México, 5 Oct (Notimex).- El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Arturo Zamora, destacó el compromiso del Estado, la Cámara de Senadores y la CNDH, para que se combata cualquier vicio de impunidad y de desapariciones forzadas en el país.
El legislador señaló que las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la situación del país, contienen afirmaciones que no consideran el esfuerzo y el compromiso del Estado mexicano para combatir ambos delitos.
Además extrapolan lo que ocurre en algunos municipios o zonas focalizadas de estados a toda la nación, aseveró Zamora Jiménez durante una entrevista realizada en el marco del foro “Retos legislativos para ciudades humanas y seguras”.
El priista hizo notar que en el texto no se percibe alguna crítica o señalamientos de responsabilidad contra servidores públicos y ex funcionarios del entonces gobierno de Guerrero por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace un año en Iguala.
Tras reconocer que en algunas zonas focalizadas del país hay graves problemas de inseguridad y violencia, el senador lamentó que “en el contenido del informe hay ciertas diferencias, porque se hacen afirmaciones en el sentido de que en el país si metes una varilla en el subsuelo encuentras una persona sin vida”.
Recordó que el Estado mexicano, el presidente de la República, invitaron a la CIDH a investigar y convalidar los esfuerzos de diversas instituciones del país para sancionar a los responsables de esos hechos lamentables y en ese sentido recordó que hay más de 100 detenidos como presuntos responsables de lo ocurrido en Iguala hace un año.
Recordó que en noviembre del 2013, es decir prácticamente un año antes de los acontecimientos en Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación al entonces gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero.
También al procurador y los presidentes municipales de varios ayuntamientos de esta entidad sobre la infiltración del crimen organizado con las policías locales.
“El gobierno de Guerrero no aceptó la recomendación, donde se documentaban diversas y graves violaciones a los derechos humanos en esa entidad”, mencionó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Seguramente en el informe preliminar de la Comisión Interamericana no se tiene contempladas estas graves omisiones que cometieron las autoridades estatales y municipales de Guerrero, declaró.
