Todos le salimos a la lucha.

Cuando Andrés Manuel dijo que estaba dispuesto a salir a la calle en tres supuestos de agresión: al país, a la República, a la Presidenta, los que venimos luchando contra el régimen de privilegios y corrupción desde que éramos jóvenes allá por los mediados 60s y la siguiente generación que incluyó a Andrés Manuel sentimos que todavía tenemos un espacio de vida para gastarlo en las mejores causas.

Antonio Plaza, una poeta muy popular a finales de los 1800s escribió:

Del patriotismo la llama
ardió en mi pecho de tierra.
Marché, Andrés, y en cruda guerra
reñí, como perro en brama.

El éxito no fue malo:
vencimos a los traidores,
y volví pisando flores
con una pierna de palo.

De esa manera describía su participación en la guerra contra el imperio de Maximiliano, en mi infancia mi padre declamaba versos de Antonio Plaza a la hora de comer como las bendiciones de los alimentos. De esa manera nos inculcó patriotismo, antiimperialismo, respeto por la familia, integridad personal.

Ese sentimiento de compromiso con la independencia y soberanía de México lo incorporamos a nuestro catálogo de valores. Y desde entonces tuvimos muy claro que una de las grandes divisiones en la sociedad mexicana, residía en la actitud frente a los países extranjeros (entonces la URSS y Estados Unidos).

Ellos, buscadores del apoyo y la intervención de las potencias extranjeras para tener riqueza y poder; y nosotros, defensores de la autodeterminación del propio país. Leíamos y escuchábamos en la radio sobre la doctrina Estrada, el reconocimiento de Cuba, la cultura mexicana, el sol azteca estaba impreso en los billetes de un peso. Incluso ese sentimiento de mexicanidad me contuvo de afiliarme al Partido Comunista a pesar de ser un activista y organizador entre los estudiantes y trabajadores, y ese sentimiento me mantuvo sin afiliación política hasta que se formó un partido auténticamente mexicano: el PRD. Esa convicción nunca ha sido chauvinismo, sino el sentido de que México existe como un Estado con Territorio, Población y Poder Soberano.

También desde joven, he enfrentado, a quienes sostienen que la soberanía es renunciable cuando es obstáculo para lo que ellos consideran prioridades económicas, ideológicas o de desarrollo personal, me sorprendía cuando ellos (que acá en la frontera norte hay varios) con toda convicción y en una actitud cínica contestaban "¿cuál soberanía?"... “No te hagas el occiso, los gobernantes siempre obedecen a los gringos” …”La verdad es que los gringos son los que mandan en México”... “Entonces por qué vamos a estar defendiendo un país que no existe más que en tu cabeza”...”business son business”.

Con ellos me enfrenté en lo individual, en clases, en la política estudiantil, en el ejercicio profesional, como abogado de obreros y de Derechos Humanos, profesor universitario, servidor publico, Diputado. Siempre honrando mi pensamiento y a mis padres, a pesar de que mi madre murió como norteamericana.

Yo me uni a López Obrador desde que él asumió la Presidencia del PRD, en abril de 1996, estuve en su toma de protesta, y desde entonces… con el “voy a todas”, incluso a la banca política cuando él terminó, pues ya veo llegar los 80 años a principios de 2026.

Por eso y por mucho más, porque de la lucha por las causas sociales uno nunca se jubila, cuando lo vi en el video de la presentación de su libro dije y hoy lo escribo: YO TAMBIEN LE SALGO A LA CALLE, A GASTAR MI ÚLTIMO ALIENTO EN LA TRINCHERA.

Como lo dijo Antonio Plaza

“Anda a luchar
La lucha no te espante
Porque nació para luchar el hombre
Como nació para volar el ave”.

En 2010 inició el “maldito” proceso, así lo ve gran parte de las grandes corporaciones globales de los alimentos ultraprocesados. De hecho, antes de 2010 no les hubiéramos llamado alimentos ultraprocesados a sus productos; es en ese año que apareció el primer artículo científico que usó ese término. La reacción inmediata frente al concepto de “ultraprocesados” fue global: no le gustó a la industria. El principal argumento que enarbolaron fue que no era un concepto científico. El caso de la reacción corporativa llegó a su máxima expresión con la Fundación española, financiada por la industria, llamada Triptolemos, que amenazó públicamente a quien usara el término “ultraprocesados”, señalando: “Desde una perspectiva jurídica podría ser sancionable la utilización de la expresión o concepto ‘Ultraprocesado’… Tampoco puede excluirse que aquellas empresas cuyos productos se denigren con este calificativo entre los eventuales compradores puedan recurrir ante los órganos judiciales para resarcirse de los daños y perjuicios causados”.

Claro, el concepto creado por el investigador brasileño Carlos Monteiro, que clasificó los alimentos por grado de procesamiento, estaba demostrando que cuanto más procesados estuvieran los alimentos, mayor sería la pérdida de su valor nutricional y mayor la incorporación de aditivos con riesgos para la salud, al mismo tiempo que el consumo de ultraprocesados sustituía el consumo de alimentos naturales, dejando de ingerir, por ejemplo, fitoquímicos que tienen un alto valor inmunológico. Se convertía en un planteamiento muy sencillo, en un concepto muy entendible para explicar las grandes epidemias de sobrepeso, obesidad, diabetes y diversas enfermedades relacionadas con el cambio profundo en la dieta.

El documento presenta una caracterización de los AUP y la industria que los produce. El modelo de negocio principal de la industria de los ultraprocesados se basa en el uso de ingredientes básicos baratos y tecnologías de fabricación industrial para minimizar costos, así como en un marketing intensivo y diseños de productos muy apetecibles —hiperpalatables— para impulsar el consumo repetido y desmedido, aclarando que el objetivo del ultraprocesamiento es la maximización de beneficios. Agregaría que estas corporaciones están en la dinámica de demostrar el aumento de ganancias cada tres meses en las bolsas de valores, y para ello deben aumentar el consumo de sus productos: que quienes ya los consumen lo hagan en mayor cantidad, y que quienes aún no los consumen, comiencen a hacerlo.

Entre 2010 y nuestros días, más de seis mil artículos publicados utilizan el concepto de alimentos ultraprocesados (AUP), demostrando una asociación entre un mayor consumo de estos productos y un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer y otra larga lista de enfermedades, comprobándose así, también, una relación con el aumento de la mortalidad.

Podemos decir que el principio del fin de los ultraprocesados —al menos como la posibilidad de ser considerados como parte de una dieta recomendada— nació en 2010 y, ahora, da un paso muy importante con la publicación en la que es considerada la revista científica de medicina de mayor impacto: The Lancet. Más de 50 expertos participaron en la elaboración de los tres documentos de la serie de The Lancet sobre ultraprocesados. Tuve el agrado de recibir una invitación para revisar el tercer documento de esta serie. Por su trascendencia, comento de manera muy sencilla los hallazgos de esta publicación, que marcan un antes y un después en lo que primeramente se llamó “comida chatarra”, pero que limitaba la consideración de alimentos no saludables a un puñado de productos que, para muchas personas, no incluían productos como los cereales de caja, el pan industrializado, los yogures endulzados y saborizados, etcétera, etcétera, que sí están incluidos en el concepto de ultraprocesados.

El primer documento de esta serie de The Lancet habla de cómo los AUP han desplazado las dietas tradicionales alrededor del mundo y han desatado una serie de enfermedades crónicas que se han convertido en epidemias globales.

En el segundo documento se exponen las políticas que se han desarrollado en diversos países para reducir los daños de los alimentos altos en azúcares, grasas y sodio, planteando la necesidad de políticas más profundas e integrales que comprendan los determinantes de estos sistemas alimentarios: desde la producción, la publicidad y el mercadeo, hasta su consumo.

El tercer documento, que comentamos más en detalle aquí, da varios pasos para avanzar en el conocimiento de las causas que han llevado a este cambio en la dieta a escala global —un cambio que nunca antes se había producido en la historia de la humanidad—, proponiendo orientar una respuesta de salud pública a nivel mundial.

En primer lugar, demuestra que las grandes corporaciones globales de los alimentos ultraprocesados son un factor clave del problema.

En segundo lugar, destaca que el principal obstáculo para avanzar en las respuestas en términos de políticas de salud pública son las actividades de esta industria en el ámbito político, actividades coordinadas transnacionalmente a través de una red global de grupos fachada, iniciativas de múltiples partes interesadas y socios de investigación, con el fin de bloquear las regulaciones que afectan sus intereses.

En tercer lugar, se presentan estrategias para reducir el poder de la industria de los alimentos ultraprocesados en los sistemas alimentarios y para movilizar una respuesta global de salud pública. Reducir el poder de la industria de los AUP implica desarticular el modelo de negocio de estos productos y redistribuir los recursos a los productores de alimentos —alimentos que llamamos verdaderos—; implica proteger la gobernanza alimentaria de la injerencia corporativa, e implementar medidas sólidas contra los conflictos de interés en la formulación de políticas, la investigación y la práctica profesional.

Se comprende que la industria de AUP incluye no sólo a las grandes corporaciones, sino también a los proveedores de ingredientes, productores de plástico, minoristas de comestibles, cadenas de comida rápida, empresas de publicidad, grupos de presión, grupos pantalla de la industria y académicos e instituciones a su servicio. Se denomina a estos actores colectivamente como la “industria de los AUP”, y a los sistemas alimentarios que esta genera y controla, como “sistemas de AUP”.

El creciente dominio de la industria se explica a través de su poder en el mercado. Algunos datos ejemplares: entre 1962 y 2021, de los dividendos repartidos por las empresas de los sectores de producción, procesamiento, fabricación y venta minorista de alimentos, más de la mitad correspondieron únicamente a los fabricantes de alimentos ultraprocesados (57). Esta rentabilidad crea un ciclo de retroalimentación que incentiva el modelo de negocio de los ultraprocesados frente a otras alternativas y genera recursos excedentes para la continua expansión empresarial. Nestlé, por ejemplo, pasó de 80 fábricas en la década de 1920 a 340 en 76 países en 2023, atendiendo 188 mercados. En 2022, el Sistema Coca-Cola produjo dos mil 200 millones de raciones diarias de bebidas en 200 mercados, abastecidas por 200 socios que operaban 950 plantas embotelladoras. En 2024, Coca-Cola, PepsiCo y Mondelez invirtieron conjuntamente 13 mil 200 millones de dólares en publicidad, casi cuatro veces el presupuesto operativo de la OMS.

En el tercer documento de la serie de The Lancet sobre ultraprocesados se presenta el mapeo de grupos de interés financiados por corporaciones líderes en la industria, identificándose 207 grupos en todo el mundo. Ocho corporaciones son centrales en la red, lo que indica su rol coordinador: Nestlé (n=137 miembros), Coca-Cola (114), Unilever (106), PepsiCo (105), Danone (91), Mars (74), Mondelez (72) y Ferrero (69).

Se presenta como ejemplo de las estrategias de estas industrias la referencia al documento interno de Coca-Cola Europa, una matriz de riesgo de políticas públicas que evaluó el impacto que podrían tener estas políticas en sus negocios, es decir, en sus ganancias. Coca-Cola identificó 49 políticas regulatorias en términos de su probabilidad de materializarse e impactar en los negocios, reconociendo a los impuestos, etiquetados en envases y leyes de reciclaje como las políticas más preocupantes que había que "contratacar". Es decir, Coca-Cola se publicita públicamente como responsable social y ambientalmente, e internamente pone sus baterías en contra de las políticas de salud y protección ambiental: el maquillaje contra la realidad.

Se reconoce que estamos en un momento importante a partir de que la evidencia sobre los daños de los AUP es abrumadora y, con ello, la urgencia de actuar. La evidencia ahí está: el número de artículos que utilizan el término AUP aumentó de cuatro en 2010 a más de seis mil 850 en 2024.

El documento plantea lo siguiente: al igual que con el control del tabaco, una respuesta mundial unificada frente a los alimentos ultraprocesados debería confrontar directamente el poder corporativo —incluidos los esfuerzos por regular sistemáticamente las prácticas comerciales de la industria— y desarticular el modelo de negocio ultraprocesado. Los actores de la salud pública y sus aliados en diversos sectores y movimientos pueden unirse en su llamado a que los AUP se prioricen como un problema de salud mundial concreto y urgente. Los objetivos son prevenir el auge de la dieta ultraprocesada, detener su crecimiento y reducirlo donde ya predomina.

Para quienes venimos trabajando, desde hace 20 años, desde la sociedad civil en la implementación de políticas públicas para la reducción del consumo de estos productos y la recuperación de la salud alimentaria desde una perspectiva no solamente de salud, sino también ambiental y de justicia social, la serie The Lancet sobre AUP viene a ser la reivindicación científica de lo que hace 20 años nos planteábamos como un manifiesto, dando evidencia y mucha claridad del camino a seguir. Se suma esta serie a otra serie de The Lancet, la dedicada a los Determinantes Comerciales de la Salud, a la de The Lancet EAT, y a la de la comisión de obesidad que creó The Lancet, y de la que formé parte, que presentó el documento “La sindemia de obesidad, desnutrición y cambio climático”.

Existe la necesidad de un cambio sistémico, y este requiere una redefinición del crecimiento hacia el bienestar, desviándolo del objetivo de la acumulación, tanto por la justicia social como por la salud humana y planetaria.

El domingo pasado, después de cuatro días de trabajo incansable, una logística de meses de preparación y producción al más alto nivel, cerró Original. Un proyecto cultural convertido en fiesta de colores, de tintes naturales, de texturas y de imaginación. La significativa exhibición de la riqueza de nuestros pueblos originarios, del poder que tienen en sus manos, en sus mentes e imaginación.

Con una historia de privilegios, Los Pinos fue la casa exclusiva para las familias presidenciales. Aislada y ajena a los ciudadanos, llena de recovecos en los que por años se negoció la corrupción; donde se prolongó el poder de unos cuantos y se marcaron las diferencias entre los poderosos y la gente. En 2018 dejó de serlo y abrió sus puertas, convertida en un ágora de acontecimientos y de encuentro.

Ya son siete años en los que miles de mexicanos han podido disfrutar de los parques de la finca anteriormente vedados y, sobre todo entre salas y recámaras, aún se ven curiosos merodeando entre los espacios íntimos de las familias presidenciales. Lo que fueran recintos de exclusividad y privilegio, son ahora continente de valiosas exposiciones sobre nuestra herencia cultural. Quizá ninguna con la calidad y profesionalismo de Original, realizada el fin de semana pasado, el último de noviembre, una muestra de la diversidad que somos y de la que debemos sentirnos orgullosos.

(Menciono lo que se lee en la página de la Secretaría de Cultura; son datos interesantes que se reflejan en lo que pude constatar el domingo que visité la exposición.) En su quinta edición, Original contó con la participación de 400 artesanos de 257 localidades de 183 municipios. Más de 32 lenguas y pueblos originarios estuvieron presentes en esos días; además participaron representantes de los pueblos afromexicanos. Bellas pasarelas, a la altura de los grandes desfiles de moda internacionales, en las que lxs hermosxs modelos (con las características diversas que existen en nuestro país), portaban los trajes con orgullo y elegancia. El montaje, la iluminación y la música tecno-prehispánica fueron increíbles. Además, talleres de bordado colectivo, otros para niños y adolescentes o para adultos mayores de sesenta (en los que ya pude participar). Conciertos de grupos regionales, gastronomía con las llamadas Cocinas de Humo, en las que cocineras de ocho estados compartieron sus sabores. Momentos inolvidables de espontánea irrupción en las plazas con grupos de danzantes y bandas.

Tuve la gran suerte de que me tocara la Diablada de Oaxaca y Guerrero. Con sus vestuarios de sátiros, máscaras elaboradas en papel mache con personajes fantásticos, al ritmo de la fascinante banda de metales de reconocimiento internacional; llenos de energía nos trasladaron a una escena de carnaval. Un día de fiesta en el que se sintió el amor y la admiración de los visitantes a la cultura de la que somos parte. Todos recorríamos seducidos por la magia y la riqueza de cada espacio dedicado a una región, a una familia o a una cooperativa de artistas.

La diversidad de textiles, joyería, artesanía y bordados mexicanos era alucinante. La gente que circulaba entre los exhibidores tenía muy claro que había que pagar el precio correcto y no regatear.

Vi personas de todos los niveles sociales, distintas entre sí, pero que tenían en común el respeto y admiración por cada una de las piezas. Había huipiles de hasta cincuenta mil pesos o más. Verdaderas obras de arte que son costosas porque su producción es muy elaborada e implica procesos largos, tintes naturales, varias manos de bordadores y generaciones de familias dedicadas a ello. Tal vez no era posible adquirir un vestido de ese precio, pero el entusiasmo de las personas con las que me topé, motivó a adquirir algo por el gusto de tenerlo. Nadie se fue con las manos vacías. Muy pocos pueblos del mundo se comparan con el trabajo de nuestros artistas originarios pero, desafortunadamente, también han sido infravalorados, explotados, usados e incluso robados.

¿Por qué si hay tanta belleza, magia y creatividad en el arte popular mexicano, hay quienes se niegan a elevarlo a la condición que merece? ¿Por qué se prefiere una bolsa aunque sea fake, con tal de ostentar una marca? Llamarlos artesanos en vez de artistas, para demeritarlos, es humillante; en el fondo tiene el propósito de facilitar su explotación y sacarles provecho. A diseñadores de la categoría de Yves Saint Laurent, Hermes, Chanel jamás se les exigirían mejores precios, no se rebaja su obra porque se considera un verdadero arte. Al contrario, en esta era de consumismo y esnobismo, quienes podrían tener una colección de diseños mexicanos, pagan sumas estratosféricas por un par de zapatos o un bolso de firma extranjera. Una forma de validar la capacidad económica y lo que hoy se considera “buen gusto”, que cada vez es más presuntuoso y un remedo de las Kardashian. O peor aún, de las novias de los narcos.

La obra facturada por nuestros artistas no es artesanía, es arte. Llama la atención escuchar a jóvenes emprendedores que se acercan a estas comunidades buscando un “modelo de negocios”, término que debería avergonzar a todos delante de un verdadero artista. Vivimos una época en que nadie quiere arriesgar o invertir en un bien más que con certeza de éxito, siguiendo las reglas de mercado actuales. Hemos convertido a la expresión artística un commodity vendible. Los circuitos de arte encabezados por galerías, ferias y subastas que venden a coleccionistas improvisados que compran porque tienen dinero, no ven el arte más que como un valor tasable. Si eso hacemos con lo que consideramos arte, es posible suponer en dónde se coloca el valor de la artesanía. Pero, más que un objeto interesante o curioso, una “baratija”, tiene la vida de personas, el espíritu de pueblos y comunidades que han trabajado en su sobrevivencia. Los valores del arte están regidos por su trascendencia, porque soportan una crítica con el paso del tiempo, porque son únicos e intransferibles en su esencia. Esos valores llevan tiempo, son fruto de una pulsión que desborda la mente. Los artesanos mexicanos pertenecen a ese universo en el que el tiempo es bordado con paciencia, sin prisa y con la contemplación que merece.

El “modelo de negocio” de un empresario que compra a los artesanos en volumen a precios bajos para luego vender a precios exorbitantes, es una forma de abuso y explotación. Un emprendedor que quiere aprovechar los conocimientos y la técnica y no sólo eso, que además quiere que la elaboración sea rápida, barata y funcional, no entiende nada. Incluso la queja de que ellos, los artesanos, no se comprometen porque no quieren crecer y que deberían aprender de los maquiladores chinos, es parte de una discusión necia y sorda.

En el nuevo Plan México urge fomentar el respeto y motivar la producción de nuestros pueblos originarios, valorar su capacidad de crear, y ayudarlos a crecer y a sacar lo mejor de sí mismos. Esto se ha logrado en algunas comunidades en las que de forma respetuosa la colectividad se organiza como cooperativa y sus miembros se apoyan y protegen del rapaz sistema capitalista. Se puede seguir trabajando así e impulsar su arte para que trascienda y se internacionalice, a la vez que salvar comunidades que conocen técnicas y arte en peligro de extinción.

No se trata de cantidad, es un asunto de calidad, de respeto y de amor a una de las más altas formas de plasmar; que es ancestral, lo más antiguo del ser humano. Antes del pincel estaba la aguja, el hilo y el telar. En estos instrumentos se han vertido sueños, anhelos, formas de abrazar la vida, que han generado relatos que nos ayudan a entender distintas cosmogonías e imaginarios. En una tela puede haber mitos, leyendas, relatos personales. El hilo va conformando tiempos que se prolongan en cada fragmento. Son vidas entregadas a esa labor de una herencia inapreciable, como no sea a partir de su reconocimiento. En especial felicidades a Marina Nuñez Bespalova, Subsecretaria de Desarrollo Cultural, por su intensa participación, no sólo como coordinadora de Original, sino como una mujer sensible que valora, impulsa y está cerca de nuestros artistas originarios para escucharlos y darles el sitio que merecen. @Suscrowley

El sino del escorpión observa a la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, desplazar necesariamente su Fiscalía hacia un terreno minado por expedientes explosivos —huachicol fiscal con funcionarios involucrados; cárteles inmobiliarios a escala nacional; fraudes factureros de Álvarez Puga para beneficio de élites empresariales y políticas y, además, el propio grueso expediente del exfiscal Gertz Manero, señalado por operaciones patrimoniales sospechosas—, todos casos que exigen tanto pruebas, procesos y detenciones como una reconstrucción institucional que garantice independencia, transparencia y resultados.

Godoy enfrenta la prueba de transformar estos expedientes mediáticos en sentencias firmes, lo que exige, de inicio, una paulatina depuración de los amarres, acuerdos y compromisos de la Fiscalía anterior y su personal, más una política de transparencia que recupere la confianza ciudadana. Si la Fiscalía no logra articular técnica, coordinación interinstitucional y comunicación pública responsable, los casos señalados seguirán siendo símbolos de una justicia que promete mucho y resuelve poco.

El combate al huachicol fiscal y las operaciones conocidas como La Barredora son expedientes prioritarios para la Presidenta y la opinión pública. Su complejidad técnica y la posible colusión de funcionarios, criminales y actores privados exigen equipos forenses financieros y cooperación internacional para seguir el rastro del dinero. No basta con titulares mediáticos, el caso demanda reconstrucción documental, protección de testigos y blindaje jurídico para que las carpetas no se diluyan entre amparos y recursos, como ha ocurrido en otras investigaciones de alto impacto.

A su vez, el fenómeno del llamado “cártel inmobiliario” dejó en la Ciudad de México decenas de carpetas y una red de intereses que combinan corrupción administrativa, complicidad de servidores públicos y desarrolladores privados que lucraron con permisos y usos de suelo irregulares. Las investigaciones locales ya suman múltiples carpetas y desgloses que requieren de la coordinación precisamente de la Fiscalía General, para evitar la impunidad territorializada.

La magnitud del problema —van 55 investigaciones documentadas en la alcaldía Benito Juárez y varias sentencias parciales— muestra que no se trata solo de fraudes puntuales sino de una economía paralela que captura gobiernos locales y distorsiona el mercado de vivienda en favor de redes opacas. Aunque el término “cártel inmobiliario” se popularizó en la Ciudad de México, el alacrán destaca las investigaciones recientes que demuestran cómo se replican prácticas similares y mismo modus operandi en destinos turísticos clave —Cancún, Tulúm, Huatulco, Bahía de Banderas, Los Cabos— donde la presión del mercado, la debilidad institucional y la alta rentabilidad propician la proliferación de esquemas de corrupción urbanística.

Otro caso realmente explosivo es la detención y posible extradición de Víctor Álvarez Puga, cabeza de una red de empresas factureras que funcionó como arteria financiera para políticos, empresarios y figuras públicas de todo color y ralea; desentrañar ese nudo exige investigación forense, cooperación internacional, medidas de recuperación de activos, una estrategia integral para decomisos y la reparación del daño.

En términos de magnitud, las investigaciones periodísticas y auditorías citadas en la prensa estiman que la red habría operado con recursos por más de 3 mil millones de pesos, que apuntan a una estructura empresarial diseñada para emitir facturas, ocultar beneficiarios reales y canalizar recursos hacia cuentas y bienes de terceros.

El modus operandi incluye la creación de sociedades pantalla, el uso de testaferros, transferencias entre empresas fantasma y la emisión de facturas por servicios inexistentes para justificar salidas de dinero del sector público. Además (destaca el escorpión en plan Paty Chapoy), el caso involucra a estrellas de la farándula como la pareja de Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, proveniente de una familia de abolengo panista.

Para enfrentar un expediente tan complejo, la Fiscalía debe combinar persecución penal con medidas administrativas y fiscales, identificar beneficiarios reales, perseguir activos en el extranjero y coordinarse con la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades internacionales para evitar que los recursos reaparezcan en circuitos legales paralelos. (¡Uf!)

Pero volvamos a Gertz, insiste el venenoso. La salida del exfiscal dejó expedientes emblemáticos sin resolución y acusaciones de filtraciones, manejo discrecional o falta de transparencia en los expedientes, problemas que erosionaron más la confianza pública en la alicaída institución encargada de perseguir la corrupción.

Pero aún hay más, Gertz se irá de embajador bajo sospecha de realizar operaciones patrimoniales y financieras en beneficio propio y en perjuicio de la Universidad de las Américas-Puebla. Durante su gestión se documentaron decisiones y actuaciones que involucraron a su entorno familiar y a apoderados legales que actuaron en causas relacionadas con la UDLAP. Esas actuaciones incluyen la reapertura de investigaciones y litigios que habrían favorecido posiciones particulares en la disputa por bienes y marcas vinculadas a la universidad.

El esquema es bastante enredado y parece diseñado expertamente para que el rastro no lleve a Gertz Manero: combina transferencias patrimoniales entre fundaciones, cambios en patronatos y litigios estratégicos que pueden haber servido para desplazar activos hacia beneficiarios finales vinculados al exfiscal o su red. ¿Cómo desentrañar tal nudo gordiano de intereses diseñado por el propio exfiscal? La nueva Fiscalía deberá revisar todo: protocolos de investigación, control de filtraciones, rendición interna de cuentas, responsabilidad y credibilidad de cualquier proceso penal, solidez probatoria y percepción de imparcialidad.

Estos casos mayúsculos de corrupción —sin olvidar al narcotráfico y la extendida actuación del crimen organizado en el territorio nacional—, son desesperanzadores, juzga el escorpión, porque más allá de que sean resueltos con justicia y sin impunidad, comprueban que la corrupción es constitutiva del sistema económico y la organización social, política y gubernamental que tenemos en nuestro país. Ojo, el escorpión no asegura, como hizo Peña Nieto, que la corrupción sea un problema “cultural” en México, sino que es inherente al sistema económico del capitalismo depredador y salvaje al que estamos sometidos.

¿Qué habría que esperar de la designación Ernestina Godoy como nueva Fiscal General de la República, cuándo el trámite de habilitación, el fast track senatorial, suscitó todo tipo de comentarios? 

Peor aún cuando la designación de la Fiscal varios observadores de la cosa pública la perciben como un golpe sobre la mesa para alinearla, luego de la salida negociada de Gertz Manero, quien no estaría actuando en sintonía con las necesidades de la Presidencia de la República. 

Incluso, no faltó quien haya sugerido que en el marco de la autonomía estaba investigando a miembros de la élite morenista.

La lógica y la buena política recomendarían que la legitimidad de la designación de Godoy estaba en entredicho y entonces tendría que ganarla, a través de acciones institucionales que garanticen una fiscalía capaz de hacer cumplir la ley y, verdaderamente, fortalecerla en beneficio de todos como el eslabón perdido del proceso de autocratización que vive el país en forma vertiginosa.

El antecedente como Fiscal de la Ciudad de México y asesora jurídica de la Presidencia de la República permite reconocer que Godoy es una profesional eficiente del sistema, sin embargo, su designación obedece, antes que a sus credenciales académicas y profesionales, a necesidades políticas. 

Y es que todas las piezas del sistema deben estar debidamente alineadas para darle sintonía a las decisiones de gobierno ante la creciente ola de demandas de justicia.

Es decir, teniendo la coalición gobernante el control del Poder legislativo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de la judicatura federal y de la amplia mayoría de los gobiernos estatales, no debería tener problemas de desalineación para la toma de decisiones. 

Y en ese sentido las necesidades están claramente identificadas para garantizar la gobernabilidad: en el ámbito internacional, ocupa un lugar muy especial los acuerdos que el Gobierno de México tiene con la administración Trump y pasan por los temas de seguridad binacional, la migración ilegal y temas de carácter financiero, particularmente, los que tiene que ver con el lavado de dinero; en tanto, internamente, ante la crisis financiera que representa el crecimiento de 0,3 por ciento pronosticado por el Banco de México para 2025 que llama a políticas más agresivas para recaudar ingresos de las clases medias y altas, y lo que falte obtenerlo por medio de un mayor endeudamiento público que se calcula para 2026 en más de un billón de pesos (dicho de paso los gobiernos estatales hacen lo propio, endeudando más a los ciudadanos).

Entonces, se necesita una Fiscalía fuerte que seguramente implicará, o ya está implicando, la sustitución de cuadros técnicos de la anterior fiscalía para abrir la puerta a cuadros con mayor perfil técnico-político para continuar aquellas investigaciones que permitan al gobierno obtener ingresos extraordinarios en sintonía con los miembros de la Corte y la UIF de la Secretaría de Hacienda.

Hay urgencia, la habilitación de Godoy como Fiscal General fue, como señalábamos, fast track, saltándose las etapas de una política preocupada por las formas y la percepción de legitimidad. 

Se trata de empezar inmediatamente a trabajar en los temas candentes con los que cierra el año, donde están aquellos que tienen que ver con las finanzas públicas, pero, también, temas sociales, particularmente, con la oposición a la que se le acusa de estar detrás de las movilizaciones de la llamada Generación Z, y la de transportistas y agricultores, que amenazan con volver a tomar las carreteras luego de que habiéndoles pedido opinión sobre la llamada Ley Nacional de Aguas sus propuestas no ha sido incorporadas al texto de la Comisión de Agricultura en el Senado de la República.

Y es que el discurso de la Presidenta Sheinbaum se ha radicalizado buscando por esa vía atajar los problemas que se acumulan en el país y causan una gran resonancia a nivel nacional e internacional, dejando de lado lo que debería ser la tónica democrática: escuchar, negociar y acordar con las organizaciones sociales para despresurizar la creciente demanda social.

Si esta lógica de estructuración se comprueba, tendremos una gran actividad en las instituciones de impartición de justicia en dos niveles: por un lado el cuestionamiento, que seguramente habrá de expresarse en las negociaciones del T-MEC, por los señalamientos duros del gobierno e inversionistas estadounidenses sobre la falta de seguridad por un Estado de Derecho en manos de jueces, magistrados y ministros que son resultado de tómbolas y acordeones que, a su juicio, no garantizan imparcialidad en la aplicación de la ley.

Y, por el otro lado, la acción contra los personajes que no sólo tienen que ver con sus deudas, cómo es el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, sino porque los necesitan simbólicamente para la narrativa oficial de lucha contra los deudores públicos y la corrupción.

No es casual que en la intervención de la Fiscal en el Senado haya fijado postura en temas sensibles para su gestión “no habrá fabricación de culpables, ni persecución política”, lo primero es en un sentido amplio y en clara alusión a casos que en el pasado perjudicaron la imagen de la institución, cómo fue el de la propia familia de Gertz Manero que, como se recordará, llevó a la prisión a su sobrina Alejandra Cuevas. 

Lo segundo, tendría que ver con lo que ya se perfila, contra algunos miembros de la oposición entre ellos Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, que, si bien su caso está en la Fiscalía del estado de de Campeche, la búsqueda de “coordinación” entre las fiscalías federal y estatales deja entrever que la Fiscal no será una invitada de piedra.

En definitiva, pensar que la designación de la abogada Godoy es una decisión pensando en sus credenciales académicas y profesionales es no entender el momento político y las necesidades que se le desprenden. 

Esta designación es eminentemente política para lograr la sinergia que la Presidencia de la República no tenía con Gertz Manero, lo que significa que el país tendrá una súper Fiscal muy necesaria en cualquier democracia, sin embargo, los antecedentes laborales parecen indicar que más que responder a las urgencias nacionales, habrá de responder a las necesidades políticas de la Presidencia de la República.

Al tiempo.

En noviembre de 2021, un señor llamado Luis Carlos Ugalde, que fue Consejero presidente del IFE y corresponsable del fraude de 2006, hizo una aseveración curiosa. En una mesa de presunto análisis sobre la gobernabilidad del país, organizada por el PRI, el exburócrata electoral, sin ningún tipo de miedo al ridículo, aseguró que para López Obrador su sexenio no sería suficiente para lograr una transformación y que él no descartaba que hubiera un escenario de reelección o de que impulsara a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a la Presidencia para gobernar a través de ella.

Ugalde emitió su augurio con un lavatorio de manos muy oportuno, pues en vez de asegurar esos escenarios por cuenta propia, se curó en salud con vaguedades, al matizar que esas posibilidades no se descartaban porque quizá en el movimiento obradorista surgieran voces que efectivamente reclamaran o la reelección del tabasqueño o la imposición de su compañera. Dicho de otro modo, Ugalde ni siquiera fue capaz de exhibir sus predicciones febriles con valentía, y tuvo que sublimarlas en presuntas acciones de terceros.

Digamos lo obvio: ni en ese momento de 2021, ni en ningún momento en la historia mexicana, hubo jamás indicio alguno de que López Obrador se quisiera reelegir, ni de que su esposa tuviera ya no digamos la intención de ser candidata a la Presidencia, sino de participar en algún cargo político cualquiera, ni siquiera en el ámbito cultural o literario, que es el suyo.

Debe decirse que los que, como Ugalde, en algún momento auguraron que AMLO se reelegiría, lo hicieron basados en los muy rigurosos y confiables métodos del ocultismo y el esoterismo, ya sea porque leían la mente del Presidente, quizá usando métodos de Madame Zazú; o quizá leyendo su carta astral.

Eso, porque si nos atenemos a la evidencia histórica, no había ningún indicio que nos dijera que AMLO tenía intenciones reeleccionistas o de imponer a su esposa. Por ejemplo, en todos los cargos públicos que tuvo el tabasqueño (líder del PRI tabasqueño; Oficial Mayor en Tabasco; líder del PRD en Tabasco, dirigente nacional del PRD; Jefe de Gobierno; líder nacional de Morena), nunca hizo nada para acrecentar, extender o repetir su periodo legal de mando, ni tampoco movió hilos para imponer sucesor, procesos donde no sólo fue respetuoso (y derivaron en sucesiones normales, como la elección perredista interna en 2005 para elegir candidato a Jefe de Gobierno), o incluso, por seguir principios ideológicos de no intervención o de no claudicación, López Obrador acortó su periodo de poder, como lo hizo con su renuncia a la Oficialía Mayor Tabasqueña por discrepar con el PRI local; o haciéndose a un lado de la elección interna perredista en 1999, que terminó en conflicto prolongado y una presidencia interina.

Esa es la evidencia histórica, que nunca mostró signos de que AMLO tuviera intención de prolongar de más su mandato presidencial o de imponer a un familiar en ello. Pero tal vez gente como Ugalde o Krauze estaban muy ocupados leyendo con Walter Mercado la mente del tabasqueño; o leyendo con Bárbara Tijerina su lenguaje corporal y otras fuentes científicas confiables; que no pudieron darse cuenta de que, por ejemplo, Vicente Fox sí quiso imponer a Martha Sahagún como candidata -tal cual lo documentó Alfonso Durazo en julio de 2004-; igual que Felipe Calderón, respaldando con firmas falsas la candidatura de su fraudulenta esposa Margarita Zavala, tanto en 2016 como en 2020.

Con esos antecedentes, a nadie inteligente ni emocionalmente sano le extrañó que López Obrador terminara con toda normalidad su periodo presidencial en 2024, sin que en ningún momento de éste se insinuara alguna posibilidad de reelección. Cuando en ese año ya fue más que obvio que la supuesta “reelección” del populista de Macuspana fue una más de las tantas paparruchas, chismarrajos, mitos delirantes, leyendas negras religiosas y demonizaciones que la derecha más obtusa y febril le ha endilgado al tabasqueño, esa misma derecha se vio en la necesidad de modificar su mito, y ese es que, según esto, sigue mandando desde su finca e imponiéndole agenda a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Los argumentos en ese sentido son iguales a la lectura de mentes esotérica de años atrás, pues se asume que Sheinbaum se ve nerviosa, que su lenguaje corporal la delata, que su enojo con sabrá dios qué la exhibe como sometida al tabasqueño. Los que se creen más serios, usan otro argumento penoso, como el de que “Claudia está sometida a AMLO porque no ha roto con él”, lo cual, además de esotérico, es absurdo porque ambos son constructores y militantes del mismo movimiento político; del mismo modo que sería absurdo pedirle al portero de una escuadra de futbol que se deslinde de sus compañeros mediocampistas, cuando son parte del mismo equipo.

En este marco de una amlofobia rabiosa, que sin embargo necesita de López Obrador para darse sentido, es que reaparece el expresidente de México. Y lo hace cumpliendo su palabra: luego de un año de monacal silencio, se sentó a escribir sobre las culturas prehispánicas de México y salió a emitir el anuncio de su libro, antes de volver al recogimiento y aislamiento.

En su anuncio de casi una hora, sin embargo, López Obrador dejó un anuncio interesante, pues señaló que sólo saldría a la vida pública para defender a la democracia, a la soberanía o a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien llenó de genuinos elogios, de un intento de golpe de Estado.

El mensaje no es para las Fuerzas Armadas, que en América Latina han sido tradicionalmente el actor golpista por excelencia; cosa que sin embargo en México, de forma excepcional en la segunda mitad del siglo XX, no se replicó. El mensaje es para los golpistas mexicanos del siglo XXI, escenario donde los golpes de estado y las defenestraciones ilegítimas ya no se hacen con las armas del ejército, sino con trampas legislativas, mediáticas y jurídicas, como ha pasado en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Honduras, en Paraguay y en un largo etcétera.

Y aquí se coincide con la tesis del maestro Luis Hernández Navarro, el golpe blando es un concepto muy serio que sí ha tenido presencia en América Latina, aunque no todo lo que hace la oposición mexicana, por repugnante que sea, cuenta como golpe blando.

Pero sí hay probados golpistas en nuestro país: el primer caso de golpe jurídico en el norte de América Latina en el siglo XXI, fue ni más ni menos que el desafuero de López Obrador en el bienio de 2004-2005, donde un grupúsculo de autoritarios envilecidos trataron de separar de su cargo y encarcelar a un personaje inocente, para evitar que éste fuera candidato presidencial.

Muchos de esos golpistas siguen ahí en activo, como politicastros mediocres, comentaristas o voces públicas, como Santiago Creel, Vicente Fox, Rafael Macedo de la Concha y su entorno como la señora Zulema Mosry; Felipe Calderón y Margarita Zavala; Marisela Morales o la señora María Amparo Casar. Pero hay que decirlo con claridad: es preocupante que esos seres de pulsiones autoritarias persistan en la vida política del país, pero están ahí debilitados, con escaso margen de maniobra, aminorados por su propia corrupción e incompetencia, condenados a la irrelevancia.

Pero más allá de eso, no está de más que el expresidente López Obrador los evoque indirectamente con su frase de defender a la Presidenta Sheinbaum de un golpe de Estado, pues aunque no haya condiciones ni posibilidades de tal atrocidad, no está de más recordar que los que sí actuaron autoritariamente hace veinte años, ahí siguen, y los mantienen unidos los mismos mitos absurdos que guían su conducta. Como esa añagaza de que López Obrador iba a reelegirse.

El lunes primero de diciembre del 2025, Joaquín Guzmán López, hijo del temible narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y de crimen organizado ante una Corte de Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos, y deslindó al gobierno estadounidense de cualquier implicación en el secuestro de otro célebre delincuente, Ismael “El Mayo” Zambada García, el 25 de julio del 2024, una confesión que era esperada con ansiedad en ambos lados de la frontera.

En su declaración, citada por la plataforma de noticias CNN en Español se advierte: “Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del Individuo A (en este caso “El Mayo” Zambada), entre otras razones, con la esperanza de obtener créditos por cooperación del Gobierno de Estados Unidos para él y su hermano”, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, quien se declaró culpable en Estados Unidos, en julio del 2025, de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego, relacionados con su liderazgo en el Cártel de Sinaloa.

Es singularmente notable la precisión, seguramente largamente estudiada y rigurosamente inducida, en la que advierte Guzmán López “que el Gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro”. Y además, advierte el hijo de “El Chapo” que ni él ni su hermano recibirán créditos por cooperación por el secuestro, agrega el documento judicial citado por la cadena de noticias CNN.

Los términos de la declaración de Guzmán López son precisos, específicos, claros, como si le hubiesen sido dictados y los hubiera aprendido de memoria. Porque así, en esos términos, conviene al gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, el problema con lo que el joven narcotraficante Guzmán López ha declarado; con lo que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido y ocultado; así como las tibias exigencias del Gobierno de México, que no han sido lo suficientemente enérgico para pedir una explicación detallada de cómo sucedieron los hechos del secuestro de “El Mayo”, en lo que podría ser una flagrante violación de nuestras leyes y de nuestra soberanía, dejan latentes profundas e inquietantes interrogantes.

El énfasis en las negaciones de Guzmán López tiene eco en el comunicado que el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, divulgó el 9 de agosto de 2024, en un comunicado oficial, que incluía el siguiente párrafo: “No se utilizarán recursos estadounidenses en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. No se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses. Estamos en el entendido que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. El piloto no era un empleado ni fue contratado por el Gobierno de los Estados Unidos, ni algún ciudadano estadounidense”.

Entrevistado por Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos, en un despacho informativo publicado el miércoles 14 de agosto del 2024, el agente Jack Riley, quien fue jefe de Operaciones de Inteligencia, número dos de la DEA y encargado de supervisar el accionar mundial de la dependencia federal antidrogas estadounidense reveló algo muy interesante. 

Con respecto al argumento del entonces Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el sentido de que el avión en el que llegaron los dos narcotraficantes y el piloto a Estados Unidos en julio del 2024 carecía de un plan de vuelo, Jack Riley, el exnúmero dos de la DEA dijo: “En El Paso tenemos al EPIC (Centro de Inteligencia -espionaje-), que monitorea todos los días lo relacionado a personajes y actividades del narcotráfico mexicano a los que tenemos bajo el radar. Sin un permiso entregado con antelación, ningún tipo de aeronave ingresa por aire a Estados Unidos después de lo que nos pasó con los ataques terroristas del 11 de septiembre (de 2001), y el señor Embajador lo sabe, otros fingen demencia”.

¿Por qué tanto énfasis en querer deslindar al gobierno de Estados Unidos del secuestro de “El Mayo” Zambada? Hay muchos puntos oscuros: 1.- ¿De quién es la aeronave que se utilizó para el traslado del capo? 2.- ¿Qué matrícula tenía, de qué país y quien era el piloto? 3.- ¿Quién hizo contacto con las autoridades estadounidenses para la entrega de “El Mayo”? 4.- ¿Quién preparó el terreno para que la llegada a un aeropuerto en Nuevo México fuera tersa y estuvieran puntualmente presentes los agentes estadounidenses que detuvieron al capo mexicano? 5.- ¿Participaron en el operativo agentes extranjeros de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI)?

Esas son algunas de las dudas que no se han despejado. El Gobierno de México, con una tibieza supina ha dicho que el gobierno de Donald Trump no ha querido informar más sobre el asunto que lo que ha trascendido en medios de comunicación? Y así, con una conformidad insultante, con una sumisión vergonzosa, la Fiscalía de México, la de Alejandro Gertz Manero, aceptó que los gringos le jugaran el dedo en la boca a las autoridades mexicanas.

Aunque, también podría ser que las autoridades mexicanas no quieran llegar al fondo y descubrir que, probablemente, en forma encubierta, agentes estadounidenses habrían planeado y ejecutado, en nuestro territorio, el secuestro de “El Mayo”, violando nuestras leyes.

¿Cuál es la razón por la cual el Gobierno de México no exige, con firmeza, las aclaraciones de caso? Si finalmente se comprobara que agentes estadounidenses participaron en los hechos, México tendría que promover dos enérgicas acciones de reclamo: 1.- La detención y entrega de los agentes estadounidenses que hubiesen participado en el secuestro de “El Mayo” Zambada, para ser sometidos al arbitrio de nuestras leyes; y con base en lo que establece la Ley de Seguridad Nacional, analizar seriamente la pertinencia de cancelar o restringir los tratados de colaboración que existen con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada.

La Ley de Seguridad Nacional establece estrictas restricciones para la operación de los agentes extranjeros en nuestro territorio, entre otras: sólo pueden desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se les hubiese expedido; deben presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores, y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual sobre las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. 

Los agentes extranjeros en México tienen prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables, y sólo podrán portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. Los Agentes Extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.

Hay dos disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional que podrían aplicar en el caso del secuestro de “El Mayo” Zambada y son muy delicadas, pues podrían generar un conflicto entre los gobiernos de México y Estados Unidos, algo que ambas naciones no desean.

Dice el Artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional: “Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los Agentes Extranjeros en territorio nacional. En su caso, los individuos que hubieren incurrido en las conductas antes descritas serán responsables en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Estas disposiciones legales de México podrían ser las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos se muestre tan esquivo en compartir la información del secuestro del narcotraficante Zambada García, pues de comprobarse que participaron agentes estadounidenses en esa operación, habría un muy grave conflicto diplomático y jurídico con nuestro país, por una flagrante violación de nuestra soberanía y de los acuerdos de colaboración entre ambos países. Quizá por eso tanto silencio sobre una mentira que se ha pretendido imponer como la verdad durante más de un año.

Honduras es otra muesca en el revólver de esa organización para delinquir que es el gobierno de los EU. Trump quiere proscribir a toda la izquierda, por supuesto, también a la de dentro, y cada vez que acaban con un gobierno de izquierdas, brindan con Coca-Cola. Lo que ha hecho en Honduras, Trump lo ha vivido como un laboratorio para las próximas elecciones en el continente. Han vuelto a activar lo del “patio trasero”.

El gobierno de los EU es un gran lobby mafioso que cobra por sus gestiones. Circulan informaciones que dicen que los grupos empresariales hondureños fueron los que pagaron por el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en EU a 45 años de cárcel -y cinco de condicional- por traficar con 400 toneladas de cocaína que terminaron en las calles norteamericanas. El indulto lo habría gestionado un abogado que, a la vez, es consultor de Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. Qué triangulaciones han operado pertenece al mundo de la especulación, aunque es evidente que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, al que pertenece el exnarcopresidente Hernández y Tito Asfura, para quien Trump pidió 48 horas antes de las elecciones el voto, coincidían en querer que no ganase la candidata de la izquierda, Rixi Moncada, a la que las encuestas señalaban como ganadora.

El resultado de las elecciones en Honduras es peligroso para la democracia en América Latina. En primer lugar, porque el hecho de que EU fomente al candidato de un partido que puso a un narcopresidente y que terminó finalmente preso en una cárcel norteamericana es una señal brutal de que para Trump, todo vale. EU te mete en la cárcel por narcotraficante, te indulta luego diciendo que el hecho de que haya droga en el país no es culpa del Presidente (¿eso valdría para Venezuela?), al tiempo que dice que va a tumbar al Presidente Maduro acusándole, sin pruebas, de ser jefe de un cártel. La conclusión es clara ¿a quién le importa nada la verdad?

Como si de un emperador romano se tratara, Trump subirá o bajará el pulgar a favor o en contra de una persona en virtud del cálculo económico que, como lobista, haga, sin consultarlo siquiera con asesores que sepan algo de geopolítica ni con economistas que calculen los efectos de sus decisiones. Ahí está la montaña rusa de los aranceles, el odio y la amistad con Kim Jon Un o con Lula o con Mamdani o soltar a un condenado por narco que es del mismo partido al que, supuestamente, quieres ayudar.

Esa condición zigzagueante no sólo marea a los líderes de otros países, sino que los aturde y los convierte en títeres. ¿Cómo es posible que EU suspenda el espacio aéreo de un país latinoamericano, como ha hecho en Venezuela, sin que el 100 por ciento de los demás países, sean de derechas o de izquierdas, digan que eso es una barbaridad que sigue dinamitando las más básicas reglas del derecho internacional?

A 48 horas de las elecciones, Trump amenazó a los hondureños si votaban a la candidata de la izquierda. En Honduras, EU no es cualquier país, pues las élites hondureñas durante años, con el partido liberal y el partido nacional, construyeron el marco de que lo mejor que le puede pasar a alguien de Honduras es irse a trabajar y a vivir a EU. Además, mandaron, según ha denunciado la candidata Rixi Moncada, más de un millón de mensajes personales a los teléfonos celulares de los hondureños amenazándoles con el cierre del envío de remesas de los trabajadores del país en EU si ganaba la izquierda. Cuando esos comportamientos se atribuyen a Rusia, se cierran en Europa incluso los canales televisivos o las redes sociales en las que participa el gobierno de Putin. En buena regla ¿no debiera América Latina prohibir los canales norteamericanos y las redes sociales en las que participe el gobierno de EU o empresarios que hayan financiado al Presidente Trump?

Se alertó desde el comienzo de que el conteo rápido, el llamado TREP, iba a estar manipulado, pues se hicieron públicos unos audios donde gente del partido nacional, del CNE y del ejército conspiraban para manipular esos datos. En cualquier caso, ninguna encuesta del entorno del gobierno detectó el resultado que hoy se presenta como válido (empate técnico de los dos partidos tradicionales y el tercer lugar, muy alejado, de la candidata de la izquierda). Esto generó una inicial consternación, porque las expectativas eran de una victoria holgada.  

Es importante resaltar que la maquinaria mediática hondureña, en manos de la derecha, fue preparando el escenario del indulto del narcopresidente Juan Orlando Hernández, virando la imagen que había en el país de un corrupto, asesino (murieron muchas personas en la represión de las protestas), nepotista y narco que se saltó la Constitución para reelegirse, hacia la de una víctima por la que sufría su devota familia. En esa reconstrucción, JOH parecía un creyente lleno de religiosidad y no lo que realmente es, un corrupto que, junto a sus familiares y amigos, se robaron el país, se involucraron en el narco, reprimieron al pueblo, vulneraron las leyes y financiaron la campaña electoral con dinero del Chapo Guzmán y del robo a la haciendo pública. El candidato de ese partido puede ser el próximo Presidente de Honduras.

Hemos dicho que el gobierno de EU es un negocio en el que participan las derechas de todos los países si pasan por caja. En Honduras, la agenda de Juan Orlando Hernández coincide con la del exembajador de EU Carlos Trujillo, incorporado a los grupos económicos vinculados a la congresista norteamericana María Elvira Salazar, la que dijo que cuando cayera Maduro, las petroleras norteamericanas iban a disfrutar de un festín. En qué dios creerá esta gente tan religiosa…

El caso de Honduras debe también hacer entender a la izquierda que una parte sustancial de las campañas electorales se juega en las redes. Si tiene cien veces menos seguidores en Instagram, Facebook o TikTok, es complicado llegar al votante más joven. De la misma manera, alcances espectaculares logrados durante este gobierno, como el millón de personas que han salido de la pobreza o las 900 mil personas que tienen luz y han salido de la pobreza energética o la creación de nuevos hospitales públicos, si no se comunican adecuadamente no se convierten en votos. La izquierda que no comunica es una izquierda que se marchita.

El evidente fraude que supone la injerencia norteamericana, los cientos de miles de votos contabilizados que no usaron el sistema biométrico y las irregularidades que mostrarán las actas electorales (en las más de 20 mil meses había interventores del partido LIBRE que fotografiaron el resultado electoral), no ocultan que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional han recibido un resultado alto que no se corresponde con lo que significan para el país. Es probable, por tanto, que una parte de los hondureños no haya evaluado positivamente la gestión de Xiomara Castro.  

Para algunos observadores, el gobierno de la izquierda habría mostrado debilidades a la hora de enfrentar las estructuras de poder del país (los 25 grupos económicos y las 10 familias), no habría avanzado lo suficiente en el trabajo de base en el partido LIBRE, no habría avanzado lo suficiente en la lucha contra la corrupción y no habría satisfecho las expectativas de algunos grupos, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que es la organización a la que pertenecía la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016 por terratenientes, precisamente durante el Gobierno de Hernández.

Otro mensaje de las elecciones hondureñas es la necesidad de activar la renovación generacional para convocar a gente más joven. Se corre el riesgo de pensar que sucesos fundadores de movimientos (el 15M en España, la revolución ciudadana en Ecuador, la revuelta del agua en Cochabamba en Bolivia o el golpe de 2009 en Honduras) significan lo mismo para los que vinieron después. Y no es así. Además, en países jóvenes, si los van a representar mayores, es importante que la comunicación realmente exista. Hay que tener cuidado con los mitos fundacionales, tanto para derribarlos como para mantenerlos.

La renovación de los liderazgos se está demostrando una de las espadas de Damocles de los gobiernos de izquierda. Las renovaciones se han zanjado con catástrofes, divisiones, derrotas o fraudes en casi todos sitios, salvo México y Venezuela.

América Latina es un continente en disputa. Vemos que a veces gana la derecha y otras veces gana la izquierda. Pero hay un problema de fondo: cuando gana la derecha, se alinea absolutamente con el gobierno de los EU. Y cuando gana la izquierda, se pone invariablemente a la defensiva.

Lo que Donald Trump ha hecho en Honduras lo va a hacer en todas y cada una de las próximas elecciones en América Latina. Si el continente tarda demasiado en pararle los pies, habrá que repetir aquello de “primero se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no dije nada, luego se llevaron a los socialistas, pero como yo no era socialista, no dije nada, luego se llevaron a los judíos… Hasta que vengan a por el siguiente".

Son tiempos de hacer buenos diagnósticos, que señalen el agotamiento de la vieja política, que entiendan lo que piensan y necesitan los pueblos y que se atrevan a ponerlo en marcha porque la alternativa va a ser, otra vez, socialismo o barbarie, o, de manera más evidente porque está llamando a la puerta, democracia o guerra.

No es por ser aguafiestas, pero México vive una paradoja económica dolorosa y profundamente injusta: la de la pobreza laboral. El problema ya no es la falta de empleo, sino la inutilidad de tenerlo. Millones de mexicanos cumplen jornadas completas, pero su ingreso no les permite garantizar el bienestar familiar ni adquirir la canasta básica.

Esta realidad se agudiza justo después del anuncio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) de un incremento histórico para el próximo año. La medida, aunque ciertamente significativa en términos nominales, debe confrontarse con la estadística que desvela su fragilidad.

La principal referencia de este drama social, dicho sin eufemismos, proviene de los datos oficiales de pobreza laboral, cuya medición fue transferida al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tras la extinción del CONEVAL. La cifra se basa en la definición de pobreza laboral como la situación en que el ingreso laboral per cápita de un hogar es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria mínima.

La fotografía es desoladora. Los datos confirman que, en el primer trimestre de 2025, el 33.9 por ciento de la población se encontraba en esta situación, lo que equivale a 44.2 millones de personas. Esto significa que aproximadamente una tercera parte de los mexicanos que trabajan no ganan lo suficiente para salir de la pobreza, aun con los incrementos acumulados en los últimos años. Este umbral es una línea de dignidad que la economía mexicana no ha logrado cruzar de manera estructural. Y eso debiera preocuparnos.

El aumento al salario mínimo general que tanto cacarean los integrantes de la autollamada Cuatroté, se contrapone sin embargo con la cruda realidad de la inflación que ha devorado la capacidad adquisitiva. Si bien el salario mínimo ha recuperado poder de compra perdido por décadas, es cierto, este esfuerzo macroeconómico es devorado por dos enemigos: la inflación general y, más peligrosamente, la inflación particular en alimentos.

Y es que la inflación en el rubro alimentario ha crecido a un ritmo mucho más rápido que la inflación general y que los propios aumentos salariales en periodos clave. Según el INEGI y el Banco de México, la inflación subyacente de alimentos ha demostrado ser la más persistente. Productos esenciales como el huevo, la tortilla, el jitomate y el pan han experimentado alzas que erosionan la capacidad de compra.

Ojo: un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es que el dinero que lleva a casa le permite comprar menos kilos de comida que el año anterior. Así de simple… y de grave. La acumulación de la inflación en alimentos desde 2021 ha generado un desfase real en el poder de compra efectivo de los hogares más vulnerables, donde la mayor parte del presupuesto se destina estrictamente a la alimentación.

Esta situación desmantela el esfuerzo salarial y condena a millones a tomar decisiones imposibles. La pobreza laboral no es abstracta, se traduce en desnutrición, bajo rendimiento escolar y un estrés crónico que desgarra el tejido social. La insuficiencia salarial en el sector formal empuja a millones de personas a la informalidad, un factor que amplifica la precariedad y consolida el "espejismo" salarial.

Aquí es donde el anunciado incremento al salario mínimo pierde su peso como herramienta de justicia social. La informalidad, cuya tasa se ubicó en el 55.4 por ciento de la población ocupada durante el tercer trimestre de 2025 (según el INEGI), implica que más de la mitad de los trabajadores mexicanos no son beneficiarios directos de esta política. Simplemente, no reciben salario mínimo ni cuentan con prestaciones laborales. El aumento nominal, por histórico que sea, no cruza la barrera de este vasto sector laboral que trabaja bajo sus propias reglas de subsistencia.

Para compensar la devaluación del salario, los trabajadores formales se ven obligados a tomar segundos o terceros empleos, a menudo en la informalidad, reduciendo drásticamente el tiempo dedicado a la familia y al descanso. Las estadísticas de ocupación por horas indican que una fracción considerable de la población ocupada trabaja más de 48 horas a la semana, una evidencia directa de la insuficiencia salarial que obliga a sacrificar el bienestar por la supervivencia económica.

Esta desconexión del salario mínimo con la mayoría trabajadora trae graves consecuencias. La informalidad implica la carencia de acceso a la seguridad social. Los datos sobre la población con esta carencia siguen siendo elevados (alrededor del 48 por ciento en 2022, según la medición multidimensional de pobreza). Un trabajador con ingreso mínimo, formal o informal, difícilmente puede costear servicios privados o generar ahorro para el retiro, condenándolo a una vejez desprotegida.

Así, el trabajo se convierte en un ancla, no en un motor de ascenso. El tiempo dedicado a la supervivencia y a los empleos informales de bajo valor agregado no permite invertir en educación o capacitación, cerrando la puerta a futuras oportunidades para el trabajador y sus hijos.

El drama de la pobreza laboral exige una respuesta que trascienda la mera fijación del salario mínimo, cuyo incremento además tiene un límite que estamos por alcanzar. La referencia política aquí es obligada: las políticas económicas deben pasar de la retórica del "rescate salarial" a la acción integral.

Pienso que es indispensable atacar de raíz la espiral inflacionaria en el sector alimentario mediante políticas agrícolas y de abasto que fortalezcan la producción interna y busquen mecanismos efectivos para subsidiar o estabilizar los precios de la canasta básica. De igual forma, es vital generar políticas que incentiven la formalización del empleo y mejoren la productividad de los salarios más bajos para que su incremento no sea sólo nominal.

La pobreza laboral es la crisis de dignidad más grande de nuestro tiempo. Es la humillación de ver a un padre o una madre trabajar honestamente para que, al final del mes, el dinero no alcance para lo esencial. Mientras el gobierno celebra los números macroeconómicos y el porcentaje del aumento al salario mínimo, millones de mexicanos, con su uniforme de trabajo puesto, son la evidencia de que el sueño del bienestar se ha convertido en una amarga ilusión que trabaja horas extra para pagar una existencia precaria.

El reto y la obligación de esta administración no es solo generar empleo, sino asegurar que ese empleo sea, verdaderamente, un camino hacia la prosperidad. El gobierno que presuma como objetivo la justicia social debe mirar a los ojos a ese casi 34 por ciento de mexicanos trabajadores. Porque el día en que la propaganda valga más que el plato de comida en la mesa, habremos perdido la batalla más fundamental por la dignidad. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

EVOCACIONES. Lo hacían presidentes del PRI, como López Mateos, Díaz Ordaz, López Portillo o Salinas de Gortari, usando el corporativismo sindical y el acarreo masivo. También, en sus tiempos, el expriista López Obrador. Claudia recurre ahora también a una concentración multitudinaria de apoyo, luego de la marcha contra la inseguridad del pasado 25 de diciembre. Vaya transformación. 

@fopinchetti

Cuando todo falle consulte el instructivo, dice la máxima del buen mexicano. A diferencia de los anglosajones o japoneses, un mexicano jamás lee un instructivo antes de echar a andar el juguete nuevo. Todos sabemos de todo, y el instructivo no es sino una guía para verificar, post mortem, qué fue lo que falló.

Político que se respeta no pregunta, y aún menos si ese político tiene un gran respaldo popular. La gente los eligió, creen ellos, por su gran sabiduría, no porque estuvieran hartos del Gobierno anterior. López Obrador no necesitaba preguntar, mucho menos escuchar la crítica de los expertos. Él, en su inmensa bondad y sabiduría, sabía lo que el pueblo quería y lo que el país necesitaba.

Con la varita mágica del poder cambió todo lo que quiso, pero, maldita suerte, se interpuso la realidad: la economía no crece. La primera excusa fue que en todo primer año de Gobierno la economía se ralentiza. Luego vino la pandemia; nada qué hacer. Pasó la COVID y la economía no se recuperó, no hubo rebote porque el balón estaba desinflado. El crecimiento de los últimos años de sexenio fue tan mediocre que se convirtió en el peor desde el de Miguel de la Madrid: 5.5 por ciento en seis años, un promedio de 0.8 por ciento anual.

El primer año de Claudia Sheinbaum cerrará con un crecimiento pírrico, más cercano al cero que al uno y el próximo año tampoco promete demasiado, de acuerdo con los pronósticos de organismos internacionales y nacionales. A alguien en el Gabinete, al parecer al Secretario de Hacienda, Edgar Amador, se le ocurrió consultar el instructivo que dice claramente en la página uno que para crecer hay que invertir, el equivalente al “antes de comenzar asegúrese de que el aparato esté conectado”.

La inversión tiene dos fuentes: la pública y la privada. Si el Gobierno no tiene dinero, sólo queda una salida: alentar la inversión de particulares. Pero resulta que la iniciativa privada no tiene confianza, así que pasamos a la página dos del manual que dice: si el aparato se congela y no da ni para atrás ni para adelante presione simultáneamente las teclas ctrl+alt+del y reinicie el equipo. A continuación, seleccione en su pantalla la opción restaurar y como por arte de magia quedará reinstalada la mafia del poder, sentada al lado de la Presidenta, lista para invertir lo que no ha invertido en los últimos años.

¿Qué les ofreció la Presidenta al Consejo de Inversión? Lo que siempre ha tenido la mafia del poder: derecho de picaporte. Qué importa que no exista seguridad jurídica, que el Poder Judicial sea un desastre (o si se prefiere, que siga siendo un desastre), que no existan organismos reguladores autónomos, si podemos arreglar todo directamente con la Presidenta.

Nota del instructivo: cualquier parecido con el pasado corrupto es mera coincidencia.