La sentencia a Sperisen -quien tiene doble nacionalidad, suiza y guatemalteca- fue recibida como una victoria por defensores de derechos humanos y activistas que luchan contra la impunidad en Centroamérica.

El juicio de Sperisen en Suiza responde al hecho de que la legislación helvética no prevé la extradición de sus nacionales, pero reconoce a sus tribunales la competencia para juzgar crímenes cometidos por éstos en otros países.

Los tres jueces que formaron el tribunal de primera instancia consideraron que quedó probada la responsabilidad de Sperisen en la ejecución sumaria de siete reos de la prisión Pavón en 2006, en Guatemala.

La presidenta de la Corte dio por demostrado con evidencias técnicas, científicas, médicas, balísticas y de testimonios que los siete reos fueron asesinados de forma sumaria.

En seis casos, el tribunal consideró que Sperisen es “corresponsable” de las muertes de los reos, que fueron ejecutados sumariamente, siendo posteriormente modificada la escena del crimen para mostrar “unos enfrentamientos que nunca ocurrieron”.

En un séptimo caso, la Corte consideró que el expolicía fue “autor directo” de la muerte del detenido.

La sentencia del Tribunal respondió exactamente a la condena que había reclamado para Sperisen el procurador de Ginebra, Yves Bertossa, quien no ocultó su satisfacción con el veredicto, una complacencia compartida por TRIAL, la organización que durante años intentó que la Justicia helvética procesara a Sperisen.

Precisamente, la defensa del ahora condenado, ha solicitado en repetidas ocasiones que Bertossa no siga ejerciendo como el fiscal del caso, dada su supuesta vinculación con TRIAL, algo que ha sido denegado por las autoridades judiciales en cada oportunidad.

El Tribunal de primera instancia también juzgó sobre la presunta implicación del exjefe policial en el asesinato de otros tres reos tras escapar del centro penitenciario “El Infiernito” (Guatemala), en 2005, y absolvió a Sperisen por falta de pruebas.

Si la sentencia a cadena perpetua es confirmada por el Tribunal de Segunda instancia, Sperisen aún tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Federal.

Sperisen es uno de los tres antiguos altos cargos cuya captura internacional pidió un tribunal guatemalteco tras ser acusados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de integrar una estructura criminal dedicada a las ejecuciones extrajudiciales de prisioneros.

Tras el asesinato de parlamentarios salvadoreños por parte de las fuerzas de seguridad de Guatemala en 2007, Sperisen renunció al cargo y, hasta que fue detenido en 2012, se instaló en Ginebra, en la residencia de su padre, embajador de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio.

La semana pasada, Antonio Amadeo Saucedo, “Chino Saucedo”, a quien los medios vinculan con la muerte de Zapata, fue asesinado de cinco balazos cuando se desplazaba en un taxi por el distrito residencial de San Isidro tras salir de una discoteca.

Al respecto, el exministro del Interior Fernando Rospigliosi declaró a Efe que “el sicariato es una delito relativamente nuevo, que ha crecido en los últimos seis o siete años de manera descontrolada” en Perú y que a pesar de que apareció vinculado al narcotráfico también es “realizado por extorsionadores y por cualquiera que desee contratar a un sicario.”

Rospligiosi recordó que “hace tiempo que Perú es el primer productor mundial de cocaína” y consideró que “sin duda ese es un problema” que deberá combatirse enfrentando la corrupción en las instituciones y creando un sistema especial de lucha contra el crimen organizado.

Según un informe del diario El Comercio, en Perú se produce al año 400 toneladas de cocaína pura y el narcotráfico mueve 6.500 millones de dólares, entre la comercialización de los narcóticos y el patrimonio adquirido con el dinero ilícito.

A pesar de que las autoridades afirman que se está lejos de un problema similar al que se presenta en países como México, Rospigliosi consideró que Perú está “en camino hacia eso” y enfatizó que el próximo gobierno, que asumirá el cargo en julio del 2016, debe aplicar medidas urgentes para frenarlo.

“Ya con este gobierno las cosas están perdidas, no hay una política de seguridad, si el siguiente gobierno no da un vuelco en política vamos a ser un país con esos niveles de violencia”, alertó.

El sábado, el ministro del Interior, Gustavo Adrianzén, anunció que pedirá que se impongan sanciones más duras contra los sicarios, con el incremento de los agravantes y la ampliación de los plazos de detención en las comisarías para favorecer las pesquisas policiales y evitar que sean liberados al día siguiente.

Adrianzén dijo que llevará estos planteamientos al Consejo de Ministros, que próximamente solicitará al Congreso que le otorgue facultades para legislar en temas económicos y de seguridad, según ha anunciado el primer ministro Pedro Cateriano.

La organización civil “Lima cómo vamos” presentó este año un informe sobre la calidad de vida en la capital peruana, que indicó que la inseguridad es considerada el principal problema por el 82 % de los ciudadanos.