Pronto se cumplieron dos años de gobierno, un tercio de sexenio en supuesta transformación. Sin embargo, cuando hablamos de garantizar la libertad de expresión a la largo y ancho del país, más allá de los cambios narrativos, no tenemos gran cosa.

La llegada del gobierno de Andrés Manuel era una esperanza para mirar una relación económica distinta entre los medios de comunicación y el gobierno, no solamente a nivel nacional, si no en lo estatal y municipal también. La relación fincada en el dinero público que se transfiere a los dueños de los medios de comunicación a cambio de propaganda o ensalzamiento público y, que termina sesgando el espacio informativo, parecía tener un fin con la llegada de una persona que abiertamente había hablado y sido víctima de los efectos perversos de esta dinámica.

Además, a su llegada, el vocero Jesús Ramírez Cuevas fue explícito al advertir que estaría trabajando por fijar criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de la pauta. Muchos medios cubrieron su intencionalidad, otros empezaron a tomar medidas ante la posible reducción presupuestaria y, otros, confiaban que, una vez asentado en el poder, el Presidente entraría en razón y vería las mieles de la venía mediática.

Durante el tiempo de transición Ramírez se reunió con ARTICLE 19 y Fundar para trabajar una ley de comunicación social que recurría a los más altos estándares y retomaba las mejores prácticas del derecho comparado. Este documento se quedó en el archivo muerto de aquella oficina en la colonia Roma, tal como lo predijeron algunos periodistas “la plata y los réditos de ejercerla arbitrariamente pueden más que las buenas intenciones”. El tema tiene impactos inmensos en la vida democrática del país, pero ¿por qué hacer las cosas bien si nadie lo había hecho antes?

Por alguna razón el gobierno de Andrés Manuel asumió que con la reducción del gasto se zanjaba el problema. Ciertamente, hubo una disminución radical del monto asignado a nivel federal que no estatal o municipal. Sin embargo, la decisión sobre cómo asignar es aún un asunto de Estado que no le corresponde saber o escudriñar a nadie más. Este gobierno, como los otros, tiene a sus consentidos, los que todos los días hablan de él y “apuestan” por la “cuarta transformación”. Y aunque se pensaría que por conveniencia el gobierno dejaría el tema en el olvido, por el contrario, la estrategia ha sido recordar y apartarse del problema una y otra vez desde la narrativa y desde el púlpito de las conferencias matutinas para señalar a aquellos otros medios apartados de esa apuesta, para apuntarlos y apartarlos de sus audiencias argumentando la venta de favores o estar al servicio de oscuros intereses económicos.

Finalmente, los números que nos da el propio gobierno a través del portal de gasto en comunicación social nos dicen que la realidad es otra. Que las televisoras siguen siendo las dueñas del pastel y que las dinámicas de poder entre los otros medios y el gobierno están tan presentes como lo estuvieron en el sexenio de Calderón y Peña.

El discurso sobre la garantía de la libertad de expresión en México está en el debate público, para algunos el hecho de que hoy pueda escribir esta columna es suficiente para argumentar a favor del gobierno. Sin embargo, mientras la iniciativa de ley de publicidad oficial sea un archivo muerto, lejos estamos de hablar de pluralidad, diversidad e independencia de medios. En la definición de criterios de asignación y su transparencia yace la posibilidad de que las y los mexicanos empecemos a recibir información veraz apartada de contenidos propagandísticos desde la izquierda o la derecha.

Cierto, hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación pero ¿quién tendría que poner las reglas del juego?

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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