Desde hace varios años Artículo 19 ha insistido en que el gasto indiscriminado, arbitrario y opaco en publicidad oficial se ha convertido en una herramienta para censurar a los medios de comunicación de una manera indirecta o sutil ¿alguna vez se han preguntado por qué ciertos sucesos pasan totalmente desapercibidos a los ojos de los medios o por qué deciden “cortar cabezas” de periodistas o analistas de la noche a la mañana tras una crítica al gobierno? La respuesta normalmente está asociada a los controles indirectos que suponen los montos millonarios que los gobiernos transfieren a los medios para promocionarse.

A lo largo del tiempo, las audiencias nos hemos acostumbrado a recibir información sesgada o a medias, y las y los reporteros han asumido que una condición para mantener su fuente de trabajo es, precisamente, no tocar a aquellos que pagan porque el medio se mantenga vivo.

Sin embargo, a lo largo de las elecciones de 2012, el tema se volvió de gran relevancia tras el movimiento #Yosoy132 y la exigencia de mayor pluralidad informativa. Hubo un momento en el que el debate presidencial se tornó en una guerra de cifras entre Andrés Manuel y Peña Nieto para apuntar hacia aquél que había gastado más en publicidad oficial y por lo tanto obtenida la venia de los medios de comunicación para promocionarlo y convertirlo en presidente de la República. Incluso, una vez electo, Enrique Peña Nieto, se comprometió a crear un organismo externo regulador de este gasto -nunca más volvió a mencionar el tema y contrario a una regulación ha incurrido en un gasto que asciende los 37 mil millones de pesos.

A nivel internacional, los organismos de derechos humanos – la ONU y la CIDH- han señalado que el uso de controles indirectos a los medios de comunicación atenta contra la libertad de expresión pero también hacia la información que recibe la sociedad. A través de las visitas hechas por los relatores a México se ha señalado como un tema pendiente de resolver y necesario para hablar de una verdadera democracia ¿cómo decir que los/as ciudadanos/as están bien informados/as y pueden tomar decisiones si la información que reciben es solo aquella que el gobierno les quiere dar?

Si bien es cierto que a nivel nacional existen algunos medios independientes del dinero público y que han logrado apartarse de la narrativa oficial, lo realidad es que a nivel local existen medios de comunicación cuya dependencia al dinero público asciende el 60% del total de los ingresos, y medios -como Televisa y TvAzteca- que se convierten en los mayores beneficiarios del dinero de municipios, estados y la federación.

En los últimos años, ha habido numerosos intentos de legisladores/as por regular la publicidad oficial pero, como siempre, se han quedado en “buenas” intenciones y nunca se convierten en realidad.

Así, en 2014, en uno de esos intentos, algunos/as legisladores/as lograron colocar dentro de la reforma político – electoral un transitorio que les obligaba a regular la publicidad oficial a más tardar en abril de ese año y nunca sucedió. El Congreso pensó que nadie les iba a reprochar su omisión y, mientras tanto, siguieron disfrutando de los jugosos réditos de la falta de regulación (promocionarse a diestra y siniestra, vendiendo propaganda o boletines oficiales como opinión, apareciendo en espectaculares, etc.).

Sin embargo, tres años después, tras un litigio que busca reconocer que el amparo si puede fungir como mecanismo de control de garantías ante la parálisis legislativa y que la publicidad oficial es un tema de interés público que requiere regulación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, está a punto de hacer historia.

El 15 de noviembre, los cinco Ministros discutirán un proyecto de sentencia hecho por el Ministro Zaldívar que rompe los esquemas de los alcances del juicio de amparo. De aprobarse dicho proyecto por la mayoría de Ministros y Ministra de la Primera Sala, el Congreso de la Unión tendría hasta el 30 abril de 2019 para discutir y aprobar la ley reglamentaria. Sin duda se trataría de un precedente histórico en dos sentidos. Primero, brindaría al juicio de amparo eficacia para que la ciudadanía pueda reclamar violaciones a la Constitución por omisiones del legislativo. Segundo, obligaría a regular en la asignación de la publicidad oficial para lo cual se estaría en la oportunidad de revertir los históricos mecanismos de censura ejercidos contra la prensa por los gobiernos federal y estatales (1).

La viabilidad de construcción democrática depende de la existencia de un debate público robusto, plural y desinhibido, aún más necesario en el contexto actual de violaciones graves a derechos humanos y hechos graves de corrupción.

1. ARTICLE 19, SCJN tiene oportunidad histórica para acabar con uso arbitrario y discrecional de publicidad oficial, disponible en: https://articulo19.org/scjn-tiene-oportunidad-historica-para-acabar-con-uso-arbitrario-y-discrecional-de-publicidad-oficial/

Ana Cristina Ruelas

https://www.sinembargo.mx/author/ana_ruelas

Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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