la imunidad y la captura corporativa del Estado como causas estructurales; agregaría, en este punto, la desigualdad. Lamentablemente, no es noticia hoy en día decir que la desigualdad crece en prácticamente todos los países, y principalmente en los países del Sur Global.
-En su experiencia, ¿existe interés de la gente en evitar la discriminación, respetar y proteger los derechos humanos?
-Claro que existe el interés de la gente, eso es lo que nos da esperanza para seguir trabajando en la defensa de derechos humanos. Sin embargo, considero que los y las defensoras tenemos un trabajo constante de sensibilización sobre el tema de derechos humanos. Esto resulta más apremiante en el momento actual, con gobiernos como el de Trump, Johnson, Bolsonaro o Modi, que tienen un discurso claramente anti-derechos humanos.
