Durante una reunión que sostuvo con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realizaron una visita a México, dijo que la CDHDF ha buscado reforzar los canales de acción y coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil.

De acuerdo con la titular del organismo autónomo capitalino, la comunicación con la sociedad civil “es la mejor forma de enfrentar las violaciones a los derechos humanos”.

En el encuentro con los integrantes de la misión de la CIDH en México, Gómez Gallardo también informó que el organismo que encabeza hizo un pronunciamiento público sobre la Ley de Desaparición Forzada “en la que se tiene que escuchar a las víctimas”.

Añadió que se hicieron llegar a los integrantes del Congreso y a la Secretaría de Gobernación 15 requisitos mínimos que en su opinión debe contener la citada legislación, además de hacer pública su propia propuesta.

Abundó que puso a disposición de la Comisión Interamericana la información y estadísticas que ha conformado la CDHDF, los pronunciamientos hacia el Congreso de la Unión sobre la tortura y desaparición forzada.

Además del trabajo con las Organizaciones de la Sociedad Civil para reforzar la incidencia en el respeto a los derechos humanos como base de la Constitución, así como la Propuesta de Tortura que establece medidas para erradicarla en el Distrito Federal.

En la reunión participaron los comisionados de la CIDH, Tracy Robinson, Felipe González, Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

Acompañaron a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, el primer visitador General, Gabriel Santiago López; el director general de Quejas y Orientación, José Antonio Garibay de la Cruz, y la relatora de Libertad de Expresión, Balbina Flores.

En otro tema y por separado, la CDHDF consideró fundamental que el perfil de las personas a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe incluir como ejes fundamentales el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género.

El organismo público autónomo consideró indispensable que las personas que ocupen los cargos en la Corte deben contar con una amplia trayectoria y conocimiento en materia de derechos humanos y perspectiva de género.

En ese sentido planteó que se deben impulsar medidas especiales temporales para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres, y en este caso priorizar las candidaturas de mujeres para que puedan ejercer el cargo de ministras de la SCJN.