Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– México conmemora este sábado el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en medio de un ambiente de impunidad, con diferentes cifras de desaparecidos y con la indolencia de las autoridades que denuncian sus familias. Desde el norte hasta el sur del país, los familiares de las víctimas realizarán varios eventos como marchas, plantones, caminatas, protestas para exigir claridad y justicia.

Una de las entidades que contará este sábado con un plantón en Palacio de Gobierno es Chihuahua, gobernada por el priista César Duarte Jáquez, quien se mostró indolente con la madres de cientos de víctimas, según han acusado defensores de derechos humanos.

“El Gobernador tiene oídos sordos. No nos escucha, no me importa decirle, así póngalo por favor, no nos escucha, nos cierra las puertas de Palacio de Gobierno y por eso vamos a ir a protestar”, dijo Arcelia Cerros Ochoa, madre de Ignacio Villagrán Cerros, desaparecido una noche mientras conducía un camión ganadero rumbo a Tepachi, un pueblo de la sierra de Chihuahua.

Durante los últimos dos años desaparecieron sólo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, 350 jóvenes entre 16 y 34 años, desde estudiantes, profesionistas y trabajadores agrícolas, pero el Gobernador de esa entidad no quiere ver la problemática y enfrentarla, denunció Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua.

“Desde 2010 a la fecha van mil 600 desaparecidos, sólo en Cuauhtémoc 350 jóvenes, pero el problema más grave es que el Gobernador César Duarte [ Jáquez] se niega a reconocer el problema de desapariciones y un Gobernador con soberbia significa el abandono para todas esas víctimas, sus esposas y sus hijos”, dijo la activista a SinEmbargo hace apenas unas semanas.

Hoy para Castro, no sólo el Gobernador de Chihuahua muestra escaso interés por resolver los casos de desapariciones forzadas, sino que el gobierno federal apuesta por la simulación. “Estamos viendo que justo en el sexenio de [Enrique] Peña Nieto hay más desapariciones que en el pasado y no han sido capaces de hacer una base de datos a nivel nacional, de estructurar programas específicos de prevención. Se trata de una simulación”.

Para la activista además de la indolencia de las autoridades por el caso de los desaparecidos, hay una guerra de cifras, imprecisas, cuestionables y sospechosas, que generan confusión.

“Se debe reconocer y ver lo que está pasando en los estados, hay una cifra negra impresionante de personas que no han denunciado aún, las cifras de los desaparecidos no están, la cuestión es de dónde y cuánto son las cifras que se presentan”, indicó.

Luz Estela reparó en la Ley General de Víctimas, producto del activismo de muchas personas, y que a la fecha consideró letra muerta ya que no se encuentra homologada en las distintas entidades del país.

María Elena Salazar Zamora, madre del joven Hugo Marcelino González, desparecido desde el 20 de julio de 2009 en Torreón, Coahuila, dijo que hoy también realizarán una marcha en Saltillo para reclamar a las autoridades respuesta a las desapariciones.

“No hay datos verídicos. Nosotras volvemos a conmemorar este día, porque no están nuestros hijos. En Coahuila de dos de las organizaciones más grandes de familiares, ninguno de los desaparecidos ha regresado”, dijo.

Salazar Zamora coincidió con Luz Estela sobre que en México las autoridades simulan y trabajan sin coordinación. La madre de Hugo Marcelino aseguró que existe un ambiente de represión generalizada en contra de las madres que buscan a un desparecido.

“Ahorita hace rato hicimos una marcha y luego llegaron las patrullas porque no querían que marcháramos por una calle. Nos querían quitar”, indicó.

CIFRAS POCO CLARAS

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el pasado 21 de agosto que hay dos listas que integran la base de datos sobre desaparecidos. Una de ellas incluye a 12 mil 532 personas durante la administración de Calderón y la otra, nueve mil 790 en los dos años del Presidente Enrique Peña Nieto.

Ximena Antillón Najilis, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, indicó que los datos que presentó la PGR, dejan muchos cabos sueltos y son alarmantes.

“Falta información desagregada, estadística que nos permita entender cómo ocurre este fenómeno, reconocer patrones que son básicos para la investigación, pero también para la prevención. Eso por un lado, por otro lado el manejo de las cifras no abona a la confianza de los ciudadanos hacia las autoridades porque las organizaciones de la sociedad civil no se explican cómo se redujo a la mitad la cifra y no se han encontrado a los desaparecidos”, dijo.

La investigadora explicó que es preocupante el dato registrado durante los dos años de la administración de Enrique Peña Nieto, debido a que sólo en dos años desapareció un 80 por ciento de las personas que durante el sexenio de Calderón.

“Tenemos una preocupación muy seria y alarmante. Las cifras se redujeron porque ellos trabajaron con una metodología que no es clara. Lo que dijeron es que las procuradurías locales hicieron llamadas por teléfono a los familiares para preguntar si ya apareció su familiar. Eso no es búsqueda ni investigación; lo alarmante también es que en lo que va de Peña Nieto casi llegamos a 80 por ciento de lo del sexenio anterior en sólo dos años, cuando la administración de Calderón fue violenta y sangrienta”, detalló.

En las listas que presentó la PGR no se incluye a las víctimas de desaparición forzada ni de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos. “Entonces es una lista sesgada. No tenemos acceso a la base de datos, a las estadísticas, sólo hay ciertos datos que podemos conocer y eso nos preocupa, porque no tenemos claridad”, dijo la investigadora de Fundar.

Carlos Moreno Zamora, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y padre de Israel Jesús Moreno Pérez, desaparecido en Oaxaca, indicó que las cifras del gobierno federal, “no pueden ser confiables”, debido a que en sólo tres meses “desaparecieron a los desaparecidos”.

“De 26 mil personas que anunciaron en 2013, las bajaron a 12 mil. En la Secretaría de Gobernación [Segob] no se ponen de acuerdo, no hay un registro confiable. Volvemos a traer lo que cada funcionario se le ocurre decir, pero no hay una cifra precisa”, dijo.

Moreno Zamora indicó que la realidad a la se enfrentan los familiares de los desaparecidos en México, es a la simulación de la autoridades: “Al ir y venir de una dependencia a otra con elefantes blancos, que no son adecuados para las necesidades, poner funcionarios con altos sueldos, que no tienen ese compromiso y que carecen de sensibilidad y preparación”.

EXIGEN BÚSQUEDA TRASNACIONAL

Un grupo numeroso de más de 200 organizaciones de la sociedad civil señaló esta semana a través de una declaración conjunta, que al gobierno mexicano le hace falta voluntad política para resolver los casos de desapariciones.

“La falta de voluntad política del gobierno federal y los gobiernos estatales ha derivado en la inexistencia de una política integral de búsqueda efectiva de las víctimas e investigación y sanción de los responsables”, dice la declaración.

Entre las exigencias de las organizaciones destacan la creación de un mecanismo de búsqueda trasnacional, uno de investigación de los responsables de las desapariciones de las décadas de los 60, 70 y 80 y de la actualidad, la aprobación de una Ley General contra las Desapariciones, la aceptación del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales y mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas y a sus familiares.