Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- Desde la aprobación de la polémica Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo, conocida popularmente como “Ley Antimarchas” en el estado de Quintana Roo el pasado 30 de abril, ciudadanos y organizaciones denuncian que el gobierno que encabeza el priista Roberto Borge Angulo ha cometido toda clase de “atropellos” en contra de los manifestantes.
La medida más polémica de dicha legislación es el artículo 18, donde se establece que si durante las manifestaciones se obstaculiza la prestación de un servicio público, la administración pública “tomará las medidas necesarias para garantizar el orden, la paz y la prestación de servicios públicos”.
Con apenas unas horas de avalada, la legislación se mantuvo discreta durante el desfile del 1 de mayo, cuando se llevaron a cabo manifestaciones simultáneas en diversos puntos del estado, principalmente en Cancún y Chetumal.
En Cancún, medio centenar de personas, que se identificaron como integrantes del Comité de Lucha Magisterial, provocaron que el alcalde Paul Carrillo abandonara el desfile a la mitad del evento; mientras que en Chetumal, la fuerza pública, vestidos de civil, se dedicó a amedrentar a quienes osaron manifestarse pacíficamente.
Días más tarde, durante la visita del Presidente Enrique Peña Nieto, un grupo de manifestantes fue cercado por los policías en una vialidad secundaria del centro de Cancún, mientras se dirigían a la avenida Tulum, por donde supuestamente pasaría el convoy del Ejecutivo federal. Los uniformados les impidieron colocar carteles en contra del mandatario, fueron amedrentados y se les retuvo por alrededor de una hora.
CASO COCOPO
Otro caso que se registra es el de las quejas por los excesivos cobros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y el desinterés del gobierno por solucionar el problema, lo que provocó que los indígenas mayas se organizaran en el Consejo de Colonias Populares (Cocopo).
Esta vez, el conflicto fue originado por el precio del agua en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el cual se disparó tras la colocación de unos nuevos medidores. Los manifestantes llevaron a CAPA los recibos, que en algunos marca hasta 31 mil pesos por concepto de un mes de servicio de agua potable, y la única respuesta que obtuvieron fue que “seguramente tendrían una fuga” y debían pagarlo.
Tras una serie de fallidas negociaciones, el pasado 12 de agosto, el Cocopo optó por bloquear las instalaciones de CAPA, ubicadas en la plaza principal de Felipe Carrillo Puerto. La situación explotó siete días después, cuando el gobierno estatal decidió realizar un desalojo, por lo que las fuerzas policíacas arrasaron violentamente con quienes se encontrarían en ese lugar, lo mismo con ancianos enfermos que con jóvenes estudiantes.
Según narra uno de los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Omar Sánchez Cutis, el mismo día del enfrentamiento, él acudió a la invitación de miembros del Cocopo a una reunión con el presidente municipal, Gabriel Carballo Tadeo, el gerente de CAPA en el municipio, Fernando Serrano Trujillo, familiares de los detenidos y miembros del Consejo, para apoyarlos en los aspectos legales del conflicto.
En la reunión se llegaron a diversos acuerdos. Incluso, horas antes del choque con los uniformados, el Cocopo emitió un comunicado en el que informaba sobre lo pactado.
Se trataba de siete puntos, entre los que se determinaba que el bloqueo a las oficinas de la dependencia sería disuelto ante un notario público y con la presencia del propio Carballo Tadeo, quienes darían fe de las condiciones del inmueble tras siete días de haber sido tomado por los manifestantes.
Otro de los puntos era que el plantón se cambiaría de lugar al kiosco del parque principal, pues continuarían pugnando porque se retiraran los nuevos medidores de agua potable y se dispusiera la gratuidad del servicio para personas mayores, madres solteras y personas que ganen menos de cinco salarios mínimos.
Además, la protesta continuaría para exigir la liberación de Teresa Brito Piña y Alfredo Esquivel y Cab, líderes del movimiento que fueron detenidos como resultado por una demanda interpuesta por CAPA, acusados del delito de sabotaje, mismo que no alcanza fianza.
Sin embargo, cuatro horas más tarde, arribó al sitio del plantón el director de CAPA, y detrás de él no un notario, sino el director de la Policía Municipal, Gerardo González Espinoza y la subprocuradora de Justicia de la Zona Centro del estado, Blanca Imelda Ávila Varguez, acompañados de varios elementos policiales.
Ante el reclamo de que eso no había sido lo pactado, la respuesta de las autoridades fue que tenían 10 minutos para retirarse, lo que ocasionó la molestia de los miembros del Cocopo, pero acordaron seguir manifestándose de forma pacífica. No obstante, vencido el ultimátum, las autoridades regresaron con más policías, granaderos y elementos encapuchados, quienes entraron a las oficinas de CAPA y prendieron las luces.
Tanto las versiones de los detenidos que salieron libres, como de los testigos del acto, coinciden en que pasado este punto, un hombre al que nadie conocía –y que señalan como infiltrado–, que portaba una playera roja, apareció y comenzó a atacar a los policías. Acto seguido, las fuerzas públicas reaccionaron y arrasaron con todo lo que había a su paso.
Según los mismos testigos, la consigna parecía ser que nadie grabara los hechos con su teléfono celular, y quien lo hiciera, sería aprehendido. Lo mismo con los miembros de otros movimientos que acudieron a apoyar al Cocopo, como Marisol Ceja Gálvez, del Congreso Nacional Ciudadano y otros miembros de Morena.
Por el simple hecho de documentar el acto, el periodista independiente Pedro Canché Herrera, fue inculpado directamente por el vocero del estado, Rangel Rosado Ruiz, de presuntamente haber movilizado gente desde otros municipios para generar el alboroto.
Mediante un comunicado, el gobierno de Quintana Roo aseguró que Ceja Gálvez había confesado que Canché Herrera era quien pagaba los pasajes y estancia de los que participaban en los bloqueos. La activista asegura haber hecho su declaración ante el Ministerio Público varias horas después de que el boletín saliera a la luz.
A los líderes Teresa Brito Piña y Alfredo Esquivel y Cab se les aplicó un auto de formal prisión, por lo que podrían estar hasta 15 años en la cárcel, por intentar revertir los excesivos cobros de la paraestatal responsable de suministrar de agua potable a los quintanarroenses.
Y en cuanto a Canché Herrera, fue aprehendido la tarde del sábado 30 de agosto, bajo los mismos cargos de los ya mencionados, a pesar de contar con un amparo y de que su única participación en los hechos fue la documentación de los mismos mediante la cámara de su celular.
Previo a su detención, en entrevista telefónica con Luces del Siglo, el periodista y activista maya manifestó su temor por las amenazas de las que había sido objeto por parte de personajes ligados al gobierno estatal, por lo que había procedido a tramitar un amparo. La tarde del sábado, sus preocupaciones se hicieron realidad.
Lo acontecido en Felipe Carrillo Puerto pudiera incluso contravenir la polémica Ley de Ordenamiento Cívico, pues establece que durante las manifestaciones se debe contar con la presencia y movilización de asistencia médica de emergencia y que debe haber acompañamiento, observación y asistencia por parte de los abogados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a efecto de documentar posibles violaciones. Situación que no se dio aquella noche.
Por si fuera poco, en la fracción tercera del artículo 31 de dicho ordenamiento, se establece que para las sanciones de los detenidos por alterar el orden público se tomarán en cuenta, entre otros aspectos, la condición económica del infractor. Este apartado tampoco se cumplió en el caso de los detenidos aquel 18 de agosto, dado que las fianzas alcanzaban hasta 40 mil pesos, según denunciaron sus familiares.
También se contradijo al artículo 32 de dicha norma, el cual estipula que las sanciones serían de entre 10 y 100 salarios mínimos generales, es decir, el tope máximo sería de 6 mil 377 pesos.
Marchas posteriores al evento dejaron entrever el sentir del pueblo, en su mayoría compuesto por indígenas mayas. En medio de los discursos en las concentraciones, los quejosos evidenciaron los atropellos de los que han sido víctimas por parte de los gobiernos. Una de esas voces fue la de doña Tiburcia Chan, de 74 años, integrante del Cocopo.
“Creímos en Borge, lo pusimos en el poder y nos dejó comiendo frijoles y chile. Yo a Carballo lo apoyé desde que fue diputado, le dije: ‘vas a subir, pero trabaja por nosotros’. Fui priista, pero cuando entré a Cocopo empezamos realmente a trabajar por el pueblo”, afirma la anciana maya en un video grabado y traducido por Pedro Canché.
Y concluye en medio de aplausos: “Si el gobierno va a matarnos, que nos agarren, pero nunca me van a matar porque entonces voy a vivir más, voy a vivir entre mi pueblo”.
CONFLICTO EN HOLBOX
Paralelo al conflicto en Felipe Carrillo Puerto, la persecución de manifestantes iba tomando otro tono en el caso de Isla Holbox. El clímax ocurrió cuando, casualmente, algunos de los protagonistas de los movimientos contra el proyecto La Ensenada fueron detenidos por presuntos delitos ambientales en la ínsula.
La historia comenzó cuando los ejidatarios denunciaron que había empresarios vinculados con el grupo yucateco Bepensa que poseían tierras ejidales a su nombre, pero que en realidad eran patrimonio de los nativos de la isla.
Todo detonó en una asamblea calificada como apócrifa, en la que se atendió a los intereses del grupo Península Maya Developments, el cual buscaba desarrollar un megaproyecto en la ínsula. El propio gobierno estatal, de la mano del ex secretario de Seguridad Pública, Bibiano Villa Castillo, cercó el lugar donde sería la asamblea y repelió a los ejidatarios que luchaban por sus propiedades. Todo bajo el argumento de procurar el orden social.
En medio de la confusión, el ex funcionario atropelló a uno de los manifestantes y dio instrucciones de usar gases lacrimógenos y piedras para agredir a la población. Tres días después, el general Villa presentó su renuncia.
Los ejidatarios, que se habían manifestado de manera pacífica, tomaron la alcaldía de Holbox y advirtieron que no permitirían que los empresarios los despojaran de sus tierras con la complicidad del gobierno.
Denunciaron que, sin asesoría legal, ni permitírseles leer y comprender el cerro de hojas que firmaron, fueron engañados, ya que los empresarios yucatecos les ofrecieron formar parte del desarrollo turístico. Una mentira más en la que, reconocieron, cayeron sin remedio. (Luces del Siglo 553)
Semanas más tarde, eran algunos de esos mismos ejidatarios quienes eran trasladados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos ambientales. También aprehendieron a un estudiante y tres topógrafos que trabajaban legalmente en el terreno. En total, hubo 16 detenidos.
La delegada en Quintana Roo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ludivina Menchaca Castellanos, ha caído en diversas contradicciones durante el proceso judicial en contra de los comuneros, por lo que familiares y activistas han exigido su renuncia y acusado a la funcionaria de actuar por motivos políticos.
Una acelerada decisión llevó a un juez a dictar su formal prisión a los detenidos, lo que podría condenarlos a varios años de cárcel. Los medios de impugnación y amparos por parte de sus abogados defensores, siguen en proceso.
Para las manifestaciones en Holbox, contra el proyecto La Ensenada, los ejidatarios fueron cercados, aunque el “error” fue dejar que los testigos publicaran fotos y videos del acto, lo que incluso evidenció y llevó a la dimisión de Bibiano Villa Castillo como Secretario de Seguridad Pública estatal.
Ya en los recientes acontecimientos en Felipe Carrillo Puerto, todos los teléfonos celulares fueron arrebatados, y sus dueños reprimidos, por lo que hay poco material documental del acto. Las tácticas parecen haberse ido perfeccionando.
OMBUDSMAN ACOTADO
A pesar de los diversos amparos y la solicitud de varios sectores ciudadanos ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) para declarar inconstitucional la Ley de Ordenamiento Cívico, por atentar contra los principios más básicos de las garantías en las leyes mexicanas, ningún intento ha prosperado.
Incluso, el presidente de la Cdheqroo, Harley Sosa Guillén manifestó que, desde su punto de vista, la Ley de Ordenamiento Cívico no violenta las garantías individuales “porque no trata de impedir la libre manifestación sino que protejan tanto los derechos de los manifestantes como de terceros, en un ambiente ordenado y sin que recurran a acciones violentas”.
La legislación incluye dos condiciones de trabajo para los derechos humanos. La primera es que se capacite a los policías en el trato a los manifestantes, especialmente cuando se requiere su detención; la segunda es que cada que haya una marcha o manifestación, se debe presentar personal de la oficina del ombudsman para certificar que no haya violaciones de derechos.
Sin embargo, en Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, el contacto de la Comisión se redujo a visitas con los detenidos, en las que se les informó que pueden denunciar posibles ultrajes a sus derechos, además de que dijeron que se llevarían a cabo las diligencias correspondientes y que se recabaría “la mayor información posible sobre los hechos suscitados”.
En Holbox, la defensoría de los derechos humanos también brilló por su ausencia.
Por este tipo de situaciones, el presidente estatal del PRD, Julio César Lara Martínez criticó la falta de alguna recomendación de la oficina a cargo de Sosa Guillén, a quien acusó de ser una comparsa más del gobierno del estado, al permitir violaciones en la materia.
Lo secundó el diputado perredista Jorge Aguilar Osorio, quien consideró que a la autoridad le hizo falta tolerancia y comunicación para llegar a acuerdos con la gente de la zona maya.
“Condenamos la criminalización de la protesta, ya lo vimos con los maestros, recientemente con los comuneros detenidos Holbox. Nos damos cuenta de que en verdad existe una coordinación de los tres niveles de gobierno para reprimir a la población inconforme. Sin duda ha regresado el PRI de hace 70 años”, sentenció.
“LEY ANTIMARCHAS”
El pasado 30 de abril, los 18 diputados de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal) en el Congreso de Quintana Roo se impusieron y, por primera vez en México, dieron paso a la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, llamada popularmente “Ley Antimarchas”.
Quintana Roo se convirtió así en el primer estado de la República Méxicana que oficialmente concreta una ley en contra de las protestas sociales en espacios públicos, y para las que los participantes en marchas y mitines tendrán que pedir permiso a las autoridades para ejercer un derecho que está consagrado en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Mexicana.
También faculta a las autoridades para que, por cualquier tipo de queja o protesta, puedan disolver las concentraciones. VER TAMBIÉN El Congreso de QRoo aprueba la “Ley Antimarchas”; es el primer estado que restringe y sanciona la protesta social
-Con información de luces del Siglo
