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El informe de la Cuenta Pública de 2019 de la ASF detectó irregularidades por 2 millones 183 mil 900 pesos por duplicidad de pago.
LA SCJN determinó que la ASF “tiene facultades para auditar los recursos que el Instituto destina”.
El Tren Interurbano, una obra que simboliza el sexenio de corrupción, irregularidades en infraestructura y fallas de planeación del Gobierno de Enrique Peña Nieto, continúa dando de qué hablar. Ya bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías en su construcción y en el ejercicio del gasto de 2019, primer año del Gobierno de la 4T. Esta es la única obra de infraestructura entre las que dejó pendientes el peñismo que el actual Gobierno federal decidió continuar y finalizar.
Luego de que ayer, en sesión maratónica de más de 12 horas, el Senado de la República aprobara la extinción de los fideicomisos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su equipo presentaron datos por los que argumentan que esos mecanismos no funcionaban para la causa que fueron creados. Unos de los más importantes que se expusieron fue la revisión de la ASF a fideicomisos operados en el último año del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Aunque Ruiz Esparza falleció hace medio año a causa de un infarto cerebral, los probables actos de corrupción durante su gestión como Secretario de Estado siguen vigente
El auditor del órgano aseguró que los informes individuales pendientes se iniciarán y serán adjuntados al reporte que será entregado en octubre próximo, como lo establece la Constitución.
En el sexenio del ahora ex Presidente Enrique Peña Nieto, no hubo año en que el gasto en publicidad oficial respetara el tope legal aprobado por el Poder Legislativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La única encargada de autorizar esas ampliaciones fue la Secretaría de Gobernación y ahí la Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2018 –ultimo año de la administración del priista mexiquense–, la dependencia fue laxa con las peticiones de las dependencias, que argumentaron “contingencia” aún con argumentos ya caducos.
Las fallas que la ASF detectó van desde la estructura de la Cruzada hasta la atención de la población objetivo y la aplicación de los recursos.
Tres auditorías más al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), esta vez al ejercicio fiscal de 2018, suman 2 mil 864 millones 763 mil 901 pesos en irregularidades.
El dinero entregado a medios de comunicación durante la administración de Enrique Peña Nieto ascendió a 60 mil 237 millones de pesos.
La ASF exhortó al órgano legislativo revisar los conceptos autorizados en los “Lineamientos para regular la entrega, destino y comprobación de los apoyos económicos para Legisladores” del 30 de abril de 2019, relacionados con la partida “Asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa”; así mismo, pidió la emisión de un catálogo de los conceptos en el que se especifique cuáles no deberán considerarse dentro de la comprobación de dicha partida.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el gasto de 7 millones 712 mil 382 pesos en la partida presupuestal para “Instalación del Personal Federal”, de la extinta Policía Federal, durante 2018.
En ambos casos se instruyó a la ASF a continuar con el procedimiento jurídico de responsabilidades y, “en su caso, sancione las faltas administrativas que le competen”, explicó el documento.
La ASF, expuso, ya formó un grupo de trabajo con las auditorías de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde hubo una reunión la semana pasada.
La Auditoría Superior de la Federación ha emitido 18 recomendaciones en torno a la investigación por el destino de 53 millones 94 mil 380 pesos; en una de ellas, la dependencia incluyó una serie de medidas para prevenir que se presenten este tipo de irregularidades en el futuro, una de las cuales señala que los contratos celebrados con prestadores de servicios extranjeros deben incluir las firmas de quien elaboró y autorizó.
Las inconsistencias en el manejo de tres fondos y un programa públicos involucraron a cuatro dependencias del Gobierno estatal y a siete universidades locales.