Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– Eduardo Medina Mora, uno de los tres candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sí tuvo conocimiento del trasiego controlado de armas que llegaron de Estados Unidos a México cuando él era Procurador, y el cual fue ideado desde el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés).

Dolia Estévez, corresponsal en Washington de MVS Noticias, tuvo acceso a un memorando sobre la Reunión del Procurador General de EU, con el entonces Procurador General Mexicano Medina Mora, con fecha 16 de noviembre de 2007. El documento dice lo siguiente:

“De particular importancia, recientemente el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) ha trabajado conjuntamente con México en el primer intento por tener una entrega vigilada de armas que están siendo contrabandeadas a México por grandes traficantes de armas. Mientras que los primeros intentos de estas entregas controladas no han tenido éxito, la investigación prosigue, y a la ATF le gustaría ampliar la posibilidad de estas investigaciones conjuntas y entregas controladas dado que sólo entonces será posible investigar a redes completas de contrabandistas de armas, en lugar de arrestar simplemente a un solo traficante. Con ese fin, es esencial que una unidad mexicana que haya pasado los exámenes de confianza (vetted) sea asignada a trabajar con la ATF en este asunto. El agregado de la ATF en la Ciudad de México ha informado al Procurador Medina Mora sobre estos intentos de entregas controladas [de armas de fuego], y le ha subrayado la importancia de que sean asignadas tales unidades con exámenes de confianza verificados”.

Estévez explicó que el memorando fue anexado como documentación probatoria al informe del Congreso de EU titulado Rápido y Furioso: La Anatomía de una Operación Fallida, hecho público el 31 de julio de 2012. Indicó que el trasiego vigilado de armas a México de la ATF no empezó en 2010 con Rápido y Furioso.

“Con la anuencia de la PGR, entre 2006 y 2011 la ATF realizó una serie de operativos basados en el mismo modus operandi de Rápido y Furioso. Estos operativos se desarrollaron bajo el Proyecto Gunrunner (Contrabandista de armas) de la ATF cuyo presunto objetivo es reducir el flujo de armas a México en colaboración con la PGR”, refirió la reportera.

Al respecto, Medina Mora envió una aclaración al equipo de noticias que encabeza la periodista Carmen Aristegui para aclarar que “la Operación Rápido y Furioso no se llevó a cabo durante mi gestión como Procurador General de la República, por lo cual es obvio que no pude haber autorizado, conocido, estar involucrado o siquiera estar enterado deforma alguna de la misma, como no lo estuve ni lo autoricé”

En la misiva, Eduardo Medina Mora no se refiere al memorandum e insiste que durante su gestión como Procurador “jamás me fue planteada ni autoricé de manera alguna, formal o informal, abierta o encubierta, operación alguna, con cualquier nombre o acepción, que tuviera por objetivo o involucrara el tráfico vigilado de armas hacia México”.

Dijo que como Procurador sostuvo diversos encuentros formales e informales con representantes de distintas agencias y con sus homólogos, los Procuradores de Justicia de Estados Unidos, en las que se trataron múltiples temas, “pero en ninguna de ellas fui informado sobre operación alguna de tráfico vigilado de armas o cualquier otra de ese tipo. No me fue tampoco planteada siquiera como idea, posibilidad, proyecto o intención”.

“También es falso que algún funcionario público de la Procuraduría entonces a mi cargo o de cualquier otra dependencia del Gobierno de México me hubiera informado formal o informalmente de operación alguna que involucrara el trasiego vigilado de armas hacia México. Lo que es más, no estuve enterado de ninguna forma por ninguna persona en ningún momento durante mi gestión como Procurador, como Secretario de Seguridad Pública o como Director del CISEN, de operación alguna de esa naturaleza”, dijo Medina Mora.

Medina Mora afirmó que “no existe prueba o evidencia alguna, que me involucre o plantee siquiera una duda razonable de que yo haya conocido o autorizado operación alguna de trasiego vigilado de armas, en virtud de que ello no ocurrió y es por tanto absolutamente falso”.

LAS CRÍTICAS POR LA POSTULACIÓN

La inclusión de Eduardo Medina Mora, en la terna para cubrir una vacante en la Suprema Corte de Justicia se ha convertido en un nuevo frente para el Presidente Enrique Peña Nieto, acusado por ese motivo de despreciar los derechos humanos e incluso la Constitución.

El mandatario propuso el pasado 17 de febrero al Senado tres candidatos para cubrir la vacante que la muerte de Sergio Valls dejó en diciembre pasado en el pleno de la alta Corte, integrado normalmente por 11 miembros.

Además de Medina Mora, los nominados son Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco. A diferencia de los otros dos, que cuentan con una amplia trayectoria en el Poder Judicial, Medina Mora se destaca por los puestos que ha ocupado en el ramo de la seguridad.

Mediante una petición en la plataforma Change.org, diversas personalidades del ámbito académico, político, defensores de derechos humanos y periodistas han recolectado más de 21 mil firmas para exigir que no se ratifique la designación de Eduardo Medina Mora como ministro.

En el texto que acompaña la petición dijeron a la Cámara Alta que el perfil de quien ocupe la más alta magistratura judicial del país “debería ser tal que no solo resultara destacado e intachable en su trayectoria previa sino, sobre todo, debería abonar a reconstruir la confianza”.

“La postulación de Eduardo Medina Mora, lejos de contribuir a reconstruir la confianza, confirma la percepción de que la clase política prefiere nombrar a funcionarios que, aún siendo poco eficaces en el desempeño de su cargo, son propensos a inclinar su proceder por razones políticas”, refiere el texto que acompaña a la petición.

Varias organizaciones civiles lo acusan de estar “implicado en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, como la represión a pequeños propietarios que se oponían en 2006 al plan para construir un aeropuerto en San Salvador Atenco, en el Estado de México.

En la acción policial, ordenada por el entonces Gobernador de este estado, Peña Nieto, cuando Medina Mora era Secretario federal de Seguridad Pública, hubo dos muertos y 207 detenidos, entre ellos “47 mujeres de las que 26 denunciaron haber sido torturadas y violadas” por policías, señalaron en un comunicado conjunto.

Ya como Procurador General, en 2006, Medina Mora declinó su competencia para investigar aquellos hechos, según denunciaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otras organizaciones.

Para la organización familiar Pasta de Conchos “el comportamiento como servidor público de Eduardo Medina-Mora Icaza en el caso Pasta de Conchos lo incapacita como impartidor de justicia y anula su pretensión de constituirse como miembro de la Suprema Corte”.

La organización recordó que en 2008, como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Medina Mora rechazó la Recomendación 64/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se concluyó el ejercicio indebido de la función pública y la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, atribuibles a servidores públicos de la PGR, en perjuicio de los mineros del carbón fallecidos en la mina Pasta de Conchos y de sus familias.

“Eduardo Medina Mora dio la espalda, como Procurador de la República, a la lucha por el debido proceso en el caso Pasta de Conchos. De haber cumplido, se hubiera abierto una puerta al conocimiento de la verdad sobre lo sucedido y a la sanción de los responsables de la explosión […]. Justo esta negligencia fue el argumento para la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso”, denunció la organización en un comunicado.